Está hecho. El 27 de junio los líderes africanos se concedieron inmunidad frente al enjuiciamiento por la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la reunión de la Unión Africana (UA) que tuvo lugar en Malabo.
Esta es una medida de carácter preventivo, ya que la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos ni siquiera ha empezado a funcionar. Necesita que 15 Estados ratifiquen un protocolo para que la iniciativa surta efecto. De momento solo hay cinco países a bordo (Benin, Burkina-Faso, Congo, Libia y Mali), a pesar de que el protocolo se adoptó en 2008.
Sin embargo, no siempre pensaron lo mismo. Las intenciones iniciales eran buenas. En febrero de 2009 la Asamblea de la UA inició un proceso para añadir a la cartera de la Corte competencias para lidiar con los crímenes contra la humanidad. En mayo 2012 el lenguaje que se proponía adoptar estaba inspirado en el artículo 27 del Estatuto de Roma contra la inmunidad de cualquier persona, fuera Jefe de Estado o de Gobierno, ministro o cualquier responsable gubernamental. Sin embargo, dos años después, en mayo de 2014, en la Reunión Ministerial de la Comisión Técnica Especializada, se lo pensaron mejor y propusieron la ampliación de categorías de personas que tendrían derecho a inmunidad. Y es esta última versión lo que se acaba de aprobar, quedando redactada así: "No se iniciarán ni continuarán demandas ante la Corte contra ningún jefe de Estado o de gobierno en funciones de la Unión Africana, ni contra nadie que actúe o tenga derecho a actuar en dicha capacidad, ni contra otros altos cargos del Estado con base en sus funciones, durante el tiempo que ocupen el cargo".
Esta aprobación va en la línea de los recientes esfuerzos realizados por parte de la Unión Africana para conceder a jefes de Estado y de Gobierno inmunidad. Recientemente, en enero de 2014, se pedía a los miembros de la UA apoyar distintas enmiendas al artículo 27 del Estatuto de Roma para impedir el enjuiciamiento de las altas autoridades.
La decisión significa que la Corte no podrá investigar el genocidio de 1994 en Ruanda ni llevar a sus responsables a juicio. La disposición también impediría el enjuiciamiento de quienes cometen atrocidades en los países africanos vecinos, como Charles Taylor, que fue acusado cuando era presidente de Liberia y luego condenado por el Tribunal Especial para Sierra Leona por haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Sierra Leona.
Esta decisión no es solo muy decepcionante sino contradictoria. Para empezar, con la propia Acta Constituyente de la Unión Africana en la que se otorga el derecho a intervenir si los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio se están cometiendo en un Estado miembro, así como para garantizar la inviolabilidad de la vida humana y rechazar la impunidad. Además, un objetivo clave de la UA es la promoción y protección de los derechos humanos recogidos en la Carta Africana de Derechos humanos y de los Pueblos y en otros instrumentos de derechos humanos.
Desde Amnistía Internacional nos dirigimos a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana alertando de los peligros de esta decisión. Hemos perdido esta batalla pero no la guerra. La Corte Penal Internacional (CPI) conserva el derecho a investigar a las autoridades por este tipo de crímenes atroces. Sin embargo, dadas las críticas a la CPI por la cantidad de casos africanos de los que se ocupa, y que se se siguen cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad en África a día de hoy, como demuestran los casos de Sudán, Sudán del Sur y República Centroafricana, lo mejor hubiera sido una Corte africana para investigarlos, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar reparación a las víctimas. Con esta decisión, los líderes africanos han dado un paso atrás para hacer justicia internacional desde sus propias instituciones.
Esta es la reunión a la que asistió el presidente Mariano Rajoy, como única autoridad de la Unión Europea, y dio pie a la foto con el dictador Obiang. Desde Amnistía Internacional le pedimos que se posicionara tanto contra esta decisión como que se preocupara por los derechos humanos en Guinea Ecuatorial.
Esta es una medida de carácter preventivo, ya que la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos ni siquiera ha empezado a funcionar. Necesita que 15 Estados ratifiquen un protocolo para que la iniciativa surta efecto. De momento solo hay cinco países a bordo (Benin, Burkina-Faso, Congo, Libia y Mali), a pesar de que el protocolo se adoptó en 2008.
Sin embargo, no siempre pensaron lo mismo. Las intenciones iniciales eran buenas. En febrero de 2009 la Asamblea de la UA inició un proceso para añadir a la cartera de la Corte competencias para lidiar con los crímenes contra la humanidad. En mayo 2012 el lenguaje que se proponía adoptar estaba inspirado en el artículo 27 del Estatuto de Roma contra la inmunidad de cualquier persona, fuera Jefe de Estado o de Gobierno, ministro o cualquier responsable gubernamental. Sin embargo, dos años después, en mayo de 2014, en la Reunión Ministerial de la Comisión Técnica Especializada, se lo pensaron mejor y propusieron la ampliación de categorías de personas que tendrían derecho a inmunidad. Y es esta última versión lo que se acaba de aprobar, quedando redactada así: "No se iniciarán ni continuarán demandas ante la Corte contra ningún jefe de Estado o de gobierno en funciones de la Unión Africana, ni contra nadie que actúe o tenga derecho a actuar en dicha capacidad, ni contra otros altos cargos del Estado con base en sus funciones, durante el tiempo que ocupen el cargo".
Esta aprobación va en la línea de los recientes esfuerzos realizados por parte de la Unión Africana para conceder a jefes de Estado y de Gobierno inmunidad. Recientemente, en enero de 2014, se pedía a los miembros de la UA apoyar distintas enmiendas al artículo 27 del Estatuto de Roma para impedir el enjuiciamiento de las altas autoridades.
La decisión significa que la Corte no podrá investigar el genocidio de 1994 en Ruanda ni llevar a sus responsables a juicio. La disposición también impediría el enjuiciamiento de quienes cometen atrocidades en los países africanos vecinos, como Charles Taylor, que fue acusado cuando era presidente de Liberia y luego condenado por el Tribunal Especial para Sierra Leona por haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Sierra Leona.
Esta decisión no es solo muy decepcionante sino contradictoria. Para empezar, con la propia Acta Constituyente de la Unión Africana en la que se otorga el derecho a intervenir si los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio se están cometiendo en un Estado miembro, así como para garantizar la inviolabilidad de la vida humana y rechazar la impunidad. Además, un objetivo clave de la UA es la promoción y protección de los derechos humanos recogidos en la Carta Africana de Derechos humanos y de los Pueblos y en otros instrumentos de derechos humanos.
Desde Amnistía Internacional nos dirigimos a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana alertando de los peligros de esta decisión. Hemos perdido esta batalla pero no la guerra. La Corte Penal Internacional (CPI) conserva el derecho a investigar a las autoridades por este tipo de crímenes atroces. Sin embargo, dadas las críticas a la CPI por la cantidad de casos africanos de los que se ocupa, y que se se siguen cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad en África a día de hoy, como demuestran los casos de Sudán, Sudán del Sur y República Centroafricana, lo mejor hubiera sido una Corte africana para investigarlos, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar reparación a las víctimas. Con esta decisión, los líderes africanos han dado un paso atrás para hacer justicia internacional desde sus propias instituciones.
Esta es la reunión a la que asistió el presidente Mariano Rajoy, como única autoridad de la Unión Europea, y dio pie a la foto con el dictador Obiang. Desde Amnistía Internacional le pedimos que se posicionara tanto contra esta decisión como que se preocupara por los derechos humanos en Guinea Ecuatorial.