¿Qué más necesita este Gobierno para afrontar la realidad de la violencia machista y empezar a trabajar?
Desde el comienzo de legislatura, la ministra Mato, supuestamente responsable de Igualdad, ha mostrado una falta de preocupación por la lucha contra la violencia de género. Su estrategia ha estado basada en los recortes -28% respecto a 2011-, en quitar importancia a las políticas de igualdad y la lucha contra violencia de género -baste como ejemplo que las campañas de prevención prácticamente hayan desaparecido-, y en permitir que desde otros ministerios se asesten duros golpes a la igualdad. Es el caso de la reforma de los ayuntamientos -que califica de competencia impropia lo referente a este tema-, la reforma del Código Penal -que rebaja la persecución del delito-, o la ley Wert, que elimina la igualdad y la prevención de la violencia de género del currículum escolar.
Reformas, recortes y ausencia de prevención que tendrán sus consecuencias, si es que no las está teniendo ya. La terrible sucesión de asesinatos machistas de este mes de agosto debería ser suficiente para que el Ministerio estuviera en "estado de alerta machista", condenando al más alto nivel, analizando y elaborando una estrategia integral para ir a la raíz del problema.
Pero la ministra Ana Mato no ha querido interrumpir sus vacaciones ni para venir al Parlamento. Y el presidente del Gobierno aún está inédito ante los asesinatos machistas. En el mejor de los escenarios, manejando datos oficiales, hemos sufrido 40 asesinatos en lo que llevamos de año, 14 en este verano, la mayoría en agosto. Pero el problema y la preocupación que compartimos buena parte de la ciudadanía no nace de una situación coyuntural. Se trata de algo más profundo: los datos generales de violencia de género están empeorando. Disminuyen las denuncias, aumentan las mujeres que renuncian a seguir con el proceso y las retiran, disminuyen las órdenes de protección y aumentan las mujeres asesinadas que nunca habían denunciado. Evidencias de que el terrorismo machista no tiene tregua y la impunidad está ganando terreno. Evidencias que deberían hacer reaccionar a este Gobierno, puesto que los datos también muestran, con la misma claridad, que los recortes y el perfil bajo de las políticas de violencia de género no son el camino adecuado.
La ministra nunca ha querido dar la cara en esta materia, por indolencia o por cálculo político, para no ver perjudicada su imagen. Sea por lo que fuere, el silencio es cómplice. La ministra interpreta las críticas a su actitud y su gestión como algo dentro del juego político, un juego que no tiene cabida en la lucha contra la violencia. Todo lo contrario. Ante los sucesivos asesinatos solo cabe la responsabilidad y el trabajo. Pagaremos caras las políticas regresivas del Gobierno de Rajoy y la indolencia de Ana Mato. La ministra habla de deslealtad de la oposición y de consenso, mientras continúa con los irresponsables recortes que hacen que la Ley Integral de 2004 esté siendo derogada en la práctica, y votando en contra de las propuestas socialistas, como las de protección a los menores o medidas específicas para los huérfanos.
No alcanzo a comprender tanta cerrazón. El Gobierno de Rajoy ha abierto muchos, demasiados frentes políticos en temas que están penalizando la vida de las mujeres -la contrarreforma del aborto o la reforma laboral, sin ir más lejos-, como para hacer de la violencia de género y los asesinatos de mujeres y sus hijos e hijas un área de confrontación política.
Alzamos la voz de forma enérgica en la lucha contra la violencia de género porque este Gobierno está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy peligrosa. No solo porque está desmantelando sistemáticamente la red de la lucha contra la violencia de género a base de recortes, sino porque también está atacando sus cimientos ideológicos, legales y simbólicos.
Sin igualdad, la democracia no merece tal nombre. La violencia machista es la manifestación más extrema de la desigualdad. Quienes tenemos la responsabilidad de la representación ciudadana hemos adquirido el compromiso de denunciar las políticas que, lejos de proteger a las mujeres, desmantelan todo el sistema y las dejan en riesgo de muerte.
