El mayor logro de Enrique Peña Nieto en sus casi dos años al frente de México no fue mejorar la seguridad, sino lograr que no se hablase de ella. La desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero) el 26 de septiembre ha roto el muro de silencio que, con excepciones, ha caracterizado la cobertura de la violencia y la corrupción desde el inicio de este Gobierno. Éste no es un hecho aislado, sino un siniestro recordatorio de la violencia y corrupción que sacuden al país en el marco de una transición fallida y la guerra contra las drogas.
Peña Nieto ganó las elecciones con la promesa de poner fin a la guerra contra las drogas lanzada por Felipe Calderón y al baño de sangre que desató. Sus promesas se han quedado en poco. La lucha antidroga, basada en la militarización de la seguridad pública, continúa, y cada vez más sirve de cobertura a una guerra sucia que amenaza a periodistas, activistas de derechos humanos, líderes sindicales e incluso a las familias que piden investigación y justicia para sus muertos o desaparecidos.
La narrativa sobre México cambió a partir de varios momentos. El Gobierno tomó la iniciativa estratégica para modernizar sectores clave como la energía. La apertura al capital privado nacional y extranjero y la posibilidad de joint ventures con la estatal Pemex permitirán acceder a grandes reservas de petróleo convencional (estimadas en 11.400 millones de barriles) y a recursos no convencionales.
El movimiento tenía garantizada una buena acogida de los inversores y con ello de muchos medios de comunicación. En España, es común juzgar a los Gobiernos latinoamericanos por su grado de adhesión al modelo neoliberal y las facilidades prestadas a las empresas. Aunque quizá nadie llegó tan lejos como TIME, que en su portada del 24 de febrero de 2014, lo presentó como el reformador que iba a salvar a México.
El complemento necesario fue una creciente presión sobre los medios mexicanos para relegar la información sobre la violencia y aceptar la versión oficial. Muchos medios y periodistas, ya bajo amenaza de los carteles de la droga y ahora con la presión de las autoridades, optaron por la autocensura.
La guerra de México contra las drogas cumplirá ocho años en enero. Lanzada por Calderón después de unas elecciones muy contestadas, se basa en la captura de los capos del narcotráfico y el despliegue masivo del ejército en las regiones más problemáticas. EE UU la apoya en el marco de la Iniciativa Mérida y más allá, ya que responde a sus propios lineamientos de política antidroga. Desde 2006, en torno a 70000 personas han muerto y 27000 han desaparecido.
Las líneas estratégicas no cambiaron con Peña Nieto y tampoco los resultados. No sólo mantuvo la militarización, sino que decidió dar más autonomía a las fuerzas armadas y policiales. Entre enero y septiembre de este año, más de 90000 soldados participaron en casi 220000 operativos, y la media de soldados en las calles es de 37000 cada día. Las Bases de Operación Mixta policial y militar han pasado de 97 a 141 con el actual Gobierno.
La captura de capos y el despliegue militar provocan una fragmentación y descentralización del crimen organizado. La violencia aumenta debido a las luchas internas para ocupar el poder, la ruptura en diversos grupos que compiten entre sí y los enfrentamientos con las fuerzas del Estado. Esas rupturas y cambios de liderazgo también impulsan una recomposición de las alianzas políticas y con la fuerza pública (especialmente policías locales y estatales que se convierten en instrumentos de esta guerra). A la vez, esos grupos más pequeños diversifican sus actividades hacia otros crímenes como los secuestros, extorsión y tráfico de personas.
Sólo en el año 2013 murieron 16000 personas más. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE) muestra un aumento del 25% en los secuestros que rozaron los 132000 casos. Un 93% de los delitos no son investigados y muchos ni siquiera se denuncian ya que los ciudadanos desconfían de las autoridades o las temen. Según la organización internacional Artículo 19, un periodista mexicano recibe una agresión (ataque, amenaza, intimidación, detención) cada 29 horas como promedio. Un 42% procede de funcionarios públicos.
Las fuerzas armadas, una institución antes respetada, están envueltas en graves violaciones de los derechos humanos. En junio, el ejército torturó y ejecutó a sangre fría a 21 personas en Tlatlaya (Estado de México), entre ellas varios menores de edad. La respuesta siguió la pauta habitual: atribuir a las víctimas vínculos con el crimen organizado y presentar el incidente como un enfrentamiento armado. Sólo la persistencia de algunos medios y testigos llevó a una rectificación parcial. Pero la escena del crimen no fue investigada hasta septiembre y el resultado hasta ahora son tres soldados acusados de homicidio.
Lo extraño de este caso no es que sea infrecuente sino que haya sido investigado. Según WOLA, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 1195 denuncias contra soldados en 2013 frente a 398 en 2007. Estos casos incluyen torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias y desapariciones.
