Legitimado por un importante resultado electoral en las últimas elecciones europeas y cada vez más líder de la política italiana, el primer ministro Matteo Renzi tendría según muchos la fuerza y la capacidad necesarias para conseguir un cambio de rumbo de la política de austeridad de la canciller alemana Angela Merkel y de las principales instituciones europeas. Su figura ha despertado esperanza y expectativa en el centro izquierda europeo, hasta ahora inerme frente a la gestión de la crisis económica liderada por los conservadores. Al asumir la presidencia italiana del Consejo Europeo, la semana pasada, Renzi no escondió su ambición. La clave de su propuesta se encuentra en la posibilidad de permitir una mayor flexibilidad fiscal a aquellos países que pongan en marcha reformas dirigidas al crecimiento económico.
A la luz de la propuesta de Renzi, puede parecer contradictorio que en Italia el foco de su batalla política no se encuentre en las reformas económicas o del mercado de trabajo, sino en la reforma del sistema político. Sin embargo, solo una lectura miope de la crisis económica italiana, que en muchos aspectos es diferente a la de otros países europeos, puede sorprenderse de la estrategia de Renzi. La reforma del sistema político en Italia es la conditio sine qua non de todas las otras reformas. De su éxito depende la capacidad de Italia de reparar su maltrecha economía y, por lo tanto, la fuerza y la legitimidad que tendrá su Gobierno a la hora de pedir un cambio de dirección en Europa.
La reforma propuesta tiene dos directrices. La primera apunta a cambiar la ley electoral y lograr un bipartidismo moderado capaz de romper con la debilidad y fragmentación del sistema de partidos. La segunda quiere eliminar la excepción italiana del "bicameralismo perfecto", es decir, dos cámaras legislativas que tienen las mismas funciones. Según las intenciones del gobierno, el Senado debería dejar de tener el poder de otorgar la confianza al Gobierno y limitarse a desarrollar una labor de representación de las instancias locales; algo parecido a lo que ocurre en España o en Alemania.
La importancia crucial de estas reformas está relacionada con el endémico déficit de gobernabilidad del actual sistema político italiano. Por un lado, si la reforma no otorga a los futuros primeros ministros italianos los instrumentos institucionales necesarios para implementar sus programas políticos sin tener que pasar a través de una miríada de poderes de veto de partidos pequeños, todas las otras reformas serán solo tímidas intervenciones de maquillaje que, por el afán de no disgustar a nadie, acabarán perjudicando a todos. Por otro, y casi paradójicamente, solo resolviendo la inestabilidad política y generando las condiciones para la gobernabilidad, se podrá responder a la desafección de la ciudadanía de la política. Se trata de un antídoto opuesto, por ejemplo, al que la opinión pública española reclama, al tratar de moderar el bipartidismo a favor de la representación de un número mayor de partidos. La experiencia histórica tiene su peso tanto en un caso como en el otro. La crisis de representación que vive la democracia italiana solo se puede resolver reduciendo el numero de actores y haciendo posible que se tomen más y mejores decisiones. Si un sistema no dispone de adecuados instrumentos para tomar decisiones y transformarlas en políticas públicas, éste termina por traicionar a todos los representados ya que ninguna demanda es finalmente atendida.
Dada la trascendencia y, si se quiere, el carácter revolucionario de estas reformas, las resistencias son múltiples y su aprobación es todo menos segura. En primer lugar, existe un sector crítico que podríamos definir como maximalista. Éste reconoce la necesidad de cambios pero, basándose en posiciones ideológicas a menudo poco realistas, no está dispuesto a aceptar los necesarios compromisos que una modificación de este nivel requiere. Una postura que ha caracterizado la estrategia política de la minoría interna del Partido Democrático y del Movimiento 5 Estrellas. Si las leyes no se modifican como decimos nosotros más vale seguir con lo que tenemos. Toda alternativa es tachada de anticonstitucional, autoritaria, regresiva etc.
En segundo lugar, está la oposición de aquellos que, para utilizar un término ahora de moda en España, pero que surgió en el debate político italiano, podríamos definir como casta. Ésta tiene representantes tanto en las formaciones menores y centristas que apoyan al Gobierno Renzi, como en las fuerzas de oposición. Se trata de un heterogéneo frente que no acoge con demasiado entusiasmo las líneas de reforma propuestas por el Gobierno, ya que amenazan con acabar con los poderes de veto sobre los que se ha construido el castillo del clientelismo italiano.
En tercer lugar, existe un tipo de resistencia más bien de carácter cultural o idiosincrático, una tendencia siempre propensa a desconfiar de las decisiones y de quienes las toman. Sectores entre ellos muy diferentes, que van desde una parte de la izquierda intelectual que vive en el mito de la asamblea (o deciden todos o no decide nadie), hasta los defensores de uno o del otro particularismo (o decido yo o no decide nadie), que siempre han manifestado contrariedad y sospecha frente a la posibilidad de que una fuerza política particular pueda imprimir cambios demasiado drásticos al estado de cosas. Se trata de una actitud fundamentalmente conservadora que, escondiéndose detrás de un antiautoritarismo mal entendido, considera toda decisión pública como una amenaza.
