No tienes que ser un activista por los derechos humanos para saber que ser lesbiana, gay, bisexual o transexual puede hacer que te maten en, prácticamente, cualquier lugar del mundo.
Tristemente podemos citar numerosos ejemplos: el asesinato en el 2012 del activista por los derechos LGBT Erick Alexander Martinez Avila en Honduras; el brutal asesinato en el 2013 de Eric Lembembe, un activista abiertamente gay en Camerún; y, hace solo unas semanas, el terrible asesinato de Jennifer Laude, una mujer trans en Filipinas.
Además, existe un sin número de casos sin nombre; las deprimentes estadísticas en numerosos reportes de grupos locales e internacionales por los derechos humanos, así como en las Naciones Unidas.
Comúnmente aquellas personas responsables por estos casos de violencia rara vez son llevadas a la justicia. La persecución judicial ocurre solamente en las ocasiones en que los activistas LGBT ejercen un alto grado de presión, quienes también ponen en riesgo sus propias vidas y libertades por esta causa.
Esta semana, las Naciones Unidas buscó encontrarle un remedio a esta situación.
El comité principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas que ve temas de derechos humanos adoptó una versión actualizada de una resolución bianual que demanda justicia para todos los asesinatos motivados por discriminación, incluyendo los asesinatos motivados por la orientación sexual o identidad de género real o percibida de un individuo. Solo un país votó en contra de esta resolución (la isla de Kiribati), aunque posteriormente cambió su voto por una abstención. La versión del año 2012 de esta resolución había tenido 35 países co-patrocinadores; la resolución de este año tiene casi el doble, con 63 países co-patrocinadores.
La votación refleja una evolución en el razonamiento que se ha convertido en un amplio consenso entre las diferentes naciones del mundo: ninguna persona debe ser asesinada por ser quien es, y los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales deberían ser pronta e independientemente investigadas.
Sin embargo, este punto de vista deja de lado un hecho importante en el proceso que llevó a la adopción de la resolución.
Durante las negociaciones de la resolución, un grupo de países liderados por Egipto y Arabia Saudita propuso la eliminación del lenguaje que hace referencia a aquellos grupos de personas que, según muestran las investigaciones, se encuentran en mayor riesgo de muerte.
El texto que estos países querían eliminar hace referencia a aquellas personas que son sujetas a violencia por motivos de raza; a personas de diversas etnias o nacionalidades; a minorías por religión o lengua; a quienes son sujetos de violencia por su orientación sexual o identidad de género; a las personas afectadas por el terrorismo, la toma de rehenes o a quienes viven en situación de ocupación extranjera; a los desplazados internos; los migrantes; los niños que viven en las calles; los miembros de las comunidades indígenas; los defensores de los derechos humanos; los abogados; los periodistas; los manifestantes; y aquellos que son atacados por razones relacionadas al "honor".
De manera superficial podría parecer razonable la eliminación de estas especificaciones en una resolución que trata sobre las ejecuciones extrajudiciales en general. Egipto, Arabia Saudita y otros países argumentaron que eliminar a los grupos específicos permitiría una apertura del texto para una interpretación mucho más amplia.
Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario. Nosotros en IGLHRC sabemos muy bien que de no ser que las víctimas de violencia a causa de su orientación sexual o identidad de género están explícitamente incluidas en los esfuerzos por protegerlas, serán dejadas de lado.
Esto se ha dejado en claro, por ejemplo, en una nueva publicación de IGLHRC y sus socios, MADRE y la Organización para la Libertad de las Mujeres en Iraq. La publicación, When Coming Out is a Death Sentence, descubre graves violaciones a los derechos humanos y un nivel brutal de violencia hacia los iraquíes LGBT, donde los asesinatos motivados por la orientación sexual e identidad de género no son castigados. En junio de este año, por ejemplo, dos jóvenes adolescentes que se pensaba que eran gay fueron asesinados y decapitados en Bagdad, y sus cabezas fueron arrojadas a la basura. Ninguna persona ha sido llevada a la justicia.
De igual forma la justicia es evasiva para las demás categorías mencionadas en la resolución adoptada ayer por la ONU. Por esta razón, la semana pasada 30 organizaciones de derechos humanos se unieron para protestar por la propuesta de eliminación del lenguaje específico, enviando una petición directa a todos los estados miembros de las Naciones Unidas para que protejan el derecho a la vida de todas las personas, votando en contra de la propuesta de Egipto y los demás países.
Afortunadamente la petición fue acogida, y la propuesta para eliminar el lenguaje específico fue rechazada por un voto de 82-53.
Es importante saber que el objetivo real de la propuesta no era la lista en sí, sino un solo subgrupo dentro de ella: los individuos asesinados por motivo de orientación sexual o identidad de género real o percibida. Esto se hizo evidente en el debate que precedió la votación de la resolución y la enmienda propuesta, en el cual un grupo de países intentó desesperadamente justificar por qué eliminarían protecciones para defensores de los derechos humanos y para aquellos bajo ocupación extranjera solamente para evitar extender estas mismas protecciones a las personas LGBT.
Seamos claros. Lo que Egipto, Arabia Saudita y los demás 51 países que votaron a favor de excluir a los grupos vulnerables de esta resolución quieren decir es que algunas personas no merecen justicia. Y esas personas incluyen a Erick Martínez, Eric Lembembe, Jennifer Laude, y todas las personas y activistas LGBT que han sido asesinados por ser quienes son.
La resolución de la ONU envía una señal a todo el mundo: no importa quiénes somos, a quiénes amemos o dónde vivamos. Todos merecemos justicia.
