La semana pasada tuvo lugar el debate de la admisión a trámite de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno del PP los ha sacado adelante con su mayoría absoluta, la misma con la que ha derrotado las enmiendas a la totalidad en su contra, entre ellas, las del PSOE.
El debate sobre los presupuestos tiene un primer objeto, económico, pero rezuma todo él su naturaleza política. Y en esta arena, asistimos al choque de dos relatos contrapuestos.
De un lado, el de un PP que todavía pretende que el estrago social y el empobrecimiento causado por sus políticas son, a estas alturas, "herencia de ZP".
De otro, la denuncia contundente de la inconfundible huella dactilar del PP en el descomunal aumento de la desigualdad, el derrumbamiento de la población activa, el crecimiento raquítico sin redistribución, la crisis territorial, el retroceso imparable de los derechos y de las libertades, la corrupción impune y el deterioro de la confianza en la democracia y hasta en la política misma en sectores crecientemente desesperados y cabreados de la sociedad española.
Es bueno recordar aquí que, aunque las limitaciones del debate presupuestario -por su alcance y su formato- no permiten ampliar el radio de los contrastes allí donde más lucirían, la democracia en España ha empeorado brutalmente -una vez más, no es sorpresa- con un Gobierno del PP ebrio de prepotencia, jactancia ante la corrupción, y desbocado de nuevo a la manipulación informativa y a la tergiversación de las evidencias palpables y al alcance de cualquiera que busque formarse un criterio en alguna otra fuente que no sean los telediarios de TVE.
Porque es verdad que en una España tristemente habituada a la manipulación gubernamental de los medios de comunicación públicos, así como a la injerencia masiva en los medios privados, el Gobierno socialista apostó en su día por la desgubernamentalización de la Radiotelevisión y por la neutralidad de sus informativos, renunciando a la intervención directa en la escaleta de los titulares en medios públicos y privados.
Tras un prolongado historial de manipulación progubernamental de las estadísticas oficiales, además de a su control anticipado por el Ejecutivo de turno, el Gobierno socialista renunció a acceder privilegiadamente y por anticipado a los datos de empleo o paro, así como a las demás cifras oficialmente descriptivas de las magnitudes macroeconómicas, compartiendo su conocimiento, manejo e interpretación con los demás partidos de la oposición.
Fue también un Gobierno socialista el que decidió renunciar a conocer, manipular o distorsionar las encuestas de opinión mediante la cocina masiva en favor del partido del Gobierno y de sus intereses y proyecciones electorales.
Contrariamente, el Gobierno del PP ha estado revirtiendo uno a uno los innegables avances en derechos de la ciudadanía, libertades, tolerancia frente a la crítica y profundización del pluralismo. Los mismos progresos que, con dificultades y contra la resistencia de la derecha política y mediática, fueron abriéndose paso en las dos legislaturas anteriores, siempre como una flor frágil si se dejaba de regar.
Todos esos avances fueron descalificados groseramente como "ocurrencias" del "talante" por su feroz oposición. Y se han mostrado reversibles por la materialización de la alternancia del Gobierno y la mayoría absoluta del PP.
De hecho, el PP ha hecho cuanto ha estado en su mano para que su involución regresiva pasara poco menos que inadvertida por parte de una ciudadanía aturdida por el empeoramiento abrupto y brutal de sus condiciones de vida. Las situaciones más vulnerables han sido, una y otra vez, desdeñosamente ignoradas. Los retrocesos no han sido sólo en las macromagnitudes en los que los Presupuestos inciden de manera primordial. También los derechos sociales y las libertades que estimamos como fundamentales han encajado los golpes.
Ninguna conquista de la civilización lo es nunca para siempre. Todas lo son, antes bien, precarias y revertibles. Debe cuidárselas con mimo, so pena de que se deterioren.
Pero ahora no basta lamentarlo. Deben leerse enteramente estas durísimas lecciones, aprendidas en tiempos singularmente crudos. Por ello resulta imperioso hacer creíble el compromiso de acometer, en la próxima estación en el Gobierno de España, reformas constitucionales y democráticas profundas. Reformas, pues, de calado, pero también blindadas ante la alternancia de Gobierno. Y deberán asegurar un nuevo empoderamiento de una ciudadanía más vulnerable y vapuleada que nunca por la exasperación de la desigualdad y por las injusticias.