A principios de mes, una agencia informativa publicaba "las cifras de la corrupción en España" donde llamaba la atención el número de imputados por delitos de corrupción (unos 500), y las causas que se estiman abiertas (unas 1900). Más llamativo es, a mi modo de ver, el número de sentenciados a prisión: treinta.
En cualquier caso, me parece curioso que lo menos llamativo de esta noticia sea que gran parte de estos 500 imputados hayan ocupado cargos en partidos políticos o en la Administración Publica. Este hecho se considera hoy en día entre la ciudadanía algo tan normal y estándar que incluso volvemos a votar a aquellos políticos imputados o con causas abiertas por corrupción.
A raíz de estos casos, es cuando realmente me doy cuenta que la corrupción es un problema social de gran envergadura en España. No por los números de escándalo que acabo de mencionar, sino porque todavía no le hemos atribuido la gravedad que se merece. Parece que robar o utilizar dinero del contribuyente para el beneficio propio es algo a lo que los españoles nos hemos acostumbrado. Nos limitamos a quejarnos e indignarnos, y habitualmente respondemos de dos formas:
1) Volvemos a las urnas convencidos de que: "Total, todos van a hacer lo mismo. Mejor voto al que se ajusta a lo que creo que me interesa".
2) No volvemos a las urnas y dejamos que los que sí lo hacen, reelijan incluso a presuntos criminales.
Retomando el tema de los imputados por corrupción, parece ser que de los 500 que se conoce, se ha emitido sentencia condenatoria para 170 de ellos, de los que, como señalaba antes, solo 30 fueron finalmente condenados a prisión. Al parecer, la gravedad de los actos de los restantes 140 imputados no cualificaban para el ingreso en prisión.
La Fiscalía Anticorrupción, que forma parte del Ministerio Fiscal, es la encargada de investigar los casos de corrupción en la Administración Publica. Una vez haya recabado suficiente información y evidencias, estas se remiten a los tribunales y jueces competentes (como la Audiencia Nacional) que son los que finalmente determinan el castigo, o dicho de otro modo, imponen la sentencia condenatoria que estiman pertinente de acuerdo a lo que Código Penal permite y a la gravedad del hecho en concreto.
Considerando lo expuesto hasta ahora, lo que realmente no me cuadra es la estadística mediante la cual la Fiscalía Anticorrupción expresa "satisfacción" al lograr que más del 90% (es decir, 9 de cada 10) de los casos en los que han intervenido, hayan concluido con sentencia condenatoria.
Tomemos, por ejemplo, los 170 imputados de los que se ha emitido sentencia condenatoria, de los cuales solo 30 han sido encarcelados. Asumiendo que la Fiscalía Anticorrupción ha intervenido en casi todos ellos (si no todos), hay algo que no está funcionando correctamente, a mi juicio.
Con todos los casos de corrupción que han visto la luz pública en los últimos años, incluyendo macrocausas como los ERE de Andalucía o el Caso Gürtel, sólo los actos de 30 individuos han podido probarse como suficientemente graves, como para que la Justicia recomendase prisión. No parece esta una estadística de la que se pueda estar muy orgulloso, la verdad.
Las cárceles españolas están abarrotadas. Somos de los países de Europa con mayor población penitenciaria, y ello puede estar motivando la decisión de los jueces de no encarcelar a personas que, al fin y al cabo, solamente roban dinero del contribuyente. Pero mucho, mucho dinero. Contribuyentes que ven sus casas embargadas y que no pueden conseguir trabajo para mantener a su familia... Y yo me pregunto: ¿Estamos encarcelando a quienes deberíamos?
Quizás el aparato de Anticorrupción español no haya sido diseñado como debería. Quizás el Poder Judicial español posea demasiada injerencia o mano desde el Poder Ejecutivo. Quizás ambos son un mero reflejo de la importancia que nosotros, los ciudadanos, realmente estamos dando al problema de la corrupción.
En cualquier caso, me parece curioso que lo menos llamativo de esta noticia sea que gran parte de estos 500 imputados hayan ocupado cargos en partidos políticos o en la Administración Publica. Este hecho se considera hoy en día entre la ciudadanía algo tan normal y estándar que incluso volvemos a votar a aquellos políticos imputados o con causas abiertas por corrupción.
A raíz de estos casos, es cuando realmente me doy cuenta que la corrupción es un problema social de gran envergadura en España. No por los números de escándalo que acabo de mencionar, sino porque todavía no le hemos atribuido la gravedad que se merece. Parece que robar o utilizar dinero del contribuyente para el beneficio propio es algo a lo que los españoles nos hemos acostumbrado. Nos limitamos a quejarnos e indignarnos, y habitualmente respondemos de dos formas:
1) Volvemos a las urnas convencidos de que: "Total, todos van a hacer lo mismo. Mejor voto al que se ajusta a lo que creo que me interesa".
2) No volvemos a las urnas y dejamos que los que sí lo hacen, reelijan incluso a presuntos criminales.
Retomando el tema de los imputados por corrupción, parece ser que de los 500 que se conoce, se ha emitido sentencia condenatoria para 170 de ellos, de los que, como señalaba antes, solo 30 fueron finalmente condenados a prisión. Al parecer, la gravedad de los actos de los restantes 140 imputados no cualificaban para el ingreso en prisión.
La Fiscalía Anticorrupción, que forma parte del Ministerio Fiscal, es la encargada de investigar los casos de corrupción en la Administración Publica. Una vez haya recabado suficiente información y evidencias, estas se remiten a los tribunales y jueces competentes (como la Audiencia Nacional) que son los que finalmente determinan el castigo, o dicho de otro modo, imponen la sentencia condenatoria que estiman pertinente de acuerdo a lo que Código Penal permite y a la gravedad del hecho en concreto.
Considerando lo expuesto hasta ahora, lo que realmente no me cuadra es la estadística mediante la cual la Fiscalía Anticorrupción expresa "satisfacción" al lograr que más del 90% (es decir, 9 de cada 10) de los casos en los que han intervenido, hayan concluido con sentencia condenatoria.
Tomemos, por ejemplo, los 170 imputados de los que se ha emitido sentencia condenatoria, de los cuales solo 30 han sido encarcelados. Asumiendo que la Fiscalía Anticorrupción ha intervenido en casi todos ellos (si no todos), hay algo que no está funcionando correctamente, a mi juicio.
Con todos los casos de corrupción que han visto la luz pública en los últimos años, incluyendo macrocausas como los ERE de Andalucía o el Caso Gürtel, sólo los actos de 30 individuos han podido probarse como suficientemente graves, como para que la Justicia recomendase prisión. No parece esta una estadística de la que se pueda estar muy orgulloso, la verdad.
Las cárceles españolas están abarrotadas. Somos de los países de Europa con mayor población penitenciaria, y ello puede estar motivando la decisión de los jueces de no encarcelar a personas que, al fin y al cabo, solamente roban dinero del contribuyente. Pero mucho, mucho dinero. Contribuyentes que ven sus casas embargadas y que no pueden conseguir trabajo para mantener a su familia... Y yo me pregunto: ¿Estamos encarcelando a quienes deberíamos?
Quizás el aparato de Anticorrupción español no haya sido diseñado como debería. Quizás el Poder Judicial español posea demasiada injerencia o mano desde el Poder Ejecutivo. Quizás ambos son un mero reflejo de la importancia que nosotros, los ciudadanos, realmente estamos dando al problema de la corrupción.