"Regulación del Régimen Retributivo de los máximos responsables del sector público empresarial. La retribución máxima se fija en 105.000 euros al año". La referencia es del Consejo de Ministros del 17 de febrero de 2012. ¿Recuerdan? Una solemne vicepresidenta que declara en rueda de prensa que el Gobierno ha aprobado un proyecto de Real Decreto que persigue la máxima austeridad en el sector público; que anuncia que la retribución básica no podrá exceder el cómputo anual de los 105.000 euros; que los directivos de empresas medianas cobrarán como máximo 80.0000 euros al año y las de menor tamaño, 55.000; que sobre esas bases se aplicarían complementos en función del puesto ocupado, que fijaría el Ministerio de Hacienda, y una retribución variable ligada a objetivos.
La "vicetodo" lograba colocar el titular en todos los medios: el Gobierno decreta una bajada media de entre el 25 y el 30 por ciento en las retribuciones de las empresas públicas. Y con ello transmitir que el mismo esfuerzo que se pedía a los españoles para salir de la crisis económica se imponía por decreto a los que se dedicaban a la vida pública.
Pues bien, el controvertido portal de la transparencia no nos ha servido para conocer los registros de entrada y salida en los Ministerios, ni las deliberaciones previas a la toma de decisiones en los Consejos de Ministros, ni los contratos del sector público, ni las dietas, ni los viajes de altos cargos pagados por la Administración, aunque sí para recordarnos -porque saberlo ya lo sabíamos- el desbarajuste de indemnizaciones y salarios de la Administración Pública. Con todo, lo más "edificante" ha sido comprobar que una vez ganado el titular del día, el Gobierno se pasa por el forro sus propios decretos porque el presidente de la SEPI tiene un salario anual de 210.000 euros; los de Renfe y Adif, 150.000 y los directores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Museo del Prado y la delegada de la zona franca de Vigo, más de 130.000. Unos 88 altos cargos ingresan al año algo más que los cacareados 105.000 euros. ¡Flagrante patraña.com la que nos colocó hace dos años Soraya Saénz de Santamaría!
Pero como la mentira sale gratis en política, ahí está la "vicetodo" dando lecciones de ética y estética cada viernes en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Y mientras, nosotros entretenidos con si Rajoy está bien o mal pagado, en lugar de denunciar las zonas de sombra informativa que prevé la ley, el control gubernamental del consejo de transparencia, el silencio administrativo negativo con el que a los 30 días de solicitar la información decae el derecho del ciudadano a escrutar la acción política o la ausencia de sanciones para quienes incumplan la obligación de facilitar los datos solicitados.
Pero sí, vicepresidenta, sí, los españoles estamos muy agradecidos de que este haya sido el primer Gobierno en considerar necesaria la aprobación de una norma que acabe con la opacidad en la gestión pública, a pesar de que España haya sido el último país de la UE en aprobar una legislación de este tipo, que nos hayan adelantado en esta materia hasta las democracias postcomunistas o que la calidad de nuestra democracia, 37 años después, deje tanto que desear.
De las falacias, hablamos si quiere otro día, incluida la de que la ley de seguridad aprobada la semana pasada en el Congreso es "profundamente garantista y democrática". Pero eso será el día que usted acepte que el derecho a la queja, la discrepancia, la protesta o la opinión también tienen que ver con la calidad democrática.
La "vicetodo" lograba colocar el titular en todos los medios: el Gobierno decreta una bajada media de entre el 25 y el 30 por ciento en las retribuciones de las empresas públicas. Y con ello transmitir que el mismo esfuerzo que se pedía a los españoles para salir de la crisis económica se imponía por decreto a los que se dedicaban a la vida pública.
Pues bien, el controvertido portal de la transparencia no nos ha servido para conocer los registros de entrada y salida en los Ministerios, ni las deliberaciones previas a la toma de decisiones en los Consejos de Ministros, ni los contratos del sector público, ni las dietas, ni los viajes de altos cargos pagados por la Administración, aunque sí para recordarnos -porque saberlo ya lo sabíamos- el desbarajuste de indemnizaciones y salarios de la Administración Pública. Con todo, lo más "edificante" ha sido comprobar que una vez ganado el titular del día, el Gobierno se pasa por el forro sus propios decretos porque el presidente de la SEPI tiene un salario anual de 210.000 euros; los de Renfe y Adif, 150.000 y los directores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Museo del Prado y la delegada de la zona franca de Vigo, más de 130.000. Unos 88 altos cargos ingresan al año algo más que los cacareados 105.000 euros. ¡Flagrante patraña.com la que nos colocó hace dos años Soraya Saénz de Santamaría!
Pero como la mentira sale gratis en política, ahí está la "vicetodo" dando lecciones de ética y estética cada viernes en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Y mientras, nosotros entretenidos con si Rajoy está bien o mal pagado, en lugar de denunciar las zonas de sombra informativa que prevé la ley, el control gubernamental del consejo de transparencia, el silencio administrativo negativo con el que a los 30 días de solicitar la información decae el derecho del ciudadano a escrutar la acción política o la ausencia de sanciones para quienes incumplan la obligación de facilitar los datos solicitados.
Pero sí, vicepresidenta, sí, los españoles estamos muy agradecidos de que este haya sido el primer Gobierno en considerar necesaria la aprobación de una norma que acabe con la opacidad en la gestión pública, a pesar de que España haya sido el último país de la UE en aprobar una legislación de este tipo, que nos hayan adelantado en esta materia hasta las democracias postcomunistas o que la calidad de nuestra democracia, 37 años después, deje tanto que desear.
De las falacias, hablamos si quiere otro día, incluida la de que la ley de seguridad aprobada la semana pasada en el Congreso es "profundamente garantista y democrática". Pero eso será el día que usted acepte que el derecho a la queja, la discrepancia, la protesta o la opinión también tienen que ver con la calidad democrática.