El pequeño Ruan duerme entre los brazos de Risiomar mientras ella habla: "No falta nada en mi despensa. Quiero decir, falta carne porque es difícil comprarla". Risiomar Silva, de 48 años, tiene cuatro hijos y cuatro nietos. No tiene empleo y vive de los 70 reales (unos 23 euros) de la Bolsa Família (un programa del gobierno federal destinado a familias pobres de todo el país). También recibe ayuda de uno de sus hijos y de su yerno, que le compran algunos alimentos básicos.
Risiomar vive en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Alquilaba una casa por 350 reales (unos 118 euros), pero no pagó el último mes para poder invertir ese dinero en comprar material de albañilería. Cuando pudo, se mudó a la comunidad Rosa Leão, justo un día antes del anuncio del desalojo por parte de la Policía Militar. "No tuve miedo. Sé que Dios está de nuestro lado".
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Risiomar Silva - Bruno Figueiredo
Historias como la de Risiomar son más comunes de lo que uno se imagina. El problema de la vivienda en Brasil hace que miles de ciudadanos se vean obligados a encontrar sus propias soluciones, como lo ocurrido con un gran número de familias que, hace un año, y apoyadas por movimientos sociales, ocuparon un terreno de la región de Isidoro, en Belo Horizonte. El territorio estaba sin uso desde hacía décadas y no cumplía su función social, sirviendo a la especulación inmobiliaria. Con la instalación de tres ocupaciones urbanas -Esperança, Vitória y Rosa Leão- el terreno albergó a una población estimada en 8.000 familias.
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Ocupación - Bruno Figueiredo
Pero en el enredo de esta historia hay muchos intereses. El territorio de Isidoro está rodeado de solares y contratos inmobiliarios tan millonarios como nebulosos. El seis de agosto, la Policía Militar de Minas Gerais anunció que iba a cumplir con la orden de desalojo de las ocupaciones de Isidoro, presentando a todo el país la compleja cuestión del uso y destinación de este territorio, que envuelve elementos sociales, económicos, políticos, jurídicos, ambientales y agrarios.
Las familias que viven allí tienen una renta de 0 a 3 salarios mínimos (como máximo, 723 euros), y nunca consiguieron tener su propia casa. Muchas de ellas están desde hace años en la cola del programa Minha Casa, Minha Vida (en español Mi Casa, Mi Vida), que prevé la construcción de viviendas para su posterior venta a crédito a familias pobres. Sin embargo, el programa es ineficiente: el déficit habitacional de Belo Horizonte es de 78.000 viviendas y, hasta hoy, el programa ha ofrecido sólo una casa a cada 2.000 personas.
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Ocupación - André Portugal Braga
Según una investigación realizada en Brasil por el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) en 2013, el déficit habitacional del país es de 5,24 millones de viviendas. Aunque figure en diversas leyes, incluso en la Constitución Federal, el derecho a la vivienda digna no se cumple.
"En un país donde la tierra y la propiedad siempre fue privilegio de una élite blanca, las ocupaciones siempre fueron la solución al problema de la vivienda de los más pobres", explica la integrante de la organización Brigadas Populares, Isabela Gonçalves Miranda. La joven, de 25 años, hace un doctorado en postcolonialismo y cuenta que las ocupaciones de Isidoro tienen una planificación urbanística y en ellas se dan formas internas de democracia.
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Ocupación - Bruno Figueiredo
Preguntamos, entonces, por qué ocurre esta situación. La respuesta más común entre la gente es que los gobernantes se han unido a los intereses privados, los cuales se sobreponen a las necesidades básicas de los ciudadanos, como la de promover una solución para la cuestión habitacional.
Esta problemática la ha vivido de primera mano Inácio José Amaro Rubojo, de 51 años y nacido en Évora, al sur de Portugal. Él se mudó de su país a Brasil hace tres años, después del matrimonio de su hija con un brasileño que vivía en el viejo continente de manera ilegal. Inácio se casó con la hermana de su yerno y las dos familias construyeron casas en la comunidad Esperança (en Isidoro). "A mi me gusta mucho Brasil. Estoy aquí, luchando, construyendo nuestra casita", dice, enseñando su casa de ladrillo y hormigón, hecha con sus propias manos. Su hija tiene un niño de tres meses, nacido en la ocupación.
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Inácio José Amaro Rubojo - Bruno Figueiredo
Inácio está angustiado por la situación. El desalojo estaba marcado para este 31 de agosto, pero una reciente maniobra del banco público Caixa Económica Federal ha logrado que la fecha sea prorrogada.
El historial de desalojos en Brasil es desastroso. El caso del Pinheirinho (en São José dos Campos, São Paulo), en el cual 6.000 familias fueron desalojadas con gran violencia y, hasta hoy, no tienen donde vivir, es un símbolo. El desalojo de Isidoro puede ser una tragedia todavía mayor. Por eso los moradores de dicho territorio y la red de apoyadores de las ocupaciones de Isidoro se unieron y están movilizando a personas en todo el país, así como en el exterior.
El poder público amenaza con desalojarlos, pero no presenta ninguna contrapartida -después del desalojo, no se sabe dónde irán las 8.000 familias-.
