En su desesperado afán por asentarse en el sillón presidencial, tras el golpe de Estado en Egipto que lideró el 3 de julio del pasado año, Abdelfatah al Sisi se marcó inicialmente dos prioridades: mejorar la penosa situación económica heredada y garantizar la seguridad del país.
Hoy, los datos macroeconómicos siguen sin mostrar ningún tipo de mejora, mientras la ayuda exterior (tanto de Arabia Saudí y otros países del Golfo (excepto Catar), como de Estados Unidos y la Unión Europea) no logra compensar el significativo derrumbe de la inversión extranjera y del turismo. Igualmente, en términos microeconómicos, la gran mayoría de los 82 millones de egipcios sigue viendo insatisfechas sus necesidades básicas, mientras el desempleo sigue castigando especialmente a una juventud cada vez más frustrada. Tan solo el Canal de Suez mantiene un positivo nivel de actividad, con unos ingresos que en septiembre llegaron a los 469,7 millones de dólares (aun así, por debajo de los 510 registrados en agosto). De poco sirve en ese contexto anunciar faraónicos planes para construir un segundo canal, paralelo al anterior a lo largo de 72km- cuando no hay financiación asegurada para ello-, o para irrigar hasta 1,6 millones de hectáreas con aguas subterráneas no renovables- en un país con graves carencias en ese terreno y con la oposición mayoritaria de los especialistas.
En todo caso, la gestión diaria de Al Sisi está volcada, de manera más destacada, en el ámbito de la seguridad, entendida equivocadamente como estabilidad a toda costa. Ya desde el arranque de su gestión no tuvo duda en calificar a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista, iniciando así una persecución de sus dirigentes y simpatizantes que ha supuesto el encarcelamiento de más de 20000 personas y la muerte violenta de unas 2000 desde su llegada al poder. En una dinámica que no solo recupera comportamientos de Hosni Mubarak, sino que los supera con creces, Al Sisi no ha tenido reparo en imponer drásticas medidas que laminan tanto la oposición política como la labor de las organizaciones de la sociedad civil.
Así, mientras sostiene públicamente que no existen límites a la libertad de expresión, confisca todos los ejemplares del diario Al Masry Al Youm- por una entrevista con un antiguo espía egipcio que no había recibido la obligada autorización de las autoridades de seguridad. Del mismo modo, ha encarcelado a periodistas de Al Jazeera y acaba de condenar a tres años de cárcel a Sanaa Seif, editor del multipremiado documental La Plaza, por sus protestas contra la norma que prohíbe cualquier reunión de carácter político (un criterio utilizado a discreción de la voluntad de las autoridades) si no recibe el permiso correspondiente de los encargados de seguridad.
En cuanto a las organizaciones no gubernamentales, el próximo día se cierra el plazo para que todas deban registrarse obligatoriamente ante la Administración estatal (echando mano de una ley de la época de Mubarak), lo que implica su sometimiento al control gubernamental. Un control que puede llevar aparejada la cadena perpetua para los responsables de aquellas organizaciones que reciban fondos desde el exterior, cuando sus actividades atenten contra la seguridad nacional o los intereses nacionales (una denominación genérica que deja las manos libres a las autoridades).
En ese contexto, el grave ataque del pasado 24 de octubre- contra los puestos militares de Sheikh Zuweid (con 30 soldados muertos) y de Al Arish (con 3 víctimas mortales), perpetrado probablemente por los yihadistas de Ansar Beit Al Maqdis, que desde hace más de un año actúan preferentemente en la península del Sinaí-, no ha hecho más que incrementar la obsesión securitaria y represiva. Es bien cierto que el Sinaí se ha convertido desde hace tiempo en un zona descontrolada, como resultado del prolongado abandono por parte de diferentes Gobiernos egipcios, y está siendo crecientemente empleado por quienes alimentan con armas y material de todo tipo a los grupos violentos que se mueven en la Franja de Gaza, y por quienes aprovechan el descontrol para atacar tanto intereses israelíes como a las nuevas autoridades en El Cairo. Desde esa perspectiva (y dado que se trata del más grave ataque sufrido en décadas por las fuerzas egipcias en su propio territorio) puede entenderse la inmediata respuesta gubernamental, reforzando el despliegue de tropas en la zona y eliminando a ocho terroristas (uno de ellos, al parecer, implicado en los ataques citados).
Pero más allá de eso, de poco sirven las acusaciones (sin datos) del propio Al Sisi sobre la conspiración extranjera que estaría detrás del ataque y, mucho menos, su decisión de ampliar los poderes de los tribunales militares para perseguir y enjuiciar a civiles implicados en actividades que pueden ir desde el bloqueo de una carretera a la destrucción de una propiedad pública. Por este camino, no es probable que Egipto supere sus problemas.