El discurso oficial del Gobierno insiste en eludir su responsabilidad y culpabilizar a las mujeres repitiendo como único argumento que si no se denuncia, el sistema no puede protegerlas. Ahí queda todo. No se preocupa por analizar la razón de por qué no denuncian, de por qué cada vez las mujeres confían menos en el sistema. Y lo peor de todo, no se actúa sobre ese amplio número de mujeres, la mayoría, un 70 por ciento, que no saben o no pueden salir de la violencia y que cada día engrosan la bolsa oculta del maltrato.
Pero hay que decir que cuando las mujeres denuncian, cuando acuden al sistema como se les reclama, tampoco tienen garantía absoluta de protección. El Gobierno debe preguntarse: ¿Qué está sucediendo?
El Ministerio, en vez de anunciar medidas parciales o puntuales (que nunca termina de concretar y poner en marcha), debería estar preocupado, en primer lugar, por garantizar la protección de las mujeres que denuncian y piden ayuda, y eliminar ese 20 por ciento de mujeres que fueron asesinadas en 2013 después de haber denunciado.
En segundo lugar, debe trabajar para recuperar la confianza de las mujeres en el sistema, para eliminar esa creciente bolsa oculta del maltrato que invisibiliza el sufrimiento y el riesgo de miles de mujeres mientras dejan los delitos impunes.
Este Gobierno no está a la altura que la erradicación de la violencia exige, porque no está dispuesto a que esta lucha sea una prioridad; porque carece de valentía y determinación para ello, y porque este objetivo es incompatible con el rechazo permanente al valor de la igualdad. Por eso, desde los partidos políticos y desde la sociedad debemos hacer lo que el Gobierno nunca ha hecho, debemos ser exigentes y plantear soluciones reales y eficaces, debemos alzarla voz por muchas mujeres, sus hijos e hijas, que hoy viven en el miedo de la violencia.
Desde el comienzo de legislatura, la ministra Mato, supuestamente responsable de Igualdad, ha mostrado una falta de preocupación por la lucha contra la violencia de género. Su estrategia ha estado basada en los recortes -28% respecto a 2011-, en quitar importancia a las políticas de igualdad y la lucha contra violencia de género -baste como ejemplo que las campañas de prevención prácticamente hayan desaparecido-, y en permitir que desde otros ministerios se asesten duros golpes a la igualdad. Es el caso de la reforma de los ayuntamientos -que califica de competencia impropia lo referente a este tema-, la reforma del Código Penal -que rebaja la persecución del delito-, o la ley Wert, que elimina la igualdad y la prevención de la violencia de género del currículum escolar.
Reformas, recortes y ausencia de prevención que tendrán sus consecuencias, si es que no las está teniendo ya. La terrible sucesión de asesinatos machistas de este mes de agosto debería ser suficiente para que el Ministerio estuviera en "estado de alerta machista", condenando al más alto nivel, analizando y elaborando una estrategia integral para ir a la raíz del problema.
Pero la ministra Ana Mato no ha querido interrumpir sus vacaciones ni para venir al Parlamento. Y el presidente del Gobierno aún está inédito ante los asesinatos machistas. En el mejor de los escenarios, manejando datos oficiales, hemos sufrido 40 asesinatos en lo que llevamos de año, 14 en este verano, la mayoría en agosto. Pero el problema y la preocupación que compartimos buena parte de la ciudadanía no nace de una situación coyuntural. Se trata de algo más profundo: los datos generales de violencia de género están empeorando. Disminuyen las denuncias, aumentan las mujeres que renuncian a seguir con el proceso y las retiran, disminuyen las órdenes de protección y aumentan las mujeres asesinadas que nunca habían denunciado. Evidencias de que el terrorismo machista no tiene tregua y la impunidad está ganando terreno. Evidencias que deberían hacer reaccionar a este Gobierno, puesto que los datos también muestran, con la misma claridad, que los recortes y el perfil bajo de las políticas de violencia de género no son el camino adecuado.
