Hemos conocidos estos días los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda que confirman que el número de efectivos humanos de la Sanidad Pública española en enero de 2014 se sitúa en 476.689 trabajadores, lo que supone una reducción de 28.496 en relación a los efectivos existentes a enero de 2012, recién llegado el señor Rajoy a la Presidencia del Gobierno. Teniendo en cuenta que el Ministerio sólo contempla en sus registros las plantillas orgánicas de hospitales y centros de salud, y que existían un número importante de trabajadores eventuales y temporales que mayoritariamente no fueron renovados en el periodo 2012-2014, es razonable pensar que la reducción real de efectivos en la sanidad pública española ha sido aún mayor. CCOO estima que la cifra podría superar los 50.000.
Es evidente que tan importante pérdida de recursos humanos (médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, celadores) obligatoriamente determina, por un lado una disminución de la actividad que genera un incremento sustancial de las listas de espera en todas sus modalidades (quirúrgica, consultas de especialistas, pruebas diagnósticas e incluso demoras importantes para acudir al médico de familia), y por otro, una presión excesiva en el desarrollo de las actividades con la consecuente pérdida de calidad de las mismas y un mayor riesgo de cometer errores. Las numerosas noticias aparecidas en los medios de comunicación mostrando urgencias hospitalarias saturadas con pacientes en los pasillos, las numerosas quejas de ciudadanos por las demoras excesivas para ser atendidos, el cierre de numerosas camas en hospitales, el cierre de urgencias en el medio rural, han sido hechos tan reiterados que la propaganda engañosa del Gobierno no ha podido evitar que los ciudadanos hayan percibido con claridad el grave deterioro del sistema sanitario y se hayan movilizado para protestar por este ataque tan brutal a uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar.
Asimismo en el periodo de Gobierno Rajoy se ha producido la pérdida de la cobertura universal en la Sanidad Pública española tras el infame decreto de la ministra Mato (el señor Rajoy con enorme cinismo ha dicho en el campus FAES que la sanidad española es hoy más universal que nunca). En los últimos años la sanidad española ha perdido 7.200 millones de euros en los recursos económicos asignados, ello ha supuesto que la reposición y adquisición de material y aparataje han sufrido unos recortes muy marcados.
Es en este punto donde conviene recordar las afirmaciones del entonces candidato Rajoy en la campaña electoral de noviembre de 2011. El señor Rajoy reiteró una y otra vez que no se aplicarían recortes en la sanidad pública; pues bien sólo dos meses después (30 diciembre 2011) el BOE publicó el Real Decreto Ley 20/ 2011 que establecía la congelación del empleo público (incluyendo al personal sanitario) donde se establecía además la imposibilidad de contratación de personal temporal y eventual salvo casos excepcionales y previa autorización del Ministerio de Hacienda. Es decir, sólo dos meses bastaron para que el presidente Rajoy incumpliera sus promesas electorales. Se procedió a jubilaciones forzosas de personal con un nivel de sustitución nunca superior al 10% y la no renovación de la mayoría de contratos eventuales. Se acometían unos recortes de personal que ponían en evidencia las falsas promesas del señor Rajoy. Junto a las medidas anteriores se propiciaron políticas de salud que permitieron la entrada del sector privado sanitario y el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública. Madrid y Valencia son ejemplos claros de ello.
Frente a las mentiras de la señora Mato, cuya ineptitud causa vergüenza ajena, frente a las afirmaciones del Gobierno negando los recortes en Sanidad, el informe del Ministerio de Hacienda pone blanco sobre negro la veracidad de los recortes brutales que ha sufrido la Sanidad Pública con el Gobierno Rajoy. En mi opinión sólo existe una posibilidad para evitar el desmantelamiento del sector sanitario público: el pase a la oposición del Partido Popular. Así sea.
Es evidente que tan importante pérdida de recursos humanos (médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, celadores) obligatoriamente determina, por un lado una disminución de la actividad que genera un incremento sustancial de las listas de espera en todas sus modalidades (quirúrgica, consultas de especialistas, pruebas diagnósticas e incluso demoras importantes para acudir al médico de familia), y por otro, una presión excesiva en el desarrollo de las actividades con la consecuente pérdida de calidad de las mismas y un mayor riesgo de cometer errores. Las numerosas noticias aparecidas en los medios de comunicación mostrando urgencias hospitalarias saturadas con pacientes en los pasillos, las numerosas quejas de ciudadanos por las demoras excesivas para ser atendidos, el cierre de numerosas camas en hospitales, el cierre de urgencias en el medio rural, han sido hechos tan reiterados que la propaganda engañosa del Gobierno no ha podido evitar que los ciudadanos hayan percibido con claridad el grave deterioro del sistema sanitario y se hayan movilizado para protestar por este ataque tan brutal a uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar.
Asimismo en el periodo de Gobierno Rajoy se ha producido la pérdida de la cobertura universal en la Sanidad Pública española tras el infame decreto de la ministra Mato (el señor Rajoy con enorme cinismo ha dicho en el campus FAES que la sanidad española es hoy más universal que nunca). En los últimos años la sanidad española ha perdido 7.200 millones de euros en los recursos económicos asignados, ello ha supuesto que la reposición y adquisición de material y aparataje han sufrido unos recortes muy marcados.
Es en este punto donde conviene recordar las afirmaciones del entonces candidato Rajoy en la campaña electoral de noviembre de 2011. El señor Rajoy reiteró una y otra vez que no se aplicarían recortes en la sanidad pública; pues bien sólo dos meses después (30 diciembre 2011) el BOE publicó el Real Decreto Ley 20/ 2011 que establecía la congelación del empleo público (incluyendo al personal sanitario) donde se establecía además la imposibilidad de contratación de personal temporal y eventual salvo casos excepcionales y previa autorización del Ministerio de Hacienda. Es decir, sólo dos meses bastaron para que el presidente Rajoy incumpliera sus promesas electorales. Se procedió a jubilaciones forzosas de personal con un nivel de sustitución nunca superior al 10% y la no renovación de la mayoría de contratos eventuales. Se acometían unos recortes de personal que ponían en evidencia las falsas promesas del señor Rajoy. Junto a las medidas anteriores se propiciaron políticas de salud que permitieron la entrada del sector privado sanitario y el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública. Madrid y Valencia son ejemplos claros de ello.
Frente a las mentiras de la señora Mato, cuya ineptitud causa vergüenza ajena, frente a las afirmaciones del Gobierno negando los recortes en Sanidad, el informe del Ministerio de Hacienda pone blanco sobre negro la veracidad de los recortes brutales que ha sufrido la Sanidad Pública con el Gobierno Rajoy. En mi opinión sólo existe una posibilidad para evitar el desmantelamiento del sector sanitario público: el pase a la oposición del Partido Popular. Así sea.