"Yo no uso las redes sociales y no opino porque tengo que ser neutral. Una vez tuve Facebook pero lo cerré porque tuve un disgusto muy grande. Usurparon mi personalidad y publicaron un documento con mi firma en el que renegaba del Rey", contesta el presidente de la comisión de Cultura del Congreso en la que se acaba de aprobar la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Juan Manuel Albendea, de 77 años, es el diputado más mayor del Parlamento y su corbata estampada con toros desvela su verdadero interés, la fiesta nacional. A pesar de haber asistido a decenas de reuniones en las que se ha debatido la ley que asesta, según defienden las empresas de Internet, un golpe de gracia a un sector innovador al que debería apoyarse, reconoce no saber que es el canon AEDE -polémico gravamen a los agregadores y buscadores con carácter irrenunciable-. "¿Qué es eso?" Pregunta al portavoz del PP. Tras explicárselo, hacemos un nuevo intento empezando por el principio: "¿Usted enlaza?" "No sé de eso, lo he dejado", responde.
Su caso, aunque suene extremo, no es una excepción. La sala está llena de diputados que han venido a votar sin conocer, ni tan siquiera superficialmente, el alcance de lo que han aprobado. Alguno del PP hasta se marcha corriendo antes de que termine la votación porque pierde el avión, y eso sí que no.
Eduardo Fernández, uno de los ponentes por parte del PP, nos recrimina que utilice el concepto criminalizar el enlace en la conversación que mantenemos sobre si se ha tenido en cuenta el daño que puede ocasionar la norma a la inversión en empresas cuya actividad se desarrolla en Internet. "Lo que se le da a unos, se les quita a otros. Claro que hemos debatido. La ley pretende lograr un equilibrio. Pero también persigue criminalizar acciones que los usuarios consideran que son lícitas y no lo son, porque lo que quieren es que no existan límites". Estamos hablando de empresas, sin embargo, no de usuarios domésticos. "Lo que estamos haciendo es crear las condiciones para un mayor escenario de seguridad", concluye mientras invita a dirigirse al portavoz del PP. Fernández, al menos contesta aunque el canon AEDE, así de primeras, no le suene demasiado.
Menos los portavoces, la mayoría de diputados que han ratificado el texto, cuando se les pregunta, o se excusan y te remiten al socorrido portavoz o se interesan por tu opinión. Odón Elorza, del PSOE, es una rara excepción. Al menos, no le da miedo hablar del asunto. Respecto al canon AEDE asegura: "No soy favorable. Considero que es un gravamen al que no veo justificación". Y del acoso al enlace dice: "Yo utilizo mucho el enlace para explicaciones políticas, para ilustrar y acompañar artículos. Me resulta imprescindible pero no tengo una opinión clara". Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, siguiendo el guión de su intervención defiende que la ley "carga contra el modelo de negocio que existe" y se muestra contrario a "cobrar por informaciones de libre disposición". Lo mismo que Joan Tardá, de ERC, al que le cuesta en su discurso manejar los conceptos más específicos y opta por echar mano del lenguaje político y el batiburrillo: "Estoy en contra porque es un atentado a la socialización de Internet y se supedita a intereses muy concretos. Estoy de acuerdo en que decidan los tribunales, no las comisiones esas. El PP hizo bandera de que el canon no repercutiera en los ciudadanos, pero sigue cargándose sobre ellos cuando lo deberían pagar las operadoras que son las que ingresan". Muy típico para tapar las lagunas. Rafael Larreina, de Amaiur, aclara que aunque ellos no suelen presentar enmiendas parciales, está vez sí lo han hecho porque "hay temas muchos más dañinos que el canon AEDE. Queremos la democratización de las sociedades de gestión de derechos. Un representante, un voto. Para que el poder no lo tengan solo las grandes empresas".
El portavoz del PP, Juan de Dios Ruano, al que algunos de sus diputados mudos ya han informado de que queremos saber si ha habido debate interno ante el perjuicio que el sector de Internet está denunciando, sugiere que consultemos el teletipo en el que se recoge su opinión. Mientras José Andrés Torres Mora, portavoz del PSOE, la lía entre los periodistas parlamentarios al presentar una enmienda en la que se propone que los editores que se beneficiarán del popular canon EADE, compartan con los autores de la informaciones el pastel. Le aclaramos que en los contratos, periodistas y fotógrafos ceden a los medios in eternum los derechos de reproducción en todo tipo de soportes. "Los editores quieren que renunciéis pero nosotros no vamos a permitirlo, volveremos a presentarla en el Senado", dice. La ley continuará ahora su tramitación en la Cámara Alta.