Es seguramente una novedad positiva que el primer ministro italiano pueda contar con un amplio consenso que le permita poner en marcha reformas importantes para modernizar al país y reactivar su economía. Sin embargo, es necesario que sus socios europeos sepan, y que los italianos asuman, que sin la reforma del sistema político, el primer ministro italiano seguirá siendo lo que ha sido en los últimos 25 años: un líder que habla y promete mucho, pero que ni siquiera dispone de los instrumentos para hacer que su propia mayoría le apoye. En este sentido, las reformas institucionales representan para Renzi su desembarco en Normandía, la condición sin la cual las otras batallas, tanto en Italia como en Europa, no son posibles.
A la luz de la propuesta de Renzi, puede parecer contradictorio que en Italia el foco de su batalla política no se encuentre en las reformas económicas o del mercado de trabajo, sino en la reforma del sistema político. Sin embargo, solo una lectura miope de la crisis económica italiana, que en muchos aspectos es diferente a la de otros países europeos, puede sorprenderse de la estrategia de Renzi. La reforma del sistema político en Italia es la conditio sine qua non de todas las otras reformas. De su éxito depende la capacidad de Italia de reparar su maltrecha economía y, por lo tanto, la fuerza y la legitimidad que tendrá su Gobierno a la hora de pedir un cambio de dirección en Europa.
La reforma propuesta tiene dos directrices. La primera apunta a cambiar la ley electoral y lograr un bipartidismo moderado capaz de romper con la debilidad y fragmentación del sistema de partidos. La segunda quiere eliminar la excepción italiana del "bicameralismo perfecto", es decir, dos cámaras legislativas que tienen las mismas funciones. Según las intenciones del gobierno, el Senado debería dejar de tener el poder de otorgar la confianza al Gobierno y limitarse a desarrollar una labor de representación de las instancias locales; algo parecido a lo que ocurre en España o en Alemania.
La importancia crucial de estas reformas está relacionada con el endémico déficit de gobernabilidad del actual sistema político italiano. Por un lado, si la reforma no otorga a los futuros primeros ministros italianos los instrumentos institucionales necesarios para implementar sus programas políticos sin tener que pasar a través de una miríada de poderes de veto de partidos pequeños, todas las otras reformas serán solo tímidas intervenciones de maquillaje que, por el afán de no disgustar a nadie, acabarán perjudicando a todos. Por otro, y casi paradójicamente, solo resolviendo la inestabilidad política y generando las condiciones para la gobernabilidad, se podrá responder a la desafección de la ciudadanía de la política. Se trata de un antídoto opuesto, por ejemplo, al que la opinión pública española reclama, al tratar de moderar el bipartidismo a favor de la representación de un número mayor de partidos. La experiencia histórica tiene su peso tanto en un caso como en el otro. La crisis de representación que vive la democracia italiana solo se puede resolver reduciendo el numero de actores y haciendo posible que se tomen más y mejores decisiones. Si un sistema no dispone de adecuados instrumentos para tomar decisiones y transformarlas en políticas públicas, éste termina por traicionar a todos los representados ya que ninguna demanda es finalmente atendida.
Dada la trascendencia y, si se quiere, el carácter revolucionario de estas reformas, las resistencias son múltiples y su aprobación es todo menos segura. En primer lugar, existe un sector crítico que podríamos definir como maximalista. Éste reconoce la necesidad de cambios pero, basándose en posiciones ideológicas a menudo poco realistas, no está dispuesto a aceptar los necesarios compromisos que una modificación de este nivel requiere. Una postura que ha caracterizado la estrategia política de la minoría interna del Partido Democrático y del Movimiento 5 Estrellas. Si las leyes no se modifican como decimos nosotros más vale seguir con lo que tenemos. Toda alternativa es tachada de anticonstitucional, autoritaria, regresiva etc.
En segundo lugar, está la oposición de aquellos que, para utilizar un término ahora de moda en España, pero que surgió en el debate político italiano, podríamos definir como casta. Ésta tiene representantes tanto en las formaciones menores y centristas que apoyan al Gobierno Renzi, como en las fuerzas de oposición. Se trata de un heterogéneo frente que no acoge con demasiado entusiasmo las líneas de reforma propuestas por el Gobierno, ya que amenazan con acabar con los poderes de veto sobre los que se ha construido el castillo del clientelismo italiano.
En tercer lugar, existe un tipo de resistencia más bien de carácter cultural o idiosincrático, una tendencia siempre propensa a desconfiar de las decisiones y de quienes las toman. Sectores entre ellos muy diferentes, que van desde una parte de la izquierda intelectual que vive en el mito de la asamblea (o deciden todos o no decide nadie), hasta los defensores de uno o del otro particularismo (o decido yo o no decide nadie), que siempre han manifestado contrariedad y sospecha frente a la posibilidad de que una fuerza política particular pueda imprimir cambios demasiado drásticos al estado de cosas. Se trata de una actitud fundamentalmente conservadora que, escondiéndose detrás de un antiautoritarismo mal entendido, considera toda decisión pública como una amenaza.
Es seguramente una novedad positiva que el primer ministro italiano pueda contar con un amplio consenso que le permita poner en marcha reformas importantes para modernizar al país y reactivar su economía. Sin embargo, es necesario que sus socios europeos sepan, y que los italianos asuman, que sin la reforma del sistema político, el primer ministro italiano seguirá siendo lo que ha sido en los últimos 25 años: un líder que habla y promete mucho, pero que ni siquiera dispone de los instrumentos para hacer que su propia mayoría le apoye. En este sentido, las reformas institucionales representan para Renzi su desembarco en Normandía, la condición sin la cual las otras batallas, tanto en Italia como en Europa, no son posibles.