Es muy sabido que la división entre derecha e izquierda se origina en la Revolución Francesa y en la Convención de 1792, en la que los moderados, conocidos como girondinos, tomaron asiento a la derecha de la sala y lo jacobinos, que eran los radicales, tomaron asiento a la izquierda, pero a partir de entonces mucha agua ha corrido bajo el puente y definir qué es izquierda y qué es derecha presenta varios problemas tanto semánticos como de concepto.
Anthony Downs en su clásico An Economic Theory of Democracy, señala que hay temas políticos y económicos que se sitúan a la izquierda, como la creencia de una mayor intervención estatal de la economía; y otros temas que se sitúan a la derecha, como las creencias en los principios del libre mercado, y también posiciones intermedias, popularizando la idea del espectro político.
Dentro de este espectro, el teórico político y constitucionalista español Benigno Pendás en su obra Teorías políticas para el siglo XXI hace una clasificación de cuatro corrientes ideológicas que conforman la derecha moderna: los liberales neoclásicos, los liberales postclásicos, los conservadores y los neoconservadores, que para facilidad conceptual, se pueden dividir entre liberales y conservadores. Los liberales son aquellos que defienden el libre mercado, la intervención mínima del Estado en la sociedad, el respeto inalienable a la libertad del individuo y a su derecho de propiedad, es decir una línea progresista; mientras que los conservadores defienden valores religiosos, familiares, creen que los derechos del individuo se deben articular a través de instituciones como la familia, la costumbre, la religión y la patria y requieren de un Estado fuerte que garantice el orden, aceptándose su papel arbitral y protector dentro del mercado. También creen en un fuerte papel estatal en el control de la seguridad y en el endurecimiento de las penas.
Por otra parte, todo partido o movimiento político tiene una ideología y un plan de gobierno acorde a ella en caso de llegar al poder, y si bien cuando esto ocurre, la realidad impide que dicho plan se ejecute en toda su dimensión, es evidente que ciertas políticas públicas importantes deberían ir de la mano de ese plan y la ideología que lo respalda. Es decir, la verdadera inclinación ideológica de ese movimiento o partido se hará evidente más por su actuación cuando sea Gobierno que por lo que manifieste la retórica de su ideario político.
Hace pocos meses, en España, el ministro de Justicia del gobernante Partito Popular (PP), Alberto Ruiz Gallardón, condujo una profunda reforma al Código Penal español que conllevó una revisión integral del sistema penal, y tiene como resultado el endurecimiento de las penas, el establecimiento de la cadena perpetua, llamada eufemísticamente "prisión permanente revisable", la tipificación de nuevos delitos y el agravamiento de otros. También se criminalizó la protesta social y se reintrodujo el concepto de peligrosidad social como un elemento de valoración del juez al momento de fijar las penas, es decir, la sanción no por el hecho cometido sino por quien lo cometió, lo que de acuerdo al prestigioso jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, es "el germen o primer síntoma de la destrucción autoritaria del Estado de derecho".
A este endurecimiento del Código Penal español hay que sumarle el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada que limita a únicamente dos los casos en los que una mujer podrá abortar: violación, hasta las 12 primeras semanas; y, riesgo para la salud física y psíquica de la madre, hasta las 22 semanas, proyecto presentado por el mismo Gallardón y aprobado el pasado viernes 12 de diciembre por el Consejo de Ministros a fin de que su tratamiento pase al legislativo. Si la ley es finalmente promulgada constituirá una de las leyes sobre aborto más restrictivas de toda Europa.
Parece evidente entonces, que el actual Gobierno español se suscribe más a una línea ultraconservadora de la derecha que a una línea liberal, lo que evidentemente deja satisfechos a los miembros del ala más reaccionaria del PP, pero que de todas formas se enmarca dentro de la ideología de ese partido.