En el caso de los estudiantes desaparecidos en Guerrero la inoperancia -o peor, indiferencia- de las autoridades ha sido similar. Las investigaciones iniciales apuntaron al cartel de los Guerreros Unidos, un grupo nacido de la fragmentación del imperio Beltrán Leyva. Pero los vínculos del alcalde de la localidad y su esposa eran conocidos, así como el hecho de que habían puesto a la policía municipal al servicio del crimen organizado. Por mucho tiempo, el Gobierno federal ignoró esas denuncias.
Tras los incidentes, Peña Nieto tardó diez días en hacer una declaración oficial instando a esclarecer los hechos y localizar a los estudiantes. Horas después se anunció el envío de la Gendarmería. El gobierno aún intenta relegar la cuestión al ámbito local (negando la responsabilidad del Gobierno federal) y los estudiantes siguen desaparecidos.
Ni Tlatlaya ni Atzoyinapa son episodios aislados. En Iguala, tras la presión pública se han encontrado fosas comunes con más de 30 cuerpos, ninguno de los cuales corresponde a los estudiantes. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha denunciado que la guerra contra las drogas crea una situación de graves violaciones de los derechos humanos por parte de grupos criminales y autoridades a diversos niveles del gobierno, en una atmósfera de impunidad donde la mayoría de los crímenes no se persiguen ni castigan.
El investigador y académico de la Universidad de Columbia Edgardo Buscaglia lleva años reclamando más apoyo internacional para romper el pacto de impunidad que existe en México y la corrupción política que incentiva al crimen organizado y lo impulsa a la violencia, al captar a representantes políticos y usarlos para atacar a sus adversarios. Hoy, denuncia el silencio en la Unión Europea por los grandes negocios que se abren a sus empresas y lo atribuye a que "el dinero ha callado las conciencias". John Ackerman, profesor de la UNAM y columnista, señala que sería irresponsable que Washington siguiera financiando la guerra mexicana contra las drogas en este contexto.
La guerra contra las drogas está provocando inseguridad y violaciones de los derechos humanos en México, Colombia y toda Centroamérica. Los problemas se expanden dentro de cada país y se trasladan a otros. Y los datos sobre violencia no lo dicen todo. El área andina sigue produciendo cocaína en cantidad suficiente para abastecer el mercado, y el 90% de la que se consume en EE UU -el primer mercado del mundo-, llega a través de la frontera mexicana. Los grupos involucrados (ilegales y/o corruptos) se adaptan, cambian, se reorganizan y sobreviven y las drogas siguen fluyendo a los mercados. El rastro de violencia y derrumbe de las instituciones que dejan atrás es un legado duradero.
Mabel González Bustelo acaba de publicar Crimen organizado y narcotráfico. ¿Hay alternativas? (Icaria, 2014).
Peña Nieto ganó las elecciones con la promesa de poner fin a la guerra contra las drogas lanzada por Felipe Calderón y al baño de sangre que desató. Sus promesas se han quedado en poco. La lucha antidroga, basada en la militarización de la seguridad pública, continúa, y cada vez más sirve de cobertura a una guerra sucia que amenaza a periodistas, activistas de derechos humanos, líderes sindicales e incluso a las familias que piden investigación y justicia para sus muertos o desaparecidos.
La narrativa sobre México cambió a partir de varios momentos. El Gobierno tomó la iniciativa estratégica para modernizar sectores clave como la energía. La apertura al capital privado nacional y extranjero y la posibilidad de joint ventures con la estatal Pemex permitirán acceder a grandes reservas de petróleo convencional (estimadas en 11.400 millones de barriles) y a recursos no convencionales.
El movimiento tenía garantizada una buena acogida de los inversores y con ello de muchos medios de comunicación. En España, es común juzgar a los Gobiernos latinoamericanos por su grado de adhesión al modelo neoliberal y las facilidades prestadas a las empresas. Aunque quizá nadie llegó tan lejos como TIME, que en su portada del 24 de febrero de 2014, lo presentó como el reformador que iba a salvar a México.
El complemento necesario fue una creciente presión sobre los medios mexicanos para relegar la información sobre la violencia y aceptar la versión oficial. Muchos medios y periodistas, ya bajo amenaza de los carteles de la droga y ahora con la presión de las autoridades, optaron por la autocensura.
La guerra de México contra las drogas cumplirá ocho años en enero. Lanzada por Calderón después de unas elecciones muy contestadas, se basa en la captura de los capos del narcotráfico y el despliegue masivo del ejército en las regiones más problemáticas. EE UU la apoya en el marco de la Iniciativa Mérida y más allá, ya que responde a sus propios lineamientos de política antidroga. Desde 2006, en torno a 70000 personas han muerto y 27000 han desaparecido.
Las líneas estratégicas no cambiaron con Peña Nieto y tampoco los resultados. No sólo mantuvo la militarización, sino que decidió dar más autonomía a las fuerzas armadas y policiales. Entre enero y septiembre de este año, más de 90000 soldados participaron en casi 220000 operativos, y la media de soldados en las calles es de 37000 cada día. Las Bases de Operación Mixta policial y militar han pasado de 97 a 141 con el actual Gobierno.
