Con el reclamo de El anuncio más largo del mundo, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en colaboración con Despensa y la realización técnica de 7 Attic Films presentan hoy una campaña de movilización ciudadana destinada a concienciar a los responsables políticos españoles de la urgente necesidad de despenalizar y regular la eutanasia y el suicidio asistido.
El anuncio, que se presenta hoy en sesión ininterrumpida de puertas abiertas en el Pequeño Cine Estudio de Madrid, muestra las veinticinco horas del día en la vida de un paciente terminal con cáncer; una metáfora continuada sobre el enorme peso del tiempo para los miles de personas que se encuentran o se habrán de encontrar en el futuro en una situación vital tan deplorable como la del protagonista del filme, interpretado por el actor Juan Carlos Catalá.
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Una experiencia angustiosa a la que los espectadores pueden poner fin mediante un simple clic pero de la que no pueden librarse voluntariamente y de un modo legal quienes, fruto del azar, la padecen en su persona.
Para el protagonista del anuncio, como para demasiados conciudadanos nuestros, la vida se limita ya a esperar y desear que el próximo minuto sea, por fin, el último. A su propio criterio, la vida que les resta no reúne el mínimo de dignidad personal exigible. Incluso permitir despedirse y hacerse a la idea de su inevitable final a familiares y amigos, ha dejado de ser suficiente motivación. Ni el agradecimiento por los cuidados que le dispensan ni el amor con que lo hacen son ya bastante para querer prolongar un estado sin otro futuro que el sufrimiento y la dependencia para las más elementales actividades: desde el aseo personal hasta el simple cambio de postura en la cama. Su mundo ha quedado reducido al estrecho horizonte de su habitación y sus días duran mucho más de 24 horas.
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Para cuantos, como el protagonista del anuncio más largo, padecen un cáncer avanzado, el sufrimiento durará unos meses. Interminables, pero meses. Para quienes la suerte fue más adversa aún, una enfermedad degenerativa no mortal a corto plazo, los colocará en una situación de incapacidad y dependencia totales durante años. Llegarán a no reconocerse a sí mismos ni a su entorno, convertidos en un vestigio de lo que fueron y desprovisto de lo que en vida identificaron como su dignidad; serán "una carga que no quisimos ser, que nadie normal querría nunca tener que ser para su familia". De poco importará lo que hubiesen manifestado con anterioridad, incluso en un testamento vital. Ni ellos, ni sus familiares, ni sus médicos, podrán poner fin a la situación con un benéfico clic porque, a pesar de proclamar pomposamente la libertad, la autonomía personal y el respeto a la dignidad individual como fundamentos del orden social, las leyes siguen sin permitirlo.
Resulta incomprensible, tanto en términos de racionalidad cuanto del más elemental humanitarismo y compasión, que los dos partidos que se han alternado en el Gobierno de España hayan podido permanecer hasta ahora insensibles a tanto sufrimiento acumulado. Tanto más cuanto que no han faltado propuestas desde la izquierda minoritaria para terminar con situaciones como las que denuncia hoy el anuncio más largo.
Quienes en DMD trabajamos organizadamente por lograr el reconocimiento legal de la vida como un bien de propiedad individual, evaluable y renunciable por su propio dueño y, consiguientemente, por la legalización de las conductas eutanásicas tal como ha ocurrido ya en otros países de nuestro entorno político y cultural como Holanda y Luxemburgo, e incluso en Bélgica, de fuerte implantación católica, creemos que ha llegado el momento en que la ciudadanía debe dar un paso más allá del simple estar muy mayoritariamente a favor de la despenalización en cuantas encuestas se han realizado al efecto y pasar a exigir de sus representantes políticos actuales y futuros el cambio legislativo que se requiere.
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Ya no valen promesas vacías de iniciar el debate. Mientras el PSOE buscaba pretextos para demorarlo a pesar de su promesa electoral -el PP ni está ni se le espera- las ciudadanas y ciudadanos hemos decidido masivamente, con más apoyo del que ha tenido ningún otro derecho de reciente cuño, que estamos a favor de que se despenalice y regule la eutanasia. Entérense, señores políticos: el debate está socialmente concluido. Falta que actúen ustedes.
Falta que en un nuevo escenario político que represente mejor a la sociedad española en su conjunto, se deje de temer a la minoría confesional que, alentada por obispos más propios del medievo, estará siempre dispuesta a dar misas en la plaza de Colón mientras insultan al Gobierno de turno por no ser suficientemente cavernícola.
La iniciativa del anuncio más largo del mundo y la aneja petición al presidente del Gobierno y a los responsables de los partidos políticos desde la plataforma Change.org es una ocasión magnífica para batir el récord de participación ciudadana que muestre claramente por dónde va la voluntad popular a quienes en su momento elegiremos para que la trasladen a las leyes.