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Hoy, los datos macroeconómicos siguen sin mostrar ningún tipo de mejora, mientras la ayuda exterior (tanto de Arabia Saudí y otros países del Golfo (excepto Catar), como de Estados Unidos y la Unión Europea) no logra compensar el significativo derrumbe de la inversión extranjera y del turismo. Igualmente, en términos microeconómicos, la gran mayoría de los 82 millones de egipcios sigue viendo insatisfechas sus necesidades básicas, mientras el desempleo sigue castigando especialmente a una juventud cada vez más frustrada. Tan solo el Canal de Suez mantiene un positivo nivel de actividad, con unos ingresos que en septiembre llegaron a los 469,7 millones de dólares (aun así, por debajo de los 510 registrados en agosto). De poco sirve en ese contexto anunciar faraónicos planes para construir un segundo canal, paralelo al anterior a lo largo de 72km- cuando no hay financiación asegurada para ello-, o para irrigar hasta 1,6 millones de hectáreas con aguas subterráneas no renovables- en un país con graves carencias en ese terreno y con la oposición mayoritaria de los especialistas.
En todo caso, la gestión diaria de Al Sisi está volcada, de manera más destacada, en el ámbito de la seguridad, entendida equivocadamente como estabilidad a toda costa. Ya desde el arranque de su gestión no tuvo duda en calificar a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista, iniciando así una persecución de sus dirigentes y simpatizantes que ha supuesto el encarcelamiento de más de 20000 personas y la muerte violenta de unas 2000 desde su llegada al poder. En una dinámica que no solo recupera comportamientos de Hosni Mubarak, sino que los supera con creces, Al Sisi no ha tenido reparo en imponer drásticas medidas que laminan tanto la oposición política como la labor de las organizaciones de la sociedad civil.
Así, mientras sostiene públicamente que no existen límites a la libertad de expresión, confisca todos los ejemplares del diario Al Masry Al Youm- por una entrevista con un antiguo espía egipcio que no había recibido la obligada autorización de las autoridades de seguridad. Del mismo modo, ha encarcelado a periodistas de Al Jazeera y acaba de condenar a tres años de cárcel a Sanaa Seif, editor del multipremiado documental La Plaza, por sus protestas contra la norma que prohíbe cualquier reunión de carácter político (un criterio utilizado a discreción de la voluntad de las autoridades) si no recibe el permiso correspondiente de los encargados de seguridad.
En cuanto a las organizaciones no gubernamentales, el próximo día se cierra el plazo para que todas deban registrarse obligatoriamente ante la Administración estatal (echando mano de una ley de la época de Mubarak), lo que implica su sometimiento al control gubernamental. Un control que puede llevar aparejada la cadena perpetua para los responsables de aquellas organizaciones que reciban fondos desde el exterior, cuando sus actividades atenten contra la seguridad nacional o los intereses nacionales (una denominación genérica que deja las manos libres a las autoridades).
En ese contexto, el grave ataque del pasado 24 de octubre- contra los puestos militares de Sheikh Zuweid (con 30 soldados muertos) y de Al Arish (con 3 víctimas mortales), perpetrado probablemente por los yihadistas de Ansar Beit Al Maqdis, que desde hace más de un año actúan preferentemente en la península del Sinaí-, no ha hecho más que incrementar la obsesión securitaria y represiva. Es bien cierto que el Sinaí se ha convertido desde hace tiempo en un zona descontrolada, como resultado del prolongado abandono por parte de diferentes Gobiernos egipcios, y está siendo crecientemente empleado por quienes alimentan con armas y material de todo tipo a los grupos violentos que se mueven en la Franja de Gaza, y por quienes aprovechan el descontrol para atacar tanto intereses israelíes como a las nuevas autoridades en El Cairo. Desde esa perspectiva (y dado que se trata del más grave ataque sufrido en décadas por las fuerzas egipcias en su propio territorio) puede entenderse la inmediata respuesta gubernamental, reforzando el despliegue de tropas en la zona y eliminando a ocho terroristas (uno de ellos, al parecer, implicado en los ataques citados).
Pero más allá de eso, de poco sirven las acusaciones (sin datos) del propio Al Sisi sobre la conspiración extranjera que estaría detrás del ataque y, mucho menos, su decisión de ampliar los poderes de los tribunales militares para perseguir y enjuiciar a civiles implicados en actividades que pueden ir desde el bloqueo de una carretera a la destrucción de una propiedad pública. Por este camino, no es probable que Egipto supere sus problemas.
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