Nos encontramos a tan solo unos días de del inicio astronómico del invierno y nuevamente muchos hogares, especialmente los más vulnerables, se ven en la tesitura de hacer frente a sus facturas energéticas, más abultadas en estas fechas por el mayor gasto en calefacción, sin dejar de atender a otras necesidades domésticas. Esta situación, denominada pobreza energética, se da con diferentes intensidades a lo largo y ancho del territorio nacional, y no es ni mucho menos exclusiva de nuestro país; aunque se dé la paradoja de que los países del sur de Europa registren a menudo una mayor incidencia de condiciones asociadas a la pobreza energética que los países más fríos y húmedos del arco atlántico.
En el informe de situación presentado por la Asociación de Ciencias Ambientales en marzo de 2014, estimábamos que en 2012 -el ultimo año con datos disponibles de la Encuesta de Presupuestos Familiares- un 17% de los hogares residentes en España, con una población estimada de 7 millones de personas, estaban destinando más del 10% (el doble de la media) de sus ingresos anuales al pago de la factura energética del hogar. También para 2012, datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) indicaban que el 9% de los hogares, equivalente a 4 millones de personas, se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno. Cifras más actualizadas muestran que el 8% de las personas encuestadas en 2013 por la ECV reconocían haber tenido retrasos en el pago de los suministros del hogar (energía, agua o telecomunicaciones); también para 2013, el 17% de los encuestados afirmaban tener goteras, humedades o podredumbre en las ventanas, paredes o techos de su vivienda. Aunque estos indicadores pueden ser considerados como aproximaciones relativamente imperfectas a la medición de un fenómeno cuyas dimensiones no son sencillas de estimar, los datos muestran sin dejar lugar a muchas dudas que millones de hogares y personas residentes en España están sufriendo en alguna medida los efectos de la pobreza energética. No se trata pues de un problema menor ni necesariamente confinado a los estratos más vulnerables de población.
Los datos recogidos en el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales también evidencian un crecimiento sostenido a partir 2007 y 2008 en la mayoría de los indicadores de pobreza energética descritos. Este incremento ha venido ocurriendo en paralelo a un descenso del ingreso promedio de los hogares, que según nuestras estimaciones basadas en microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares cayó de 24.474 a 22.143 euros entre 2008 y 2012, y al aumento de la factura energética, que pasó de 913 a 1.203 euros por hogar y año en el mismo periodo. La caída de la renta promedio de las familias tiene que ver en buena medida con la subida de las cifras de desempleo, pero muy probablemente también con la política de moderación salarial aplicada dentro de la lógica de la devaluación interna prescrita por las instituciones europeas como alternativa a la (imposible) devaluación unilateral del Euro. La evolución de los gastos en energía doméstica se explican, más que como una consecuencia en el nivel de consumo de los hogares, muy improbable dada la situación de crisis económica, como resultado de la evolución de los precios de la energía. Según datos de Eurostat, si a principios de 2008 el consumidor doméstico promedio pagaba en España 13 céntimos de euro por kilovatio-hora de electricidad, en 2012 tenía que hacer frente a un precio de 23 céntimos de euro, un nivel que se ha mantenido hasta el primer semestre de 2014. En el caso del gas natural, un segundo vector energético clave para los consumidores domésticos en España, el incremento ha sido más moderado: de 6 a 9 céntimos por kilovatio-hora entre 2008 y 2012, tras el cual se ha producido un descenso hasta los 8 céntimos por kilovatio-hora registrados en el primer semestre de 2014. Esta evolución en los precios finales de la energía se explica por múltiples factores que van desde la dinámica de los mercados internacionales de combustibles fósiles hasta cambios ocurridos en la regulación del mercado interno, que están aún lejos de despejar las dudas sobre el funcionamiento del sistema de fijación de precios. Además, la titulización del déficit de tarifa eléctrica con un fondo específico creado por el Estado hace que una buena parte del déficit acumulado hasta la fecha se contabilice como avales públicos que se suman a las cifras de deuda pública. Esto hace que los precios de la energía no sean ajenos, por causa del sistema de tarificación de la electricidad, a la crisis económica.
