La sugirió Bruselas, la impulsó Zapatero, la asumió Rajoy, se pactó en 48 horas y se aprobó con "agosticidad" y alevosía en el Parlamento con los votos de PSOE y PP. Hablamos de la "reforma exprés" de la Constitución, una de las decisiones que más desgaste político y social supuso para los socialistas en 2011 justo antes de la hecatombe electoral que les dejó en el Congreso con 110 diputados.
¿Recuerdan? Lo que fue imposible durante siete años -poner de acuerdo a socialistas y populares en una reforma de la Carta Magna- se despachó en el Congreso, por sorpresa y en apenas diez minutos, los que tardó el entonces presidente del Gobierno en ofrecerla al jefe de la oposición y éste en aceptarla. Fue el último servicio de Zapatero a los mercados, al BCE y a Ángela Merkel para salvar a España de una intervención. El precio: una modificación del artículo 135 de la Constitución para supuestamente dar solución a las amenazas de la crisis, servir al objetivo de la estabilidad presupuestaria y priorizar el pago de la deuda pública sobre cualquier otra necesidad de gasto. Y, aunque los artífices de aquél cuestionado pacto dijeron entonces que la nueva redacción del texto constitucional ponía a salvo el Estado del Bienestar y las políticas sociales, nada de eso ha ocurrido.
Por eso hoy el nuevo PSOE, el de Pedro Sánchez, está dispuesto a repensar aquella decisión, lo que no agradará seguro ni a Zapatero, ni a quienes estuvieron en la trastienda de aquella decisión, ni a los que tuvieron que defenderla, como Rubalcaba, con la nariz tapada conscientes de lo que supondría electoralmente para los socialistas. El entonces candidato por el PSOE pudo y no lo hizo dejar caer a Zapatero porque fue tal la rebelión de los diputados por la "reforma exprés" que constitucionalizó la estabilidad presupuestaria que la mecha hubiera prendido con facilidad. Ahora los nuevos inquilinos de Ferraz sostienen que la política del nuevo secretario general es "reconocer errores y además corregirlos" y que, desde luego, aquél de hace tres años es uno de los que habría que enmendar. Gasolina para el PP, seguro.
La propuesta ha sido impulsada por el diputado Odón Elorza y trabajada con el colectivo "Economistas frente a la crisis". Y, según admiten en la dirección socialista, hay "receptividad al estudio". De momento, ha sido elevada a la dirección del grupo en el Congreso y trasladada para su análisis al ámbito de la Ejecutiva Federal, concretamente al secretario de Política Económica, Manuel de la Rocha, quien se ha puesto en contacto con varios expertos en Economía y unos cuantos diputados del PSOE para pedirles que aporten ideas para la corrección del polémico artículo. A todos se les ha pedido celeridad y reserva absoluta. Entre los consultados están el ex ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quien precisamente se subió a la tribuna del Parlamento hace tres años para defender la polémica reforma, pero también alguno más.
De hecho, en la dirección federal manejan al menos ya tres propuestas enviadas por otros tantos diputados. Una, que pasa por la revisión del 135 en el marco de la reforma constitucional ya planteada por el PSOE y que incluiría una protección en la Carta Magna de las prestaciones sociales. Otra que acota el retoque al polémico artículo y que pasa por cambiar las reglas de consolidación fiscal a la hora de contabilizar el déficit público para excluir el porcentaje de gasto en educación, sanidad y dependencia. Y una más que apuesta por recuperar el pacto político entre PSOE y PP que precedió a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que, meses más tarde, en marzo de 2012, saltó por los aires después de que los populares impusieran el déficit cero que no se había acordado en agosto.
Lo cierto es que el planteamiento no es nuevo. En la Conferencia Política que el PSOE de Rubalcaba celebró en noviembre del año pasado, ya se elaboró una propuesta para hacer un 135 (bis), que garantizará la estabilidad social mediante un suelo constitucional. Y aquella iniciativa, que tiene mucho más sentido que la que se apunta ahora, se incluyó en la propuesta de reforma de la Carta Magna elaborada por el equipo anterior.
Todas en todo caso están en estudio y, aunque desde la dirección prefieren que el asunto no trascienda de momento, se proponen que sea Pedro Sánchez quien la desmenuce en el marco de la convención sobre la reforma constitucional que el PSOE tiene previsto celebrar el próximo noviembre.
Por cierto que todo esto ha surgido en el marco de una especie de "confesionario" inaugurado por el portavoz en la Cámara Baja, Antonio Hernando, en su despacho y por el que pasarán los 110 parlamentarios con el objetivo de escuchar demandas y establecer nuevos métodos de trabajo.
En apenas tres semanas, ya han desfilado por allí unos 60 diputados. Unos para reclama más protagonismo en comisiones y plenos; otros para aportar ideas sobre la mejora de la acción legislativa y alguno que otro para pedir un crecimiento en su estatus de diputado. Hernando ha sugerido a todos creen grupos de asesoramiento externo en sus respectivos ámbitos de actuación y aumenten la actividad parlamentaria.