Participar en esta campaña que proponemos y unirte a quienes luchamos por la dignidad personal, tanto en la muerte como en la vida, son una buena manera de avanzar en el empoderamiento ciudadano que reclama hoy nuestra sociedad.
El anuncio, que se presenta hoy en sesión ininterrumpida de puertas abiertas en el Pequeño Cine Estudio de Madrid, muestra las veinticinco horas del día en la vida de un paciente terminal con cáncer; una metáfora continuada sobre el enorme peso del tiempo para los miles de personas que se encuentran o se habrán de encontrar en el futuro en una situación vital tan deplorable como la del protagonista del filme, interpretado por el actor Juan Carlos Catalá.
Una experiencia angustiosa a la que los espectadores pueden poner fin mediante un simple clic pero de la que no pueden librarse voluntariamente y de un modo legal quienes, fruto del azar, la padecen en su persona.
Para el protagonista del anuncio, como para demasiados conciudadanos nuestros, la vida se limita ya a esperar y desear que el próximo minuto sea, por fin, el último. A su propio criterio, la vida que les resta no reúne el mínimo de dignidad personal exigible. Incluso permitir despedirse y hacerse a la idea de su inevitable final a familiares y amigos, ha dejado de ser suficiente motivación. Ni el agradecimiento por los cuidados que le dispensan ni el amor con que lo hacen son ya bastante para querer prolongar un estado sin otro futuro que el sufrimiento y la dependencia para las más elementales actividades: desde el aseo personal hasta el simple cambio de postura en la cama. Su mundo ha quedado reducido al estrecho horizonte de su habitación y sus días duran mucho más de 24 horas.
Para cuantos, como el protagonista del anuncio más largo, padecen un cáncer avanzado, el sufrimiento durará unos meses. Interminables, pero meses. Para quienes la suerte fue más adversa aún, una enfermedad degenerativa no mortal a corto plazo, los colocará en una situación de incapacidad y dependencia totales durante años. Llegarán a no reconocerse a sí mismos ni a su entorno, convertidos en un vestigio de lo que fueron y desprovisto de lo que en vida identificaron como su dignidad; serán "una carga que no quisimos ser, que nadie normal querría nunca tener que ser para su familia". De poco importará lo que hubiesen manifestado con anterioridad, incluso en un testamento vital. Ni ellos, ni sus familiares, ni sus médicos, podrán poner fin a la situación con un benéfico clic porque, a pesar de proclamar pomposamente la libertad, la autonomía personal y el respeto a la dignidad individual como fundamentos del orden social, las leyes siguen sin permitirlo.
Resulta incomprensible, tanto en términos de racionalidad cuanto del más elemental humanitarismo y compasión, que los dos partidos que se han alternado en el Gobierno de España hayan podido permanecer hasta ahora insensibles a tanto sufrimiento acumulado. Tanto más cuanto que no han faltado propuestas desde la izquierda minoritaria para terminar con situaciones como las que denuncia hoy el anuncio más largo.
Quienes en DMD trabajamos organizadamente por lograr el reconocimiento legal de la vida como un bien de propiedad individual, evaluable y renunciable por su propio dueño y, consiguientemente, por la legalización de las conductas eutanásicas tal como ha ocurrido ya en otros países de nuestro entorno político y cultural como Holanda y Luxemburgo, e incluso en Bélgica, de fuerte implantación católica, creemos que ha llegado el momento en que la ciudadanía debe dar un paso más allá del simple estar muy mayoritariamente a favor de la despenalización en cuantas encuestas se han realizado al efecto y pasar a exigir de sus representantes políticos actuales y futuros el cambio legislativo que se requiere.
Ya no valen promesas vacías de iniciar el debate. Mientras el PSOE buscaba pretextos para demorarlo a pesar de su promesa electoral -el PP ni está ni se le espera- las ciudadanas y ciudadanos hemos decidido masivamente, con más apoyo del que ha tenido ningún otro derecho de reciente cuño, que estamos a favor de que se despenalice y regule la eutanasia. Entérense, señores políticos: el debate está socialmente concluido. Falta que actúen ustedes.
Falta que en un nuevo escenario político que represente mejor a la sociedad española en su conjunto, se deje de temer a la minoría confesional que, alentada por obispos más propios del medievo, estará siempre dispuesta a dar misas en la plaza de Colón mientras insultan al Gobierno de turno por no ser suficientemente cavernícola.
La iniciativa del anuncio más largo del mundo y la aneja petición al presidente del Gobierno y a los responsables de los partidos políticos desde la plataforma Change.org es una ocasión magnífica para batir el récord de participación ciudadana que muestre claramente por dónde va la voluntad popular a quienes en su momento elegiremos para que la trasladen a las leyes.
Participar en esta campaña que proponemos y unirte a quienes luchamos por la dignidad personal, tanto en la muerte como en la vida, son una buena manera de avanzar en el empoderamiento ciudadano que reclama hoy nuestra sociedad.