En este panorama, puede interpretarse que el aumento de las cifras de pobreza energética es una de las múltiples vías en las que la crisis está afectando a la sociedad española. Sin embargo, no se trata de mirar solo las circunstancias coyunturales. Existen razones estructurales sin las que no se puede explicar que incluso en épocas de bonanza un porcentaje parta nada despreciable de los hogares se encuentre en dificultades. Tradicionalmente se ha considerado la (in)eficiencia energética de la vivienda y sus equipamientos como una variable clave para entender y resolver la pobreza energética y otros problemas del sistema energético nacional como la relación de dependencia respecto de países exportadores de combustibles fósiles, la contaminación atmosférica local o el cambio climático. Pero existen otras cuestiones de calado no resueltas como el escaso poder que los ciudadanos tienen todavía para decidir qué tipo de energía quieren consumir en casa, y en qué condiciones, o el rápido aumento de la desigualdad en la distribución de la renta en España. Aun así, la relación entre pobreza energética y pobreza y exclusión social no es tan clara como podría pensarse. Aunque analíticamente pueda parecer arriesgado considerarlas por separado, un estudio reciente ha demostrado que los hogares en pobreza energética en España no siempre están bajo la línea de pobreza monetaria (y viceversa), y que la duración temporal de ambos tipologías de pobreza es sustancialmente diferente. A pesar de eso, actores clave las compañías energéticas y el partido del gobierno se posicionan a favor de considerar la pobreza energética exclusivamente como una faceta de un problema más amplio de pobreza y exclusión social, posiblemente con la esperanza de eliminar frentes de conflicto y aminorar su responsabilidad.
Frente a estas visiones restringidas del fenómeno que explican la pobreza energética como un fenómeno exclusivamente doméstico, hace falta reconocer que los hogares en esta situación son el último, y más vulnerable, eslabón de una cadena de procesos que escapan a su control. Bajo esta mirada más amplia, la pobreza energética no es simplemente el resultado de tener bajos ingresos, elevados precios de la energía y una vivienda ineficiente; otros factores como la falta de poder de los consumidores finales, las estrechas relaciones entre poder político y grandes empresas energéticas, crudamente escenificado por las puertas giratorias, el sesgo neoliberal de las políticas de la Unión Europea, o los riesgos que implica la transición a una economía con bajos niveles de emisión de carbono que no tenga en cuenta a los hogares vulnerables toman importancia. Analizar esa cadena de interacciones es una tarea necesaria para exponer una serie de males que, entre otras consecuencias, fuerzan a muchos hogares, año tras año, a vivir sin o con poca calefacción en invierno, o a dejar de pagar sus facturas de la luz y el gas.
En el informe de situación presentado por la Asociación de Ciencias Ambientales en marzo de 2014, estimábamos que en 2012 -el ultimo año con datos disponibles de la Encuesta de Presupuestos Familiares- un 17% de los hogares residentes en España, con una población estimada de 7 millones de personas, estaban destinando más del 10% (el doble de la media) de sus ingresos anuales al pago de la factura energética del hogar. También para 2012, datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) indicaban que el 9% de los hogares, equivalente a 4 millones de personas, se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno. Cifras más actualizadas muestran que el 8% de las personas encuestadas en 2013 por la ECV reconocían haber tenido retrasos en el pago de los suministros del hogar (energía, agua o telecomunicaciones); también para 2013, el 17% de los encuestados afirmaban tener goteras, humedades o podredumbre en las ventanas, paredes o techos de su vivienda. Aunque estos indicadores pueden ser considerados como aproximaciones relativamente imperfectas a la medición de un fenómeno cuyas dimensiones no son sencillas de estimar, los datos muestran sin dejar lugar a muchas dudas que millones de hogares y personas residentes en España están sufriendo en alguna medida los efectos de la pobreza energética. No se trata pues de un problema menor ni necesariamente confinado a los estratos más vulnerables de población.