Por otra parte, en Ecuador todos saben que el movimiento oficialista Alianza País (AP), bajo cuyo amparo llegó Rafael Correa a la Presidencia, pretende tener una orientación de izquierda, auto calificándose incluso de "revolucionario, socialista, laico y pluralista", considerándose "el fruto de la reacción ética, política e histórica de los pueblos del Ecuador contra la larga y triste noche neoliberal", e identificándose con una supuesta línea progresista.
Sin embargo, la Asamblea Legislativa acaba de aprobar, con el voto unánime de los mayoría oficialista de AP y sin debate alguno de los cambios introducidos en los últimos meses, un nuevo código penal que vendrá a reemplazar al viejo código vigente desde 1938. Dada la supuesta identificación de AP con una línea progresista, lo lógico era esperar un cuerpo legal acorde, uno que sea menos restrictivo, que amplíe la protección de los derechos humanos, que no impida la libre expresión, que aumente las libertades en lugar de limitarlas, en definitiva, que sea garante de derechos y no limitante de libertades. Sin embargo, con el populista discurso de aumentar la seguridad, el nuevo código tiene todas las características de un modelo autoritario del ejercicio coercitivo del Estado.
El cuerpo legal, llamado Código Orgánico Integral Penal, COIP, endurece las penas y aumenta significativamente el número de delitos, criminalizando conductas que antes no contemplaban una sanción penal. Restringe la libertad de asociación y de reunión, sanciona la protesta social y establece severas restricciones a la libertad de expresión. Establece que el aborto no será punible únicamente en dos casos: para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer, que no puede ser evitado por otros medios; y, si el embarazo es producto de la violación a una mujer con discapacidad mental. En síntesis, se ha creado un represivo instrumento de control social y de limitación de derechos.
En ambos casos, que presentan una escalofriante similitud, se puede ver cómo se ha impuesto una visión ultraconservadora para legislar y dictar políticas públicas, una que apunta a la restricción de derechos y al control social, pero que tal vez era de esperarse en el caso del Gobierno español, dado el carácter conservador del PP, pero que en el caso de Ecuador desnuda lo falsario de la retórica que dice motivar a AP y a sus miembros, evidenciando un conservadurismo reaccionario que pretende disfrazarse de progresismo. En los dos casos, quienes sufriremos las consecuencias seremos los ciudadanos.
Anthony Downs en su clásico An Economic Theory of Democracy, señala que hay temas políticos y económicos que se sitúan a la izquierda, como la creencia de una mayor intervención estatal de la economía; y otros temas que se sitúan a la derecha, como las creencias en los principios del libre mercado, y también posiciones intermedias, popularizando la idea del espectro político.
Dentro de este espectro, el teórico político y constitucionalista español Benigno Pendás en su obra Teorías políticas para el siglo XXI hace una clasificación de cuatro corrientes ideológicas que conforman la derecha moderna: los liberales neoclásicos, los liberales postclásicos, los conservadores y los neoconservadores, que para facilidad conceptual, se pueden dividir entre liberales y conservadores. Los liberales son aquellos que defienden el libre mercado, la intervención mínima del Estado en la sociedad, el respeto inalienable a la libertad del individuo y a su derecho de propiedad, es decir una línea progresista; mientras que los conservadores defienden valores religiosos, familiares, creen que los derechos del individuo se deben articular a través de instituciones como la familia, la costumbre, la religión y la patria y requieren de un Estado fuerte que garantice el orden, aceptándose su papel arbitral y protector dentro del mercado. También creen en un fuerte papel estatal en el control de la seguridad y en el endurecimiento de las penas.
Por otra parte, todo partido o movimiento político tiene una ideología y un plan de gobierno acorde a ella en caso de llegar al poder, y si bien cuando esto ocurre, la realidad impide que dicho plan se ejecute en toda su dimensión, es evidente que ciertas políticas públicas importantes deberían ir de la mano de ese plan y la ideología que lo respalda. Es decir, la verdadera inclinación ideológica de ese movimiento o partido se hará evidente más por su actuación cuando sea Gobierno que por lo que manifieste la retórica de su ideario político.
