Las agencias informativas han difundido una noticia que ha sido ampliamente recogida en los medios: un hombre ha sido detenido en Pontevedra por divulgar a través de WhatsApp la ubicación de controles de tráfico. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha manifestado que el detenido quedó en libertad tras ser acusado de revelación de secretos.
Aunque el asunto está bajo secreto sumarial, se conocen algunos datos que conviene aclarar y comentar. El primero de ellos es que el acusado ha divulgado la planilla de la Agrupación de Tráfico. Es decir, los planes de los agentes para los días próximos: tipo de control, número de agentes, tipo de vehículos y ubicación de los servicios. Era evidentemente una información reservada, procedente del mando de la Guardia Civil, sobre los servicios que deben prestar las fuerzas de seguridad. No tiene nada que ver con lo que cada día es más usual en España y en todos los países europeos: el intercambio entre conductores de la ubicación de los controles de velocidad a través de las redes sociales.
Pero lo que también es cierto es que la mera publicación y divulgación de la noticia pone de manifiesto el interés, no ocultado, de la propia DGT por frenar esta creciente comunicación entre usuarios de la vía.
El pasado 9 de mayo entró en vigor la ley 6/2014 por la que se reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, que entre otras disposiciones, modifica el artículo 65, incorporando el párrafo z) bis, que prohibe: "Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación, así como utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros". De un plumazo, quedan taxativamente prohibidos los detectores de radar que millones de usuarios han comprado durante los últimos años. Es cierto que se pueden seguir utilizando los sistemas de advertencia de localización; los que indican la presencia de controles fijos de velocidad.
Para una minoría (seamos sinceros: no tan minoría) de usuarios la necesidad de conocer la ubicación de los controles obedece a su deseo de incumplir las normas. Pero para la mayoría de los conductores, es una medida de seguridad, que permite una conducción más atenta y relajada. De la misma manera que una señal nos indica que viene una curva peligrosa o un pavimento deslizante, conocer la ubicación de los posibles puntos conflictivos o los controles, ayudan a hacer más segura la conducción. Hasta el mes pasado, era la propia DGT quien adoptaba esta doctrina, favoreciendo la utilización de cualquier tipo de detector e incluso informando de los puntos en los que se ubican los controles de velocidad, a través de señales informativas y de su página web. Y, sin otra razón que no sea la puramente recaudatoria, ahora prohíbe la utilización de los detectores más eficaces. Un fariseísmo sorprendente, porque sí permite los detectores menos eficientes. Si la DGT considera que los conductores no deben de conocer dónde ubica sus controles, ¿por qué sigue publicando en su web el lugar en el que se alojan los cinemómetros? Sencillamente: porque no indican prácticamente nada, ya que en la mayoría de esos puntos no hay nada. Solo una caseta vacía. Es solo una maniobra más para atemorizar al conductor. Para Tráfico, un conductor con temor al castigo es un buen conductor.
Precisamente esta noticia del detenido en Pontevedra es otra vuelta de tuerca en este proceso atemorizador. Ahora que los conductores comienzan a utilizar la interconexión informativa, se divulga una noticia lo suficientemente vaga como para que muchos interpreten que podrán meternos en la cárcel por utilizar Coyote, Waze o cualquiera de las otras muchas aplicaciones que permiten a los conductores informar a otros usuarios de incidentes, accidentes, embotellamientos o controles. Las propias entidades oficiales RACE y RACC; y todos los automóviles club europeos tienen aplicaciones de interconexión con millones de abonados. Esto cada día le gusta menos a Tráfico y ahora quiere poner puertas al campo... o mejor aún: taquillas para el cobro. Y esto no ha hecho más que empezar. El repunte de la siniestralidad va a significar un recrudecimiento sin precedentes de los controles. Ya hay un tercer helicóptero con sistemas Pegasus trabajando, pero se está estudiando la posibilidad de utilizar drones con sistemas de control del tráfico. Por el precio de un helicóptero se ponen en el aire una docena de cámaras. El Big Brother del tráfico está mucho más cerca de lo que creemos.
