En el origen del constitucionalismo europeo estuvo el lema "no taxation without representation". Millones de europeos nos gritan hoy a sus representantes que no habrá "fair representation without fair taxation".
Exactamente por eso, la comparecencia del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, forzada la semana pasada por el Parlamento Europeo, se convirtió en el primer gran debate político del nuevo mandato.
Lo fue, efectivamente, por abordar el tema que mejor refleja el pésimo estado en que se encuentra la UE: desigualdad e injusticia creciente en el reparto de los sacrificios de esta interminable crisis, que, como he sostenido a lo largo de los años, no es sólo económica y financiera, sino que se ha convertido, hace demasiado tiempo tiempo, en una auténtica crisis social y democrática.
Y en su trasfondo sobresale una causa de ese mal: la inequidad tributaria, la elusión fiscal, y el fraude y la lenidad con los paraísos fiscales.
La revelación de los acuerdos secretos alcanzados entre el Gran Ducado de Luxemburgo y empresas multinacionales no constituyen sorpresa ni novedad alguna. Son la confirmación de una realidad inaceptable que muchos eurodiputados hemos venido denunciando invariablemente. Los trabajadores pagan sus impuestos, pero las multinacionales no; y para colmo, se permiten elegir dónde no los pagan.
Eso se tiene que acabar. Y para ello no basta con una declaración ritual de Juncker en sede europarlamentaria. Hay que investigar cómo hemos llegado hasta aquí. Y hay que actuar contra eso con máxima severidad. Y eso exige cooperación transparente en materia fiscal entre los Estados miembros y una mayor armonización en este campo. Pero exige, sobre todo, garantizar que las grandes fortunas y las multinacionales van a pagar todos sus impuestos, y no donde ellas elijan, sino donde generen sus beneficios.
En esta hora dificilísima hora europea de rigor mortis austericida, es simplemente grotesco que algunas de las más grandes empresas estén pagando impuestos que apenas suponen el 1% de sus beneficios anuales, y que además lo hagan en Estados miembros de la UE distintos de donde generan esos beneficios.
Resulta especialmente sangrante que el responsable político de este desvergonzado cuadro de injusticia tributaria uese Jean Claude Juncker, ministro de finanzas y primer ministro de Luxemburgo, país en el que se perpetraba ese inaceptable, insolidario y prolongado dumping fiscal. El mismo Juncker que, como presidente del Eurogrupo, extendió la receta de la "consolidación fiscal" -recortes antisociales y más recortes- y ajustes a todo precio como supuesta salida de la crisis. Con una mano imponía medicina de caballo a las economías más maltrechas de la zona euro, profundizando en la crisis y sus dramáticas consecuencias en términos de empobrecimiento y paro, mientras que con la otra mano captaba con descaro recursos fiscales detraídos de esos mismos países en su propio beneficio.
No resulta ocioso recordar que Luxemburgo tenía la renta per cápita más alta del mundo y un paro muy bajo en el periodo en el que se vinieron produciendo esas prácticas inaceptablemente desleales. Ni tampoco que, con todo, no estamos ante un caso aislado; existen otros países europeos, entre ellos Irlanda y Holanda, y, en otros ámbitos, Bélgica, que han incurrido en prácticas parecidas, siguiendo la misma lógica que utilizan esas multinacionales y grandes fortunas que han forzado hasta el paroxismo el marco normativo fiscal existente al servicio de sus propia estrategias evasoras.
Este caso luxleaks no ha hecho sino confirmar, una vez más, la existencia de los defectos congénitos del euro, maximizados por una política monetaria encorsetada y hecha a la medida de Alemania con el único objetivo de asegurar la estabilidad de precios. Una situación que se muestra ayuna de una política fiscal que auspicie una armonización de los rendimientos del capital. Es éste un modelo perverso que aboca a los Estados que más padecen la crisis a la vía de la devaluación interna como única alternativa para aumentar su competitividad.
En este contexto de indecibles padecimientos sociales para muchos países europeos, la constatación de lo ocurrido en Luxemburgo resulta profundamente hiriente. Como suele ocurrir siempre con estas prácticas, el secretismo es el manto que oculta la estrategia fiscal evasora. Con ser sumamente injusto, lo ocurrido daña de forma nefasta la credibilidad de la UE en su proclamada lucha contra los paraísos fiscales. La misma lucha contra los paraísos tan frecuentemente cacareada en los albores de la crisis, que, lejos de haberse visto impugnados por ésta, les ha permitido vivir a día de hoy una nueva época dorada.
Los socialistas españoles teníamos razón cuando expresamos nuestra oposición a Juncker como Presidente de la Comisión. No era nuestro candidato.
La única redención efectiva de su elección mayoritaria como presidente de la Comisión pasa ya por reformas legislativas de calado que pongan fin a la concurrencia fiscal desleal en el seno de la UE y por la rendición de cuentas de multinacionales y Gobiernos en materia de ingresos tributarios. De no ser así, podrían confirmarse los peores presagios; quien fue presentado por sus patrocinadores como un viejo sabueso, experimentado muñidor de Gobiernos de coalición, podría mostrarse de nuevo como un zorro al cuidado de un inerme gallinero.