Hace pocos meses, en España, el ministro de Justicia del gobernante Partito Popular (PP), Alberto Ruiz Gallardón, condujo una profunda reforma al Código Penal español que conllevó una revisión integral del sistema penal, y tiene como resultado el endurecimiento de las penas, el establecimiento de la cadena perpetua, llamada eufemísticamente "prisión permanente revisable", la tipificación de nuevos delitos y el agravamiento de otros. También se criminalizó la protesta social y se reintrodujo el concepto de peligrosidad social como un elemento de valoración del juez al momento de fijar las penas, es decir, la sanción no por el hecho cometido sino por quien lo cometió, lo que de acuerdo al prestigioso jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, es "el germen o primer síntoma de la destrucción autoritaria del Estado de derecho".
A este endurecimiento del Código Penal español hay que sumarle el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada que limita a únicamente dos los casos en los que una mujer podrá abortar: violación, hasta las 12 primeras semanas; y, riesgo para la salud física y psíquica de la madre, hasta las 22 semanas, proyecto presentado por el mismo Gallardón y aprobado el pasado viernes 12 de diciembre por el Consejo de Ministros a fin de que su tratamiento pase al legislativo. Si la ley es finalmente promulgada constituirá una de las leyes sobre aborto más restrictivas de toda Europa.
Parece evidente entonces, que el actual Gobierno español se suscribe más a una línea ultraconservadora de la derecha que a una línea liberal, lo que evidentemente deja satisfechos a los miembros del ala más reaccionaria del PP, pero que de todas formas se enmarca dentro de la ideología de ese partido.
Por otra parte, en Ecuador todos saben que el movimiento oficialista Alianza País (AP), bajo cuyo amparo llegó Rafael Correa a la Presidencia, pretende tener una orientación de izquierda, auto calificándose incluso de "revolucionario, socialista, laico y pluralista", considerándose "el fruto de la reacción ética, política e histórica de los pueblos del Ecuador contra la larga y triste noche neoliberal", e identificándose con una supuesta línea progresista.
Sin embargo, la Asamblea Legislativa acaba de aprobar, con el voto unánime de los mayoría oficialista de AP y sin debate alguno de los cambios introducidos en los últimos meses, un nuevo código penal que vendrá a reemplazar al viejo código vigente desde 1938. Dada la supuesta identificación de AP con una línea progresista, lo lógico era esperar un cuerpo legal acorde, uno que sea menos restrictivo, que amplíe la protección de los derechos humanos, que no impida la libre expresión, que aumente las libertades en lugar de limitarlas, en definitiva, que sea garante de derechos y no limitante de libertades. Sin embargo, con el populista discurso de aumentar la seguridad, el nuevo código tiene todas las características de un modelo autoritario del ejercicio coercitivo del Estado.
El cuerpo legal, llamado Código Orgánico Integral Penal, COIP, endurece las penas y aumenta significativamente el número de delitos, criminalizando conductas que antes no contemplaban una sanción penal. Restringe la libertad de asociación y de reunión, sanciona la protesta social y establece severas restricciones a la libertad de expresión. Establece que el aborto no será punible únicamente en dos casos: para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer, que no puede ser evitado por otros medios; y, si el embarazo es producto de la violación a una mujer con discapacidad mental. En síntesis, se ha creado un represivo instrumento de control social y de limitación de derechos.
En ambos casos, que presentan una escalofriante similitud, se puede ver cómo se ha impuesto una visión ultraconservadora para legislar y dictar políticas públicas, una que apunta a la restricción de derechos y al control social, pero que tal vez era de esperarse en el caso del Gobierno español, dado el carácter conservador del PP, pero que en el caso de Ecuador desnuda lo falsario de la retórica que dice motivar a AP y a sus miembros, evidenciando un conservadurismo reaccionario que pretende disfrazarse de progresismo. En los dos casos, quienes sufriremos las consecuencias seremos los ciudadanos.