Aunque el asunto está bajo secreto sumarial, se conocen algunos datos que conviene aclarar y comentar. El primero de ellos es que el acusado ha divulgado la planilla de la Agrupación de Tráfico. Es decir, los planes de los agentes para los días próximos: tipo de control, número de agentes, tipo de vehículos y ubicación de los servicios. Era evidentemente una información reservada, procedente del mando de la Guardia Civil, sobre los servicios que deben prestar las fuerzas de seguridad. No tiene nada que ver con lo que cada día es más usual en España y en todos los países europeos: el intercambio entre conductores de la ubicación de los controles de velocidad a través de las redes sociales.
Pero lo que también es cierto es que la mera publicación y divulgación de la noticia pone de manifiesto el interés, no ocultado, de la propia DGT por frenar esta creciente comunicación entre usuarios de la vía.
El pasado 9 de mayo entró en vigor la ley 6/2014 por la que se reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, que entre otras disposiciones, modifica el artículo 65, incorporando el párrafo z) bis, que prohibe: "Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación, así como utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros". De un plumazo, quedan taxativamente prohibidos los detectores de radar que millones de usuarios han comprado durante los últimos años. Es cierto que se pueden seguir utilizando los sistemas de advertencia de localización; los que indican la presencia de controles fijos de velocidad.
Para una minoría (seamos sinceros: no tan minoría) de usuarios la necesidad de conocer la ubicación de los controles obedece a su deseo de incumplir las normas. Pero para la mayoría de los conductores, es una medida de seguridad, que permite una conducción más atenta y relajada. De la misma manera que una señal nos indica que viene una curva peligrosa o un pavimento deslizante, conocer la ubicación de los posibles puntos conflictivos o los controles, ayudan a hacer más segura la conducción. Hasta el mes pasado, era la propia DGT quien adoptaba esta doctrina, favoreciendo la utilización de cualquier tipo de detector e incluso informando de los puntos en los que se ubican los controles de velocidad, a través de señales informativas y de su página web. Y, sin otra razón que no sea la puramente recaudatoria, ahora prohíbe la utilización de los detectores más eficaces. Un fariseísmo sorprendente, porque sí permite los detectores menos eficientes. Si la DGT considera que los conductores no deben de conocer dónde ubica sus controles, ¿por qué sigue publicando en su web el lugar en el que se alojan los cinemómetros? Sencillamente: porque no indican prácticamente nada, ya que en la mayoría de esos puntos no hay nada. Solo una caseta vacía. Es solo una maniobra más para atemorizar al conductor. Para Tráfico, un conductor con temor al castigo es un buen conductor.
Precisamente esta noticia del detenido en Pontevedra es otra vuelta de tuerca en este proceso atemorizador. Ahora que los conductores comienzan a utilizar la interconexión informativa, se divulga una noticia lo suficientemente vaga como para que muchos interpreten que podrán meternos en la cárcel por utilizar Coyote, Waze o cualquiera de las otras muchas aplicaciones que permiten a los conductores informar a otros usuarios de incidentes, accidentes, embotellamientos o controles. Las propias entidades oficiales RACE y RACC; y todos los automóviles club europeos tienen aplicaciones de interconexión con millones de abonados. Esto cada día le gusta menos a Tráfico y ahora quiere poner puertas al campo... o mejor aún: taquillas para el cobro. Y esto no ha hecho más que empezar. El repunte de la siniestralidad va a significar un recrudecimiento sin precedentes de los controles. Ya hay un tercer helicóptero con sistemas Pegasus trabajando, pero se está estudiando la posibilidad de utilizar drones con sistemas de control del tráfico. Por el precio de un helicóptero se ponen en el aire una docena de cámaras. El Big Brother del tráfico está mucho más cerca de lo que creemos.