El poder local es lo más parecido al poder a escala humana. La vida real ocurre en los pueblos, en los barrios, en las ciudades. En muchos de ellos todavía los ciudadanos se conocen entre sí y conocen a sus representantes. Pueden dirigirse a ellos, pueden preguntarles, interpelarlos... El concepto de democracia surge en las polis griegas de dimensiones medianas, y el concepto de civilidad no podemos separarlo de la creación de las ciudades. Hay una relación directa entre las posibilidades de participación y el tamaño de la comunidad. Mientras la unidad territorial es mayor, más difícil es la participación y más se tiende a la representación. Conviene no olvidarlo.
En una época de globalización en la que las grandes decisiones macroeconómicas escapan al control de los propios gobiernos nacionales, los ciudadanos pueden percibir el ámbito local como el espacio donde aún es posible influir en la calidad de vida cotidiana: el transporte, el ocio, las actividades culturales, la accesibilidad a la educación y el trabajo, las medidas de protección social y, en resumen, que la ciudad sea amable u hostil, dependen en gran medida de la política local.
En España, los ayuntamientos son la institución más firmemente arraigada a lo largo de su historia, su origen se remonta a la época medieval y, por supuesto, es anterior a la configuración del estado-nación. No obstante, es el nivel de la administración del estado más maltratado desde el punto de vista competencial y presupuestario desde que nuestro país recuperó la democracia en 1977. Mientras que la participación de la administración local en el presupuesto nacional se ha mantenido en un exiguo 13% (de las más bajas de la UE), si no se ha reducido en los últimos tiempos, la administración central ha cedido una buena parte de su presupuesto a las CCAA, que han crecido en pocos años de manera espectacular. Pero ese proceso no ha conducido a una completa descentralización.
Es más, algunas de las CCAA se han caracterizado por una gran desconfianza hacia la administración local que podría haberlas ayudado a llevar a cabo sus políticas sin tener que recurrir a todo ese entramado de fundaciones, entes, agencias públicas, que se han convertido en un lastre y en una fuente de irregularidades y corrupción.
¿Es necesario repetir que para que exista una auténtica descentralización, ésta debe llegar hasta el nivel local? ¿Que es imposible juzgar el desempeño de los ayuntamientos sin una financiación suficiente y una clara asignación de competencias? La financiación no solo es insuficiente, sino que además es inadecuada, con demasiadas subvenciones finalistas decididas por el nivel autonómico.
Ni las CCAA ni el federalismo garantizan, por sí solos, una autentica descentralización del Estado si no alcanza el nivel local. Lo lamentable del asunto es que los gabinetes de estudio de los dos partidos mayoritarios conocen estos datos perfectamente, aunque solo los esgrimen cuando les conviene en razón de sus expectativas electorales. En política, es un tema tan viejo como el del exceso de fraude fiscal que soportamos en este país o lo deficiente de nuestro sistema educativo, pero al menos estos últimos temas parecen abrirse tímidamente paso en las agendas de los partidos y en los medios de comunicación. En cuanto a las nuevas formaciones como Podemos, apenas tienen discurso en el terreno local. Más bien parecen querer aplicar las medidas generales a nivel municipal. Lo que no deja de ser paradójico en un movimiento que se precia de haber nacido de asambleas locales y de potenciar la participación.
En cuanto a los contenidos de los que debería ocuparse el poder local -o dicho en el lenguaje administrativo, cuáles deberían ser sus competencias-, hay que recordar el principio de subsidiaridad, según el cual la toma de decisiones debe estar lo más cerca posible del origen del problema. No es casual que las políticas de protección social en Europa ocupen un porcentaje importante del gasto de los ayuntamientos. No así en España, y con las últimas reformas todavía menos. En general, cualquier política que implique cierta participación de los ciudadanos (salud pública, promoción social, cultural, educativa y deportiva) para tener éxito, tiene que programarse en el ámbito local.
Los ayuntamientos siempre han sido pioneros en el diseño de programas frente a problemáticas sociales emergentes: inmigración, desahucios, drogodependencias, embarazos no deseados en población joven, etc. Los primeros programas se han inventado y ensayado en el ámbito municipal y luego, los han copiado y sistematizado los otros niveles de la administración.
También es competencia de la autoridad local velar por que las políticas y los programas dependientes de otras administraciones se apliquen adecuadamente en su territorio (supervisión), así como ejercer un papel de coordinación y adecuación de esas políticas y programas a la realidad local. En algunos países, esta facultad reside formalmente en el alcalde.
