Cuando en el año 1983 se creó el Instituto de la Mujer hicimos una celebración. El feminismo entraba a formar parte de las Instituciones Públicas. En esta iniciativa vimos el inicio de una nueva era, las españolas empezábamos el camino hacia la igualdad y con ello España se incorporaba a Europa. Siempre recordaré a las grandes mujeres que empezaron aquella andadura, Carlota Bustelo y Ana Mañeru entre otras, cada una tenía una posición política pero también un objetivo común: trabajar por las mujeres desde el compromiso feminista.
La semana pasada el Gobierno decretó la defunción de este organismo, cambió su nombre y sus objetivos. Ahora se llama Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades e incorpora las políticas contra la "discriminación de las personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social". Mientras tanto se ha eliminado la Dirección general de Igualdad de Oportunidades, de modo que son las competencias de ésta las que se incorporan al Instituto de la Mujer.
Más allá de tener la sensación de que el único objetivo del Gobierno para hacer este cambio es que no le regañe la Unión Europea, me gustaría explicar los motivos por los que creo que el mismo supone una defunción del Instituto.
Con esta decisión se ha eliminado el organismo especializado de igualdad de mujeres y hombres precisamente cuando más se necesitan políticas específicas. ¿No son suficientes el número de mujeres asesinadas este año? ¿Y la violencia sexual? ¿Y el trafico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual? ¿No importa el incremento del desempleo femenino o la ampliación de la brecha salarial?
Aunque solo fuera para acabar con algunas opiniones propias de los tiempos de la caverna, como las del Alcalde de Valladolid, ya tendría sentido su existencia. Algunos dirán que mejor echamos al Alcalde, pero es que a pesar de estos 31 años de políticas de igualdad hay muchas personas que todavía piensan como él. El Instituto de la Mujer recoge el conocimiento dirigido a prevenir la discriminación y la violencia de genero, así como a promover nuestra presencia en el empleo, la sociedad, la cultura, la educación o la política. También trabaja para enfrentar la comunicación sexista, esa que legitima violaciones o violencias con las que debemos acabar.
Y que conste que soy una ferviente defensora de las políticas de igualdad de trato y no discriminación. La eliminación de la Dirección General nos priva de la posibilidad de contar con una estructura especializada también en este ámbito.
Desde hace años muchas personas y organizaciones venimos defendiendo una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, así como una estructura administrativa y la creación de una Autoridad que, además de promover políticas, defienda a las víctimas. La posición del PP ha sido siempre contraria a esta Ley cuando el PSOE la ha presentado en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, sabemos que puesto que el racismo, el antisemitismo, la homofobia o la transfobia crecen en Europa resulta más necesario que nunca apoyar a quienes sufren por esta causa, como también resulta imprescindible que se reconozca como víctimas a quienes están en la diana de lo que llamamos crímenes de odio, alentados por la discriminación todavía existente en nuestra sociedad.
Por lo tanto, cuando el Gobierno toma esta decisión está reduciendo los recursos dirigidos tanto a la lucha por la igualdad y contra la violencia de género de mujeres y hombres como a las políticas dirigidas a combatir la discriminación de las personas por causa de origen, religión, ideología, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad de género, o cualquier otra circunstancia. Cuando incorpora este texto en el BOE busca que unos y otros, unas y otras, entremos en competencia por las migajas que nos dejan.
Y sobre todo, con esta actuación el Gobierno muestra que poco le importan las políticas de igualdad, y menos aún las personas que sufren. Simplemente ha encontrado una manera fácil de cumplir con unos indicadores europeos que, sin lugar a dudas, se quedan en la superficie.
Con una decisión como ésta el Gobierno muestra una vez más su voluntad de hacernos retroceder más de 30 años. Lo intentó con la contrarreforma de la ley del aborto. Ahora estamos ante un nuevo ataque a la igualdad y la libertad de mujeres y hombres, y aunque es posible que en esta ocasión no consigamos grandes titulares ni enormes manifestaciones, debemos saber que sus resultados serán nefastos para la vida de las mujeres españolas y, junto a ellas, para el futuro de todas aquellas personas que más necesitan de la acción decidida de los poderes públicos.
