Ni le acusarán de abrir un frente de convulsión social, ni será un "rojo peligroso", ni le repudiarán por horadar una fractura ideológica en nuestra sociedad... Callarán. Los mismos que desde la derecha lanzaron toda su artillería contra el Gobierno de Zapatero cuando pretendió impulsar una nueva Ley de Libertad Religiosa están hoy silentes ante la decisión del aún Príncipe de Asturias de ser proclamado Rey sin más atrezzo que la Corona y el Cetro, símbolos de la Monarquía por excelencia. Ni biblias, ni crucifijos, ni misas.
¿Y ahora qué? Pues no parece que se abra la tierra bajo los pies de Felipe VI por inaugurar el Estado aconfesional, ni que esté entre sus aficiones quemar iglesias o emprenderla con los curas. Tan sencillo todo como que la Constitución dice que España es un Estado aconfesional por lo que, pese a la confusión de los últimos 35 años, conviene evitar la mezcolanza entre las funciones estatales y las actividades religiosas. Ahí está Jorge Fernández Díaz, el ministro más beato del Gobierno en busca de" amparo divino" con la concesión de la medalla de oro al mérito policial de "Nuestra Señora María Santísima del Amor" o la constitución de las Cortes valencianas ante los Santos Evangelios y un mastodóntico crucifijo por deseo expreso de Juan Cotino.
El asunto, esta vez, no está en el centro de la discusión política como lo estuvo entre 2009 y 2010 cuando el último Gobierno socialista pretendió una revisión de la Ley de Libertad Religiosa. Así que ni la reforma era tan necesaria antes ni lo es ahora porque en el articulado de aquel texto no hay ni una sola mención al catolicismo ni a ninguna otra religión. En apenas diez artículos, la norma de 1980 aún vigente no compromete al Estado más que a firmar acuerdos con los representantes de los credos que tengan arraigo en España y que estos se ajusten a la Constitución. Y es en los acuerdos Iglesia-Estado de 1979, previos a la Ley de Libertad Religiosa, donde se recogen los privilegios de los que goza hoy la confesión católica. No es la ley, por tanto, sino la falta de arrojo del poder político la que ha permitido tomas de posesión con cruces y biblias, medallas a la Virgen y funerales de Estado. Y ha tenido que venir Felipe VI a demostrarlo.
Así que después de este primer paso de prescindir de símbolos religiosos en su solemne proclamación, con Felipe VI, tendrá que llegar, tarde o temprano un nuevo acuerdo político y civil que establezca las reglas del juego de la España del siglo XXI. Una puesta a punto de la arquitectura de un ajado edificio institucional donde no caben tacticismos políticos y sí muchas luces largas. Habrá turbulencias, seguro y será difícil el consenso pero parece evidente que España no necesita sólo de un relevo generacional en la Jefatura del Estado. El día 19, las Cortes apretarán el botón de "inicio". Después, tendrá que venir lo demás porque Felipe VI no tendrá más facultades que las que le concede la Constitución. Podrá sugerir, pero no decidir; reinar pero no gobernar... La iniciativa por motivos obvios le corresponde a un Gobierno que sigue en el limbo al defender que el tiempo y el relevo en la Corona mitigarán las ansias de cambio de una sociedad que no tolera más inmovilismo ni más invocaciones al miedo. ¿Alguien puede despertar a Rajoy?
¿Y ahora qué? Pues no parece que se abra la tierra bajo los pies de Felipe VI por inaugurar el Estado aconfesional, ni que esté entre sus aficiones quemar iglesias o emprenderla con los curas. Tan sencillo todo como que la Constitución dice que España es un Estado aconfesional por lo que, pese a la confusión de los últimos 35 años, conviene evitar la mezcolanza entre las funciones estatales y las actividades religiosas. Ahí está Jorge Fernández Díaz, el ministro más beato del Gobierno en busca de" amparo divino" con la concesión de la medalla de oro al mérito policial de "Nuestra Señora María Santísima del Amor" o la constitución de las Cortes valencianas ante los Santos Evangelios y un mastodóntico crucifijo por deseo expreso de Juan Cotino.
El asunto, esta vez, no está en el centro de la discusión política como lo estuvo entre 2009 y 2010 cuando el último Gobierno socialista pretendió una revisión de la Ley de Libertad Religiosa. Así que ni la reforma era tan necesaria antes ni lo es ahora porque en el articulado de aquel texto no hay ni una sola mención al catolicismo ni a ninguna otra religión. En apenas diez artículos, la norma de 1980 aún vigente no compromete al Estado más que a firmar acuerdos con los representantes de los credos que tengan arraigo en España y que estos se ajusten a la Constitución. Y es en los acuerdos Iglesia-Estado de 1979, previos a la Ley de Libertad Religiosa, donde se recogen los privilegios de los que goza hoy la confesión católica. No es la ley, por tanto, sino la falta de arrojo del poder político la que ha permitido tomas de posesión con cruces y biblias, medallas a la Virgen y funerales de Estado. Y ha tenido que venir Felipe VI a demostrarlo.
Así que después de este primer paso de prescindir de símbolos religiosos en su solemne proclamación, con Felipe VI, tendrá que llegar, tarde o temprano un nuevo acuerdo político y civil que establezca las reglas del juego de la España del siglo XXI. Una puesta a punto de la arquitectura de un ajado edificio institucional donde no caben tacticismos políticos y sí muchas luces largas. Habrá turbulencias, seguro y será difícil el consenso pero parece evidente que España no necesita sólo de un relevo generacional en la Jefatura del Estado. El día 19, las Cortes apretarán el botón de "inicio". Después, tendrá que venir lo demás porque Felipe VI no tendrá más facultades que las que le concede la Constitución. Podrá sugerir, pero no decidir; reinar pero no gobernar... La iniciativa por motivos obvios le corresponde a un Gobierno que sigue en el limbo al defender que el tiempo y el relevo en la Corona mitigarán las ansias de cambio de una sociedad que no tolera más inmovilismo ni más invocaciones al miedo. ¿Alguien puede despertar a Rajoy?