La captura de capos y el despliegue militar provocan una fragmentación y descentralización del crimen organizado. La violencia aumenta debido a las luchas internas para ocupar el poder, la ruptura en diversos grupos que compiten entre sí y los enfrentamientos con las fuerzas del Estado. Esas rupturas y cambios de liderazgo también impulsan una recomposición de las alianzas políticas y con la fuerza pública (especialmente policías locales y estatales que se convierten en instrumentos de esta guerra). A la vez, esos grupos más pequeños diversifican sus actividades hacia otros crímenes como los secuestros, extorsión y tráfico de personas.
Sólo en el año 2013 murieron 16000 personas más. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE) muestra un aumento del 25% en los secuestros que rozaron los 132000 casos. Un 93% de los delitos no son investigados y muchos ni siquiera se denuncian ya que los ciudadanos desconfían de las autoridades o las temen. Según la organización internacional Artículo 19, un periodista mexicano recibe una agresión (ataque, amenaza, intimidación, detención) cada 29 horas como promedio. Un 42% procede de funcionarios públicos.
Las fuerzas armadas, una institución antes respetada, están envueltas en graves violaciones de los derechos humanos. En junio, el ejército torturó y ejecutó a sangre fría a 21 personas en Tlatlaya (Estado de México), entre ellas varios menores de edad. La respuesta siguió la pauta habitual: atribuir a las víctimas vínculos con el crimen organizado y presentar el incidente como un enfrentamiento armado. Sólo la persistencia de algunos medios y testigos llevó a una rectificación parcial. Pero la escena del crimen no fue investigada hasta septiembre y el resultado hasta ahora son tres soldados acusados de homicidio.
Lo extraño de este caso no es que sea infrecuente sino que haya sido investigado. Según WOLA, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 1195 denuncias contra soldados en 2013 frente a 398 en 2007. Estos casos incluyen torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias y desapariciones.
En el caso de los estudiantes desaparecidos en Guerrero la inoperancia -o peor, indiferencia- de las autoridades ha sido similar. Las investigaciones iniciales apuntaron al cartel de los Guerreros Unidos, un grupo nacido de la fragmentación del imperio Beltrán Leyva. Pero los vínculos del alcalde de la localidad y su esposa eran conocidos, así como el hecho de que habían puesto a la policía municipal al servicio del crimen organizado. Por mucho tiempo, el Gobierno federal ignoró esas denuncias.
Tras los incidentes, Peña Nieto tardó diez días en hacer una declaración oficial instando a esclarecer los hechos y localizar a los estudiantes. Horas después se anunció el envío de la Gendarmería. El gobierno aún intenta relegar la cuestión al ámbito local (negando la responsabilidad del Gobierno federal) y los estudiantes siguen desaparecidos.
Ni Tlatlaya ni Atzoyinapa son episodios aislados. En Iguala, tras la presión pública se han encontrado fosas comunes con más de 30 cuerpos, ninguno de los cuales corresponde a los estudiantes. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha denunciado que la guerra contra las drogas crea una situación de graves violaciones de los derechos humanos por parte de grupos criminales y autoridades a diversos niveles del gobierno, en una atmósfera de impunidad donde la mayoría de los crímenes no se persiguen ni castigan.
El investigador y académico de la Universidad de Columbia Edgardo Buscaglia lleva años reclamando más apoyo internacional para romper el pacto de impunidad que existe en México y la corrupción política que incentiva al crimen organizado y lo impulsa a la violencia, al captar a representantes políticos y usarlos para atacar a sus adversarios. Hoy, denuncia el silencio en la Unión Europea por los grandes negocios que se abren a sus empresas y lo atribuye a que "el dinero ha callado las conciencias". John Ackerman, profesor de la UNAM y columnista, señala que sería irresponsable que Washington siguiera financiando la guerra mexicana contra las drogas en este contexto.
La guerra contra las drogas está provocando inseguridad y violaciones de los derechos humanos en México, Colombia y toda Centroamérica. Los problemas se expanden dentro de cada país y se trasladan a otros. Y los datos sobre violencia no lo dicen todo. El área andina sigue produciendo cocaína en cantidad suficiente para abastecer el mercado, y el 90% de la que se consume en EE UU -el primer mercado del mundo-, llega a través de la frontera mexicana. Los grupos involucrados (ilegales y/o corruptos) se adaptan, cambian, se reorganizan y sobreviven y las drogas siguen fluyendo a los mercados. El rastro de violencia y derrumbe de las instituciones que dejan atrás es un legado duradero.
Mabel González Bustelo acaba de publicar Crimen organizado y narcotráfico. ¿Hay alternativas? (Icaria, 2014).