Aun a expensas de provocar su teatral dimisión, el Gobierno de Rajoy ha optado por aparcar la regresiva y antieuropea "Ley Gallardón" del aborto de manera vergonzante. Este adjetivo no describe lo que produce sonrojo como a menudo se pretende equivocadamente, sino lo que se hace ocultando o disimulando por vergüenza sus motivaciones de fondo.
Ni Rajoy ni el Gobierno del PP rectifican porque hayan reflexionado y comprendido que su mayoría absoluta no equivale sin más a una patente de corso para atropellar derechos de la ciudadanía. Ni porque hayan entendido que el criterio del ministro -galopando el sector más integrista y reaccionario de la derecha confesional- no puede arrollar la libertad de elección de las mujeres sobre "el libre desarrollo de su personalidad" (art. 10.1 CE) en algo que les es tan propio como la maternidad.
Lo han hecho, sin reconocerlo, porque han constatado vergonzantemente el desgaste electoral que les acarrea encastillarse en la apisonadora de derechos sociales y libertades civiles en que se han traducido sus apuestas ideológicas contra una sociedad aturdida y con el pretexto de la crisis.
Tampoco con su dimisión queda Gallardón absuelto sin más de su gestión catastrófica sobre un sector público diezmado por sus brutales recortes presupuestarios; por la prohibitiva ley de tasas que impide el acceso a la Justicia y a la tutela judicial a quienes no puedan pagársela; por la imposición de multas inasumibles contra quienes se atreven a protestar en las calles; por la politización extrema del CGPJ arrollado como nunca por el toque de corneta de un derecho que impone sus objetivos a la judicatura y a la fiscalía al grito de "¡quién manda aquí!", buscando la impunidad para su legión de corruptos; y por las reformas regresivas del Poder Judicial y del Código Penal...
Todos los colectivos de la Administración de Justicia -además de los abogados de España- arden en malestar ante el deterioro de las constantes vitales de la garantía jurisdiccional de los derechos. Produce estupefacción esa mezcla de cinismo y de olímpico desprecio por la ciudadanía y sus entendederas con que el Gobierno del PP ha venido jugando a la ruleta rusa contra derechos y libertades que tanto ha costado conquistar entre nosotros.
En realidad, la vergonzante desactivación de la amenaza de la "Ley Gallardón" no supone en ningún modo que el Gobierno del PP haya dejado de maquinar nuevas vueltas de tuerca contra el Título I de la Constitución ("Derechos y Libertades").
Hace pocos días hemos podido conocer la intención declarada del ministro de Interior: reformar "cuatro grandes leyes (Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Civil y Extranjería)" para "endurecer las penas" contra el terrorismo yihadista. Lo que hemos sabido del proyecto incursiona en el más burdo populismo punitivo genuino, marca de la casa de las mayorías absolutas del PP (en la Legislatura 2000-2004, bajo el Gobierno de Aznar, se reformó el Código Penal ¡24 veces! ¡6 veces al año! a golpe de aquellos telediarios controlados por Urdaci).
España es, por motivos dolorosamente evidentes, un país duramente entrenado para combatir el terrorismo con todo el peso de la Ley.
Nuestra legislación penal, nuestra organización judicial, nuestras leyes de enjuiciamiento y penitenciarias están desde hace tiempo formateadas para especializar adecuadamente la respuesta frente al terrorismo, sus variantes, su amenaza. Pretender que la configuración de un "nuevo tipo penal" de "entrenamiento terrorista" o "adoctrinamiento" venga a "completar" ahora alguna supuesta "laguna" en nuestro ordenamiento, es confundir o engañar. Todas las formas de cooperación, exaltación o enaltecimiento del terrorismo están ya tipificadas. Y el Código Penal está vigente, operativo y plenamente aplicable desde hace tiempo al respecto.
Se añade ahora la idea de "retirar la nacionalidad" a quienes se alisten en organizaciones yihadistas. La ocurrencia no puede ignorar que quien decida incorporarse a la yihad en alguno de los espacios o territorios torturados por esa barbarie no va a dejarse disuadir por esa técnica legal. Además de que nuestra Constitución de 1978 -esa con la que algunos se llenan tanto la boca sin habérsela leído- prohíbe (art. 11 CE) privar de su nacionalidad a ningún español de origen.
Pueden haber aparcado -de momento, veremos hasta cuándo- la malhadada "Ley Gallardón". Pero la marcha atrás del Gobierno del PP contra las libertades de todos no ha acabado todavía de empeorar la calidad de la democracia en España ni de preocupar en la UE como un ejemplo de libro de retroceso en derechos.