Los datos recogidos en el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales también evidencian un crecimiento sostenido a partir 2007 y 2008 en la mayoría de los indicadores de pobreza energética descritos. Este incremento ha venido ocurriendo en paralelo a un descenso del ingreso promedio de los hogares, que según nuestras estimaciones basadas en microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares cayó de 24.474 a 22.143 euros entre 2008 y 2012, y al aumento de la factura energética, que pasó de 913 a 1.203 euros por hogar y año en el mismo periodo. La caída de la renta promedio de las familias tiene que ver en buena medida con la subida de las cifras de desempleo, pero muy probablemente también con la política de moderación salarial aplicada dentro de la lógica de la devaluación interna prescrita por las instituciones europeas como alternativa a la (imposible) devaluación unilateral del Euro. La evolución de los gastos en energía doméstica se explican, más que como una consecuencia en el nivel de consumo de los hogares, muy improbable dada la situación de crisis económica, como resultado de la evolución de los precios de la energía. Según datos de Eurostat, si a principios de 2008 el consumidor doméstico promedio pagaba en España 13 céntimos de euro por kilovatio-hora de electricidad, en 2012 tenía que hacer frente a un precio de 23 céntimos de euro, un nivel que se ha mantenido hasta el primer semestre de 2014. En el caso del gas natural, un segundo vector energético clave para los consumidores domésticos en España, el incremento ha sido más moderado: de 6 a 9 céntimos por kilovatio-hora entre 2008 y 2012, tras el cual se ha producido un descenso hasta los 8 céntimos por kilovatio-hora registrados en el primer semestre de 2014. Esta evolución en los precios finales de la energía se explica por múltiples factores que van desde la dinámica de los mercados internacionales de combustibles fósiles hasta cambios ocurridos en la regulación del mercado interno, que están aún lejos de despejar las dudas sobre el funcionamiento del sistema de fijación de precios. Además, la titulización del déficit de tarifa eléctrica con un fondo específico creado por el Estado hace que una buena parte del déficit acumulado hasta la fecha se contabilice como avales públicos que se suman a las cifras de deuda pública. Esto hace que los precios de la energía no sean ajenos, por causa del sistema de tarificación de la electricidad, a la crisis económica.
En este panorama, puede interpretarse que el aumento de las cifras de pobreza energética es una de las múltiples vías en las que la crisis está afectando a la sociedad española. Sin embargo, no se trata de mirar solo las circunstancias coyunturales. Existen razones estructurales sin las que no se puede explicar que incluso en épocas de bonanza un porcentaje parta nada despreciable de los hogares se encuentre en dificultades. Tradicionalmente se ha considerado la (in)eficiencia energética de la vivienda y sus equipamientos como una variable clave para entender y resolver la pobreza energética y otros problemas del sistema energético nacional como la relación de dependencia respecto de países exportadores de combustibles fósiles, la contaminación atmosférica local o el cambio climático. Pero existen otras cuestiones de calado no resueltas como el escaso poder que los ciudadanos tienen todavía para decidir qué tipo de energía quieren consumir en casa, y en qué condiciones, o el rápido aumento de la desigualdad en la distribución de la renta en España. Aun así, la relación entre pobreza energética y pobreza y exclusión social no es tan clara como podría pensarse. Aunque analíticamente pueda parecer arriesgado considerarlas por separado, un estudio reciente ha demostrado que los hogares en pobreza energética en España no siempre están bajo la línea de pobreza monetaria (y viceversa), y que la duración temporal de ambos tipologías de pobreza es sustancialmente diferente. A pesar de eso, actores clave las compañías energéticas y el partido del gobierno se posicionan a favor de considerar la pobreza energética exclusivamente como una faceta de un problema más amplio de pobreza y exclusión social, posiblemente con la esperanza de eliminar frentes de conflicto y aminorar su responsabilidad.
Frente a estas visiones restringidas del fenómeno que explican la pobreza energética como un fenómeno exclusivamente doméstico, hace falta reconocer que los hogares en esta situación son el último, y más vulnerable, eslabón de una cadena de procesos que escapan a su control. Bajo esta mirada más amplia, la pobreza energética no es simplemente el resultado de tener bajos ingresos, elevados precios de la energía y una vivienda ineficiente; otros factores como la falta de poder de los consumidores finales, las estrechas relaciones entre poder político y grandes empresas energéticas, crudamente escenificado por las puertas giratorias, el sesgo neoliberal de las políticas de la Unión Europea, o los riesgos que implica la transición a una economía con bajos niveles de emisión de carbono que no tenga en cuenta a los hogares vulnerables toman importancia. Analizar esa cadena de interacciones es una tarea necesaria para exponer una serie de males que, entre otras consecuencias, fuerzan a muchos hogares, año tras año, a vivir sin o con poca calefacción en invierno, o a dejar de pagar sus facturas de la luz y el gas.