De estas citas, sí, ha salido la idea de repensar el artículo 135 de la Constitución, pero también muchas otras que tienen que ver con la reforma del Reglamento de la Cámara Baja, la limpieza en la vida pública o la Memoria Histórica.
¿Recuerdan? Lo que fue imposible durante siete años -poner de acuerdo a socialistas y populares en una reforma de la Carta Magna- se despachó en el Congreso, por sorpresa y en apenas diez minutos, los que tardó el entonces presidente del Gobierno en ofrecerla al jefe de la oposición y éste en aceptarla. Fue el último servicio de Zapatero a los mercados, al BCE y a Ángela Merkel para salvar a España de una intervención. El precio: una modificación del artículo 135 de la Constitución para supuestamente dar solución a las amenazas de la crisis, servir al objetivo de la estabilidad presupuestaria y priorizar el pago de la deuda pública sobre cualquier otra necesidad de gasto. Y, aunque los artífices de aquél cuestionado pacto dijeron entonces que la nueva redacción del texto constitucional ponía a salvo el Estado del Bienestar y las políticas sociales, nada de eso ha ocurrido.
Por eso hoy el nuevo PSOE, el de Pedro Sánchez, está dispuesto a repensar aquella decisión, lo que no agradará seguro ni a Zapatero, ni a quienes estuvieron en la trastienda de aquella decisión, ni a los que tuvieron que defenderla, como Rubalcaba, con la nariz tapada conscientes de lo que supondría electoralmente para los socialistas. El entonces candidato por el PSOE pudo y no lo hizo dejar caer a Zapatero porque fue tal la rebelión de los diputados por la "reforma exprés" que constitucionalizó la estabilidad presupuestaria que la mecha hubiera prendido con facilidad. Ahora los nuevos inquilinos de Ferraz sostienen que la política del nuevo secretario general es "reconocer errores y además corregirlos" y que, desde luego, aquél de hace tres años es uno de los que habría que enmendar. Gasolina para el PP, seguro.
La propuesta ha sido impulsada por el diputado Odón Elorza y trabajada con el colectivo "Economistas frente a la crisis". Y, según admiten en la dirección socialista, hay "receptividad al estudio". De momento, ha sido elevada a la dirección del grupo en el Congreso y trasladada para su análisis al ámbito de la Ejecutiva Federal, concretamente al secretario de Política Económica, Manuel de la Rocha, quien se ha puesto en contacto con varios expertos en Economía y unos cuantos diputados del PSOE para pedirles que aporten ideas para la corrección del polémico artículo. A todos se les ha pedido celeridad y reserva absoluta. Entre los consultados están el ex ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quien precisamente se subió a la tribuna del Parlamento hace tres años para defender la polémica reforma, pero también alguno más.
De hecho, en la dirección federal manejan al menos ya tres propuestas enviadas por otros tantos diputados. Una, que pasa por la revisión del 135 en el marco de la reforma constitucional ya planteada por el PSOE y que incluiría una protección en la Carta Magna de las prestaciones sociales. Otra que acota el retoque al polémico artículo y que pasa por cambiar las reglas de consolidación fiscal a la hora de contabilizar el déficit público para excluir el porcentaje de gasto en educación, sanidad y dependencia. Y una más que apuesta por recuperar el pacto político entre PSOE y PP que precedió a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que, meses más tarde, en marzo de 2012, saltó por los aires después de que los populares impusieran el déficit cero que no se había acordado en agosto.
Lo cierto es que el planteamiento no es nuevo. En la Conferencia Política que el PSOE de Rubalcaba celebró en noviembre del año pasado, ya se elaboró una propuesta para hacer un 135 (bis), que garantizará la estabilidad social mediante un suelo constitucional. Y aquella iniciativa, que tiene mucho más sentido que la que se apunta ahora, se incluyó en la propuesta de reforma de la Carta Magna elaborada por el equipo anterior.
Todas en todo caso están en estudio y, aunque desde la dirección prefieren que el asunto no trascienda de momento, se proponen que sea Pedro Sánchez quien la desmenuce en el marco de la convención sobre la reforma constitucional que el PSOE tiene previsto celebrar el próximo noviembre.
Por cierto que todo esto ha surgido en el marco de una especie de "confesionario" inaugurado por el portavoz en la Cámara Baja, Antonio Hernando, en su despacho y por el que pasarán los 110 parlamentarios con el objetivo de escuchar demandas y establecer nuevos métodos de trabajo.
En apenas tres semanas, ya han desfilado por allí unos 60 diputados. Unos para reclama más protagonismo en comisiones y plenos; otros para aportar ideas sobre la mejora de la acción legislativa y alguno que otro para pedir un crecimiento en su estatus de diputado. Hernando ha sugerido a todos creen grupos de asesoramiento externo en sus respectivos ámbitos de actuación y aumenten la actividad parlamentaria.
De estas citas, sí, ha salido la idea de repensar el artículo 135 de la Constitución, pero también muchas otras que tienen que ver con la reforma del Reglamento de la Cámara Baja, la limpieza en la vida pública o la Memoria Histórica.