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Hace pocos días, en una estrepitosa rueda de prensa, el presidente extremeño José Antonio Monago explicó -en calidad de persona y no de político, aclaró; difícil saber, pues, en qué categoría clasifica a las y los políticos- que si, por ejemplo, cuando vas a Madrid te paras a comer un bocado y lo tomas sentada en la barra del establecimiento te salvas de la corrupción, eres inmune a ella (¿sabrán distinguir entre «inmunidad» y «impunidad»?). En cambio, si tienes antena parabólica, ¡ay, ay, ay!, la corrupción te ronda. Unos criterios francamente agradecidos dado que son objetivos y meridianamente claros. No se sabe por qué su correligionaria Esperanza Aguirre no los aplica en los castings que últimamente ha inaugurado para sustituir a los alcaldes imputados de su área de influencia en el cinturón de Madrid. Podría ahorrarse las astutas y capciosas preguntas que les hace para comprobar su idoneidad. Que se lleve a la posible candidata a un bar y si ve que se sienta en una mesa, ¡malo!; que le pregunte qué tipo de antena tiene y si es -vade retro- parabólica, ¡fuera!, ¡definitivamente fuera!
Cada vez da más miedo todo. Es difícil imaginar cómo actuarían estos elementos en un caso de emergencia grave. Seguramente huirían pitando hacia Torrejón de Ardoz, abordarían un avión militar (probablemente no necesitarían ni pagarlo, ni tan siquiera con negras tarjetas) y dejarían a la población abandonada a su suerte.
Por eso es pavorosa la despreocupación creciente respecto a la ley del aborto. Hace unos días, hablando con mujeres documentadas y habitualmente informadas, me di cuenta de que pensaban que con la retirada de la reforma de la ley de aborto y la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón se había detenido definitivamente esta frenética, furiosa y desbocada locomotora. Y si bien es cierto que el tren de la libertad hizo descarrilar aquella ignominia («Asturias, patria querida») a partir de una iniciativa organizada en una cena («quien estuviera en Asturias en todas las ocasiones» o al menos aquella noche), también es cierto que el PP no ha retirado el recurso de inconstitucionalidad que presentó al Tribunal Constitucional en junio de 2010 contra la razonable ley de plazos de la ministra Bibiana Aído cuando era ministra en el Gobierno del socialista José Luis Zapatero. Han tenido cuatro años largos para retirar el recurso, pero no lo han hecho. Al contrario, este sábado se han manifestado. Que es de sobra conocido que si las manifestaciones las organiza la derecha, el PP, sí son democráticas y dignas de consideración.
Para más INRI, el ponente es nada menos que un miembro numerario del Opus Dei, Andrés Ollero, durante diecisiete años diputado del PP (fue portavoz de Educación y Justicia). A diferencia de como actuaron con el magistrado Pablo Pérez Tremps, al que recusaron y apartaron de la sentencia contra el Estatut de Cataluña por no considerarlo suficientemente puro, el PP, en 2012, no tuvo ningún escrúpulo ni empacho en nombrar a Andrés Ollero miembro del Tribunal Constitucional y ponente del recurso que nos ocupa. A pesar ser arte y parte, a pesar de que planea sobre él más que una sombra espesa de turbia incompatibilidad. Así es, como diputado no sólo opinó sino que votó.
Que no tengamos un disgusto a principios de año.
Es bien sabido que respecto a los derechos humanos, los avances cuestan mucho más que sangre, sudor lágrimas y muchas movilizaciones; la marcha atrás, los retrocesos, en cambio, son fulminantes. Muestran lo difícil que es construir y lo fácil que es destruir. Nos haremos un flaco favor si no estamos al caso y vigilantes.
Hace pocos días, en una estrepitosa rueda de prensa, el presidente extremeño José Antonio Monago explicó -en calidad de persona y no de político, aclaró; difícil saber, pues, en qué categoría clasifica a las y los políticos- que si, por ejemplo, cuando vas a Madrid te paras a comer un bocado y lo tomas sentada en la barra del establecimiento te salvas de la corrupción, eres inmune a ella (¿sabrán distinguir entre «inmunidad» y «impunidad»?). En cambio, si tienes antena parabólica, ¡ay, ay, ay!, la corrupción te ronda. Unos criterios francamente agradecidos dado que son objetivos y meridianamente claros. No se sabe por qué su correligionaria Esperanza Aguirre no los aplica en los castings que últimamente ha inaugurado para sustituir a los alcaldes imputados de su área de influencia en el cinturón de Madrid. Podría ahorrarse las astutas y capciosas preguntas que les hace para comprobar su idoneidad. Que se lleve a la posible candidata a un bar y si ve que se sienta en una mesa, ¡malo!; que le pregunte qué tipo de antena tiene y si es -vade retro- parabólica, ¡fuera!, ¡definitivamente fuera!
Cada vez da más miedo todo. Es difícil imaginar cómo actuarían estos elementos en un caso de emergencia grave. Seguramente huirían pitando hacia Torrejón de Ardoz, abordarían un avión militar (probablemente no necesitarían ni pagarlo, ni tan siquiera con negras tarjetas) y dejarían a la población abandonada a su suerte.
Por eso es pavorosa la despreocupación creciente respecto a la ley del aborto. Hace unos días, hablando con mujeres documentadas y habitualmente informadas, me di cuenta de que pensaban que con la retirada de la reforma de la ley de aborto y la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón se había detenido definitivamente esta frenética, furiosa y desbocada locomotora. Y si bien es cierto que el tren de la libertad hizo descarrilar aquella ignominia («Asturias, patria querida») a partir de una iniciativa organizada en una cena («quien estuviera en Asturias en todas las ocasiones» o al menos aquella noche), también es cierto que el PP no ha retirado el recurso de inconstitucionalidad que presentó al Tribunal Constitucional en junio de 2010 contra la razonable ley de plazos de la ministra Bibiana Aído cuando era ministra en el Gobierno del socialista José Luis Zapatero. Han tenido cuatro años largos para retirar el recurso, pero no lo han hecho. Al contrario, este sábado se han manifestado. Que es de sobra conocido que si las manifestaciones las organiza la derecha, el PP, sí son democráticas y dignas de consideración.
Para más INRI, el ponente es nada menos que un miembro numerario del Opus Dei, Andrés Ollero, durante diecisiete años diputado del PP (fue portavoz de Educación y Justicia). A diferencia de como actuaron con el magistrado Pablo Pérez Tremps, al que recusaron y apartaron de la sentencia contra el Estatut de Cataluña por no considerarlo suficientemente puro, el PP, en 2012, no tuvo ningún escrúpulo ni empacho en nombrar a Andrés Ollero miembro del Tribunal Constitucional y ponente del recurso que nos ocupa. A pesar ser arte y parte, a pesar de que planea sobre él más que una sombra espesa de turbia incompatibilidad. Así es, como diputado no sólo opinó sino que votó.
Que no tengamos un disgusto a principios de año.
Es bien sabido que respecto a los derechos humanos, los avances cuestan mucho más que sangre, sudor lágrimas y muchas movilizaciones; la marcha atrás, los retrocesos, en cambio, son fulminantes. Muestran lo difícil que es construir y lo fácil que es destruir. Nos haremos un flaco favor si no estamos al caso y vigilantes.