(Publicado en HuffingtonPost en inglés. Traducción: Gabriela Zavaleta Vera)
Tristemente podemos citar numerosos ejemplos: el asesinato en el 2012 del activista por los derechos LGBT Erick Alexander Martinez Avila en Honduras; el brutal asesinato en el 2013 de Eric Lembembe, un activista abiertamente gay en Camerún; y, hace solo unas semanas, el terrible asesinato de Jennifer Laude, una mujer trans en Filipinas.
Además, existe un sin número de casos sin nombre; las deprimentes estadísticas en numerosos reportes de grupos locales e internacionales por los derechos humanos, así como en las Naciones Unidas.
Comúnmente aquellas personas responsables por estos casos de violencia rara vez son llevadas a la justicia. La persecución judicial ocurre solamente en las ocasiones en que los activistas LGBT ejercen un alto grado de presión, quienes también ponen en riesgo sus propias vidas y libertades por esta causa.
Esta semana, las Naciones Unidas buscó encontrarle un remedio a esta situación.
El comité principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas que ve temas de derechos humanos adoptó una versión actualizada de una resolución bianual que demanda justicia para todos los asesinatos motivados por discriminación, incluyendo los asesinatos motivados por la orientación sexual o identidad de género real o percibida de un individuo. Solo un país votó en contra de esta resolución (la isla de Kiribati), aunque posteriormente cambió su voto por una abstención. La versión del año 2012 de esta resolución había tenido 35 países co-patrocinadores; la resolución de este año tiene casi el doble, con 63 países co-patrocinadores.
La votación refleja una evolución en el razonamiento que se ha convertido en un amplio consenso entre las diferentes naciones del mundo: ninguna persona debe ser asesinada por ser quien es, y los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales deberían ser pronta e independientemente investigadas.
Sin embargo, este punto de vista deja de lado un hecho importante en el proceso que llevó a la adopción de la resolución.
Durante las negociaciones de la resolución, un grupo de países liderados por Egipto y Arabia Saudita propuso la eliminación del lenguaje que hace referencia a aquellos grupos de personas que, según muestran las investigaciones, se encuentran en mayor riesgo de muerte.
El texto que estos países querían eliminar hace referencia a aquellas personas que son sujetas a violencia por motivos de raza; a personas de diversas etnias o nacionalidades; a minorías por religión o lengua; a quienes son sujetos de violencia por su orientación sexual o identidad de género; a las personas afectadas por el terrorismo, la toma de rehenes o a quienes viven en situación de ocupación extranjera; a los desplazados internos; los migrantes; los niños que viven en las calles; los miembros de las comunidades indígenas; los defensores de los derechos humanos; los abogados; los periodistas; los manifestantes; y aquellos que son atacados por razones relacionadas al "honor".
De manera superficial podría parecer razonable la eliminación de estas especificaciones en una resolución que trata sobre las ejecuciones extrajudiciales en general. Egipto, Arabia Saudita y otros países argumentaron que eliminar a los grupos específicos permitiría una apertura del texto para una interpretación mucho más amplia.
Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario. Nosotros en IGLHRC sabemos muy bien que de no ser que las víctimas de violencia a causa de su orientación sexual o identidad de género están explícitamente incluidas en los esfuerzos por protegerlas, serán dejadas de lado.
Esto se ha dejado en claro, por ejemplo, en una nueva publicación de IGLHRC y sus socios, MADRE y la Organización para la Libertad de las Mujeres en Iraq. La publicación, When Coming Out is a Death Sentence, descubre graves violaciones a los derechos humanos y un nivel brutal de violencia hacia los iraquíes LGBT, donde los asesinatos motivados por la orientación sexual e identidad de género no son castigados. En junio de este año, por ejemplo, dos jóvenes adolescentes que se pensaba que eran gay fueron asesinados y decapitados en Bagdad, y sus cabezas fueron arrojadas a la basura. Ninguna persona ha sido llevada a la justicia.
De igual forma la justicia es evasiva para las demás categorías mencionadas en la resolución adoptada ayer por la ONU. Por esta razón, la semana pasada 30 organizaciones de derechos humanos se unieron para protestar por la propuesta de eliminación del lenguaje específico, enviando una petición directa a todos los estados miembros de las Naciones Unidas para que protejan el derecho a la vida de todas las personas, votando en contra de la propuesta de Egipto y los demás países.
Afortunadamente la petición fue acogida, y la propuesta para eliminar el lenguaje específico fue rechazada por un voto de 82-53.
Es importante saber que el objetivo real de la propuesta no era la lista en sí, sino un solo subgrupo dentro de ella: los individuos asesinados por motivo de orientación sexual o identidad de género real o percibida. Esto se hizo evidente en el debate que precedió la votación de la resolución y la enmienda propuesta, en el cual un grupo de países intentó desesperadamente justificar por qué eliminarían protecciones para defensores de los derechos humanos y para aquellos bajo ocupación extranjera solamente para evitar extender estas mismas protecciones a las personas LGBT.
Seamos claros. Lo que Egipto, Arabia Saudita y los demás 51 países que votaron a favor de excluir a los grupos vulnerables de esta resolución quieren decir es que algunas personas no merecen justicia. Y esas personas incluyen a Erick Martínez, Eric Lembembe, Jennifer Laude, y todas las personas y activistas LGBT que han sido asesinados por ser quienes son.
La resolución de la ONU envía una señal a todo el mundo: no importa quiénes somos, a quiénes amemos o dónde vivamos. Todos merecemos justicia.
(Publicado en HuffingtonPost en inglés. Traducción: Gabriela Zavaleta Vera)