La comunidad lucha por el reconocimiento del derecho a la vivienda y a la tierra, mientras intenta impedir que las autoridades responsables -el Gobierno local, regional y estatal- lleven adelante un nuevo desalojo de las poblaciones sin techo del país.
Risiomar vive en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Alquilaba una casa por 350 reales (unos 118 euros), pero no pagó el último mes para poder invertir ese dinero en comprar material de albañilería. Cuando pudo, se mudó a la comunidad Rosa Leão, justo un día antes del anuncio del desalojo por parte de la Policía Militar. "No tuve miedo. Sé que Dios está de nuestro lado".
Risiomar Silva - Bruno FigueiredoHistorias como la de Risiomar son más comunes de lo que uno se imagina. El problema de la vivienda en Brasil hace que miles de ciudadanos se vean obligados a encontrar sus propias soluciones, como lo ocurrido con un gran número de familias que, hace un año, y apoyadas por movimientos sociales, ocuparon un terreno de la región de Isidoro, en Belo Horizonte. El territorio estaba sin uso desde hacía décadas y no cumplía su función social, sirviendo a la especulación inmobiliaria. Con la instalación de tres ocupaciones urbanas -Esperança, Vitória y Rosa Leão- el terreno albergó a una población estimada en 8.000 familias.
Ocupación - Bruno FigueiredoPero en el enredo de esta historia hay muchos intereses. El territorio de Isidoro está rodeado de solares y contratos inmobiliarios tan millonarios como nebulosos. El seis de agosto, la Policía Militar de Minas Gerais anunció que iba a cumplir con la orden de desalojo de las ocupaciones de Isidoro, presentando a todo el país la compleja cuestión del uso y destinación de este territorio, que envuelve elementos sociales, económicos, políticos, jurídicos, ambientales y agrarios.
Las familias que viven allí tienen una renta de 0 a 3 salarios mínimos (como máximo, 723 euros), y nunca consiguieron tener su propia casa. Muchas de ellas están desde hace años en la cola del programa Minha Casa, Minha Vida (en español Mi Casa, Mi Vida), que prevé la construcción de viviendas para su posterior venta a crédito a familias pobres. Sin embargo, el programa es ineficiente: el déficit habitacional de Belo Horizonte es de 78.000 viviendas y, hasta hoy, el programa ha ofrecido sólo una casa a cada 2.000 personas.
Ocupación - André Portugal BragaSegún una investigación realizada en Brasil por el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) en 2013, el déficit habitacional del país es de 5,24 millones de viviendas. Aunque figure en diversas leyes, incluso en la Constitución Federal, el derecho a la vivienda digna no se cumple.
"En un país donde la tierra y la propiedad siempre fue privilegio de una élite blanca, las ocupaciones siempre fueron la solución al problema de la vivienda de los más pobres", explica la integrante de la organización Brigadas Populares, Isabela Gonçalves Miranda. La joven, de 25 años, hace un doctorado en postcolonialismo y cuenta que las ocupaciones de Isidoro tienen una planificación urbanística y en ellas se dan formas internas de democracia.
Ocupación - Bruno FigueiredoPreguntamos, entonces, por qué ocurre esta situación. La respuesta más común entre la gente es que los gobernantes se han unido a los intereses privados, los cuales se sobreponen a las necesidades básicas de los ciudadanos, como la de promover una solución para la cuestión habitacional.
Esta problemática la ha vivido de primera mano Inácio José Amaro Rubojo, de 51 años y nacido en Évora, al sur de Portugal. Él se mudó de su país a Brasil hace tres años, después del matrimonio de su hija con un brasileño que vivía en el viejo continente de manera ilegal. Inácio se casó con la hermana de su yerno y las dos familias construyeron casas en la comunidad Esperança (en Isidoro). "A mi me gusta mucho Brasil. Estoy aquí, luchando, construyendo nuestra casita", dice, enseñando su casa de ladrillo y hormigón, hecha con sus propias manos. Su hija tiene un niño de tres meses, nacido en la ocupación.
Inácio José Amaro Rubojo - Bruno FigueiredoInácio está angustiado por la situación. El desalojo estaba marcado para este 31 de agosto, pero una reciente maniobra del banco público Caixa Económica Federal ha logrado que la fecha sea prorrogada.
El historial de desalojos en Brasil es desastroso. El caso del Pinheirinho (en São José dos Campos, São Paulo), en el cual 6.000 familias fueron desalojadas con gran violencia y, hasta hoy, no tienen donde vivir, es un símbolo. El desalojo de Isidoro puede ser una tragedia todavía mayor. Por eso los moradores de dicho territorio y la red de apoyadores de las ocupaciones de Isidoro se unieron y están movilizando a personas en todo el país, así como en el exterior.
El poder público amenaza con desalojarlos, pero no presenta ninguna contrapartida -después del desalojo, no se sabe dónde irán las 8.000 familias-.
La comunidad lucha por el reconocimiento del derecho a la vivienda y a la tierra, mientras intenta impedir que las autoridades responsables -el Gobierno local, regional y estatal- lleven adelante un nuevo desalojo de las poblaciones sin techo del país.