Espero que oigamos hablar de algunas de esta cosas durante la campaña de las elecciones locales, particularmente de la financiación y la descentralización (al igual que a nivel nacional, de un plan serio antifraude, de despolitizar la administración o de emprender una gran acuerdo nacional sobre educación). En caso contrario, las locales serán utilizadas una vez más como preámbulo de las autonómicas y nacionales, que es donde está el presupuesto y, por tanto, el poder. ¿Pero no habíamos quedado en que las cosas debían cambiar?
En una época de globalización en la que las grandes decisiones macroeconómicas escapan al control de los propios gobiernos nacionales, los ciudadanos pueden percibir el ámbito local como el espacio donde aún es posible influir en la calidad de vida cotidiana: el transporte, el ocio, las actividades culturales, la accesibilidad a la educación y el trabajo, las medidas de protección social y, en resumen, que la ciudad sea amable u hostil, dependen en gran medida de la política local.
En España, los ayuntamientos son la institución más firmemente arraigada a lo largo de su historia, su origen se remonta a la época medieval y, por supuesto, es anterior a la configuración del estado-nación. No obstante, es el nivel de la administración del estado más maltratado desde el punto de vista competencial y presupuestario desde que nuestro país recuperó la democracia en 1977. Mientras que la participación de la administración local en el presupuesto nacional se ha mantenido en un exiguo 13% (de las más bajas de la UE), si no se ha reducido en los últimos tiempos, la administración central ha cedido una buena parte de su presupuesto a las CCAA, que han crecido en pocos años de manera espectacular. Pero ese proceso no ha conducido a una completa descentralización.
Es más, algunas de las CCAA se han caracterizado por una gran desconfianza hacia la administración local que podría haberlas ayudado a llevar a cabo sus políticas sin tener que recurrir a todo ese entramado de fundaciones, entes, agencias públicas, que se han convertido en un lastre y en una fuente de irregularidades y corrupción.
¿Es necesario repetir que para que exista una auténtica descentralización, ésta debe llegar hasta el nivel local? ¿Que es imposible juzgar el desempeño de los ayuntamientos sin una financiación suficiente y una clara asignación de competencias? La financiación no solo es insuficiente, sino que además es inadecuada, con demasiadas subvenciones finalistas decididas por el nivel autonómico.
Ni las CCAA ni el federalismo garantizan, por sí solos, una autentica descentralización del Estado si no alcanza el nivel local. Lo lamentable del asunto es que los gabinetes de estudio de los dos partidos mayoritarios conocen estos datos perfectamente, aunque solo los esgrimen cuando les conviene en razón de sus expectativas electorales. En política, es un tema tan viejo como el del exceso de fraude fiscal que soportamos en este país o lo deficiente de nuestro sistema educativo, pero al menos estos últimos temas parecen abrirse tímidamente paso en las agendas de los partidos y en los medios de comunicación. En cuanto a las nuevas formaciones como Podemos, apenas tienen discurso en el terreno local. Más bien parecen querer aplicar las medidas generales a nivel municipal. Lo que no deja de ser paradójico en un movimiento que se precia de haber nacido de asambleas locales y de potenciar la participación.
En cuanto a los contenidos de los que debería ocuparse el poder local -o dicho en el lenguaje administrativo, cuáles deberían ser sus competencias-, hay que recordar el principio de subsidiaridad, según el cual la toma de decisiones debe estar lo más cerca posible del origen del problema. No es casual que las políticas de protección social en Europa ocupen un porcentaje importante del gasto de los ayuntamientos. No así en España, y con las últimas reformas todavía menos. En general, cualquier política que implique cierta participación de los ciudadanos (salud pública, promoción social, cultural, educativa y deportiva) para tener éxito, tiene que programarse en el ámbito local.
Los ayuntamientos siempre han sido pioneros en el diseño de programas frente a problemáticas sociales emergentes: inmigración, desahucios, drogodependencias, embarazos no deseados en población joven, etc. Los primeros programas se han inventado y ensayado en el ámbito municipal y luego, los han copiado y sistematizado los otros niveles de la administración.
También es competencia de la autoridad local velar por que las políticas y los programas dependientes de otras administraciones se apliquen adecuadamente en su territorio (supervisión), así como ejercer un papel de coordinación y adecuación de esas políticas y programas a la realidad local. En algunos países, esta facultad reside formalmente en el alcalde.
Espero que oigamos hablar de algunas de esta cosas durante la campaña de las elecciones locales, particularmente de la financiación y la descentralización (al igual que a nivel nacional, de un plan serio antifraude, de despolitizar la administración o de emprender una gran acuerdo nacional sobre educación). En caso contrario, las locales serán utilizadas una vez más como preámbulo de las autonómicas y nacionales, que es donde está el presupuesto y, por tanto, el poder. ¿Pero no habíamos quedado en que las cosas debían cambiar?