La ministra nunca ha querido dar la cara en esta materia, por indolencia o por cálculo político, para no ver perjudicada su imagen. Sea por lo que fuere, el silencio es cómplice. La ministra interpreta las críticas a su actitud y su gestión como algo dentro del juego político, un juego que no tiene cabida en la lucha contra la violencia. Todo lo contrario. Ante los sucesivos asesinatos solo cabe la responsabilidad y el trabajo. Pagaremos caras las políticas regresivas del Gobierno de Rajoy y la indolencia de Ana Mato. La ministra habla de deslealtad de la oposición y de consenso, mientras continúa con los irresponsables recortes que hacen que la Ley Integral de 2004 esté siendo derogada en la práctica, y votando en contra de las propuestas socialistas, como las de protección a los menores o medidas específicas para los huérfanos.
No alcanzo a comprender tanta cerrazón. El Gobierno de Rajoy ha abierto muchos, demasiados frentes políticos en temas que están penalizando la vida de las mujeres -la contrarreforma del aborto o la reforma laboral, sin ir más lejos-, como para hacer de la violencia de género y los asesinatos de mujeres y sus hijos e hijas un área de confrontación política.
Alzamos la voz de forma enérgica en la lucha contra la violencia de género porque este Gobierno está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy peligrosa. No solo porque está desmantelando sistemáticamente la red de la lucha contra la violencia de género a base de recortes, sino porque también está atacando sus cimientos ideológicos, legales y simbólicos.
Sin igualdad, la democracia no merece tal nombre. La violencia machista es la manifestación más extrema de la desigualdad. Quienes tenemos la responsabilidad de la representación ciudadana hemos adquirido el compromiso de denunciar las políticas que, lejos de proteger a las mujeres, desmantelan todo el sistema y las dejan en riesgo de muerte.
El discurso oficial del Gobierno insiste en eludir su responsabilidad y culpabilizar a las mujeres repitiendo como único argumento que si no se denuncia, el sistema no puede protegerlas. Ahí queda todo. No se preocupa por analizar la razón de por qué no denuncian, de por qué cada vez las mujeres confían menos en el sistema. Y lo peor de todo, no se actúa sobre ese amplio número de mujeres, la mayoría, un 70 por ciento, que no saben o no pueden salir de la violencia y que cada día engrosan la bolsa oculta del maltrato.
Pero hay que decir que cuando las mujeres denuncian, cuando acuden al sistema como se les reclama, tampoco tienen garantía absoluta de protección. El Gobierno debe preguntarse: ¿Qué está sucediendo?
El Ministerio, en vez de anunciar medidas parciales o puntuales (que nunca termina de concretar y poner en marcha), debería estar preocupado, en primer lugar, por garantizar la protección de las mujeres que denuncian y piden ayuda, y eliminar ese 20 por ciento de mujeres que fueron asesinadas en 2013 después de haber denunciado.
En segundo lugar, debe trabajar para recuperar la confianza de las mujeres en el sistema, para eliminar esa creciente bolsa oculta del maltrato que invisibiliza el sufrimiento y el riesgo de miles de mujeres mientras dejan los delitos impunes.
Este Gobierno no está a la altura que la erradicación de la violencia exige, porque no está dispuesto a que esta lucha sea una prioridad; porque carece de valentía y determinación para ello, y porque este objetivo es incompatible con el rechazo permanente al valor de la igualdad. Por eso, desde los partidos políticos y desde la sociedad debemos hacer lo que el Gobierno nunca ha hecho, debemos ser exigentes y plantear soluciones reales y eficaces, debemos alzarla voz por muchas mujeres, sus hijos e hijas, que hoy viven en el miedo de la violencia.
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