La semana pasada el Gobierno decretó la defunción de este organismo, cambió su nombre y sus objetivos. Ahora se llama Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades e incorpora las políticas contra la "discriminación de las personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social". Mientras tanto se ha eliminado la Dirección general de Igualdad de Oportunidades, de modo que son las competencias de ésta las que se incorporan al Instituto de la Mujer.
Más allá de tener la sensación de que el único objetivo del Gobierno para hacer este cambio es que no le regañe la Unión Europea, me gustaría explicar los motivos por los que creo que el mismo supone una defunción del Instituto.
Con esta decisión se ha eliminado el organismo especializado de igualdad de mujeres y hombres precisamente cuando más se necesitan políticas específicas. ¿No son suficientes el número de mujeres asesinadas este año? ¿Y la violencia sexual? ¿Y el trafico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual? ¿No importa el incremento del desempleo femenino o la ampliación de la brecha salarial?
Aunque solo fuera para acabar con algunas opiniones propias de los tiempos de la caverna, como las del Alcalde de Valladolid, ya tendría sentido su existencia. Algunos dirán que mejor echamos al Alcalde, pero es que a pesar de estos 31 años de políticas de igualdad hay muchas personas que todavía piensan como él. El Instituto de la Mujer recoge el conocimiento dirigido a prevenir la discriminación y la violencia de genero, así como a promover nuestra presencia en el empleo, la sociedad, la cultura, la educación o la política. También trabaja para enfrentar la comunicación sexista, esa que legitima violaciones o violencias con las que debemos acabar.
Y que conste que soy una ferviente defensora de las políticas de igualdad de trato y no discriminación. La eliminación de la Dirección General nos priva de la posibilidad de contar con una estructura especializada también en este ámbito.
Desde hace años muchas personas y organizaciones venimos defendiendo una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, así como una estructura administrativa y la creación de una Autoridad que, además de promover políticas, defienda a las víctimas. La posición del PP ha sido siempre contraria a esta Ley cuando el PSOE la ha presentado en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, sabemos que puesto que el racismo, el antisemitismo, la homofobia o la transfobia crecen en Europa resulta más necesario que nunca apoyar a quienes sufren por esta causa, como también resulta imprescindible que se reconozca como víctimas a quienes están en la diana de lo que llamamos crímenes de odio, alentados por la discriminación todavía existente en nuestra sociedad.
Por lo tanto, cuando el Gobierno toma esta decisión está reduciendo los recursos dirigidos tanto a la lucha por la igualdad y contra la violencia de género de mujeres y hombres como a las políticas dirigidas a combatir la discriminación de las personas por causa de origen, religión, ideología, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad de género, o cualquier otra circunstancia. Cuando incorpora este texto en el BOE busca que unos y otros, unas y otras, entremos en competencia por las migajas que nos dejan.
Y sobre todo, con esta actuación el Gobierno muestra que poco le importan las políticas de igualdad, y menos aún las personas que sufren. Simplemente ha encontrado una manera fácil de cumplir con unos indicadores europeos que, sin lugar a dudas, se quedan en la superficie.
Con una decisión como ésta el Gobierno muestra una vez más su voluntad de hacernos retroceder más de 30 años. Lo intentó con la contrarreforma de la ley del aborto. Ahora estamos ante un nuevo ataque a la igualdad y la libertad de mujeres y hombres, y aunque es posible que en esta ocasión no consigamos grandes titulares ni enormes manifestaciones, debemos saber que sus resultados serán nefastos para la vida de las mujeres españolas y, junto a ellas, para el futuro de todas aquellas personas que más necesitan de la acción decidida de los poderes públicos.