Por supuesto, solo las nueve enmiendas del PP se han aprobado. Las otras 150 se han tumbado, como viene siendo habitual gracias a la mayoría absoluta del partido que gobierna.
Su caso, aunque suene extremo, no es una excepción. La sala está llena de diputados que han venido a votar sin conocer, ni tan siquiera superficialmente, el alcance de lo que han aprobado. Alguno del PP hasta se marcha corriendo antes de que termine la votación porque pierde el avión, y eso sí que no.
Eduardo Fernández, uno de los ponentes por parte del PP, nos recrimina que utilice el concepto criminalizar el enlace en la conversación que mantenemos sobre si se ha tenido en cuenta el daño que puede ocasionar la norma a la inversión en empresas cuya actividad se desarrolla en Internet. "Lo que se le da a unos, se les quita a otros. Claro que hemos debatido. La ley pretende lograr un equilibrio. Pero también persigue criminalizar acciones que los usuarios consideran que son lícitas y no lo son, porque lo que quieren es que no existan límites". Estamos hablando de empresas, sin embargo, no de usuarios domésticos. "Lo que estamos haciendo es crear las condiciones para un mayor escenario de seguridad", concluye mientras invita a dirigirse al portavoz del PP. Fernández, al menos contesta aunque el canon AEDE, así de primeras, no le suene demasiado.
Menos los portavoces, la mayoría de diputados que han ratificado el texto, cuando se les pregunta, o se excusan y te remiten al socorrido portavoz o se interesan por tu opinión. Odón Elorza, del PSOE, es una rara excepción. Al menos, no le da miedo hablar del asunto. Respecto al canon AEDE asegura: "No soy favorable. Considero que es un gravamen al que no veo justificación". Y del acoso al enlace dice: "Yo utilizo mucho el enlace para explicaciones políticas, para ilustrar y acompañar artículos. Me resulta imprescindible pero no tengo una opinión clara". Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, siguiendo el guión de su intervención defiende que la ley "carga contra el modelo de negocio que existe" y se muestra contrario a "cobrar por informaciones de libre disposición". Lo mismo que Joan Tardá, de ERC, al que le cuesta en su discurso manejar los conceptos más específicos y opta por echar mano del lenguaje político y el batiburrillo: "Estoy en contra porque es un atentado a la socialización de Internet y se supedita a intereses muy concretos. Estoy de acuerdo en que decidan los tribunales, no las comisiones esas. El PP hizo bandera de que el canon no repercutiera en los ciudadanos, pero sigue cargándose sobre ellos cuando lo deberían pagar las operadoras que son las que ingresan". Muy típico para tapar las lagunas. Rafael Larreina, de Amaiur, aclara que aunque ellos no suelen presentar enmiendas parciales, está vez sí lo han hecho porque "hay temas muchos más dañinos que el canon AEDE. Queremos la democratización de las sociedades de gestión de derechos. Un representante, un voto. Para que el poder no lo tengan solo las grandes empresas".
El portavoz del PP, Juan de Dios Ruano, al que algunos de sus diputados mudos ya han informado de que queremos saber si ha habido debate interno ante el perjuicio que el sector de Internet está denunciando, sugiere que consultemos el teletipo en el que se recoge su opinión. Mientras José Andrés Torres Mora, portavoz del PSOE, la lía entre los periodistas parlamentarios al presentar una enmienda en la que se propone que los editores que se beneficiarán del popular canon EADE, compartan con los autores de la informaciones el pastel. Le aclaramos que en los contratos, periodistas y fotógrafos ceden a los medios in eternum los derechos de reproducción en todo tipo de soportes. "Los editores quieren que renunciéis pero nosotros no vamos a permitirlo, volveremos a presentarla en el Senado", dice. La ley continuará ahora su tramitación en la Cámara Alta.
Por supuesto, solo las nueve enmiendas del PP se han aprobado. Las otras 150 se han tumbado, como viene siendo habitual gracias a la mayoría absoluta del partido que gobierna.