El eje de Democracia de Papel -libro que publica este mes la editorial Catarata y del que se anticipa en El Huffington Post la Introducción- es el compromiso del autor exclusivamente con la democracia durante 40 años de ejercicio del periodismo. La dedicación a la información y al análisis sobre la implantación de las reglas del juego político y jurídico tras el franquismo y sobre la aplicación de las mismas a lo largo de varias décadas, proporcionó elementos valorativos suficientes para considerar la democracia resultante poco sólida, de papel.
La herramienta utilizada ha sido la crítica al poder, iniciada durante los años de la transición y que se incrementó conforme se fueron deteriorando las instituciones de la democracia recuperada y corrompiéndose los tan añorados partidos, de la mano de sus dirigentes políticos.
La ausencia de cualquier tipo de compromiso, pacto o acuerdo con los titulares del poder y con el poder mismo antes, durante y después de la transición, suministra un arsenal de razones para promover, a lo largo de los diez capítulos del libro, sin trabas ni componendas de ningún tipo, ideas y propuestas acordes con la proclamación de la voluntad constituyente de "establecer una sociedad democrática avanzada", que figura en el preámbulo de la Constitución de 1978, elaborado por Enrique Tierno Galván.
Con la primera institución con la que este periodista no tiene establecido ningún compromiso es con la jefatura del Estado. El mismo analista que avaló la Monarquía parlamentaria y su contribución a la salida del franquismo y al establecimiento de la democracia, hace ya años que, desde las páginas de El País, viene señalando que, dado que los constituyentes no pusieron fecha de caducidad, la Monarquía continúa incrustada por inercia en el sistema político y hora es ya de que se aplique el democrático, pero tan temido, derecho a decidir, para que, a través de un referéndum, se consulte a los ciudadanos -las nuevas generaciones no pudieron votar en 1978 la Constitución- sobre esa cuestión de especial trascendencia, y se actúe en consecuencia.
Tras la abdicación de don Juan Carlos, esa propuesta resulta más sencilla. Como expliqué el 7-6-2014 en mi artículo El referéndum le conviene a Felipe VI, publicado en El Huffington Post, además del beneficio que ese referéndum sobre Monarquía/República significaría para la democracia, tal iniciativa le conviene al nuevo rey, quien hace 20 años manifestó que "solo reinaría si los españoles así lo querían", según detallo en el libro.
La corrupción institucional
Otra institución muy útil para la democracia durante sus primeros años de funcionamiento fue el Tribunal Constitucional (TC), para cuya composición la prioridad del poder político era conseguir que sus miembros fueran cualificados intérpretes de la Norma Suprema, sin pretensiones de clientelismo. El proceso de deterioro del TC ha sido notable, pero muy superior fue el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bien recibido para el gobierno de los jueces -en lugar del Ejecutivo-, pero que fue derivando hacia un reparto partidario obsceno, sin ni siquiera negociar los vocales, sino con un sistema de atribución partidaria cerrada (estos son mis vocales y esos son los tuyos) entre los dos grandes -PSOE y PP-, con el regalo de un vocal para el PNV y otro para CiU.
Ese sistema permitió en 1994 la designación como vocal del CGPJ por la cuota de CiU -con toda clase de respaldo parlamentario- de Luis Pascual Estevill, un juez de cuyas conductas corruptas ya había noticia entonces, por las que terminó en la cárcel, pero que gozaba de la confianza del ex molt honorable Jordi Pujol. Y cuando ya parecía insuperable la corrupción institucional, aparece el inconstitucional consenso entre Zapatero y Rajoy sobre Carlos Dívar para presidir la Justicia, a pesar de su penuria profesional, rematada con el escándalo de las semanas caribeñas a costa del contribuyente, que le forzaron a dimitir. El libro se apoya en mi artículo de 2013 en El País, titulado Ruiz Gallardón liquida el poder judicial, para explicar que el inefable ministro de Justicia -ya famoso por las injustas tasas judiciales y su abortada reforma del aborto- acabó el reparto del CGPJ entre dos partidos, porque se lo regaló al partido mayoritario, aplicó los recortes al CGPJ y lo convirtió en una delegación del Ministerio de Justicia.
El libro aborda otro aspecto de la justicia más relacionado con el derecho ciudadano a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos. La justicia heredada del franquismo, "un cachondeo" en expresión famosa del alcalde andaluz Pedro Pacheco, tuvo que erradicar corruptelas como la denominada "astilla", cantidad que se entregaba rutinariamente a un funcionario judicial para obtener un trato de favor. Y abordar retrasos, confusiones y caos en los juzgados, para los que la propia Constitución había establecido el derecho a una indemnización "por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia", repercutible a los jueces que fueran responsables, pero que pagaba siempre papá Estado.
Los jueces se configuraban como una casta protegida, detentadora del Poder Judicial, a pesar de que, a diferencia de los integrantes de los otros dos poderes del Estado, carecían de toda legitimación democrática de origen y conservaban idéntica habilitación profesional que durante el franquismo: la aprobación de la memorística oposición establecida ¡hace 140 años! y que en 2015 todavía subsiste. El libro aporta ejemplos de derecho comparado que muestran procedimientos más modernos y útiles de acceso a la judicatura y recoge los riesgos reales de la oposición memorística para la salud mental de unos jueces constitucionalmente obligados a que sus decisiones sean siempre razonadas. El libro recoge que solo el CGPJ presidido por Javier Delgado, a finales del siglo XX, se mostró sensible a esta cuestión en contra del criterio corporativo de muchos jueces.
Mi falta de compromiso con los titulares del poder judicial me proporcionó la enemistad de muchos de ellos, que se consideraban atacados por que me ocupara de la salud mental de los jueces, una forma de defender la democracia -como se detalla en el libro- en lo que se refiere al derecho ciudadano a una tutela judicial efectiva, mediante unos jueces capaces de razonar sus decisiones.
La miseria de los partidos
Otro frente crítico con el poder que se aborda -reflejando análisis realizados siempre en su momento- contrasta la euforia que produjo en los ciudadanos la legalización de los partidos políticos para concurrir a elecciones democráticas y la resistencia de esos partidos a cumplimentar "la estructura interna y funcionamiento" democrático de los mismos, exigida por el artículo 6 de la Constitución, y a reformar la ley electoral para hacer los comicios más democráticos.
Se recuerda cómo la Ley Orgánica de Partidos Políticos promovida en 2002 por José María Aznar solo tuvo como objetivo ilegalizar Batasuna y "desaprovechó la oportunidad de democratizar esos instrumentos clave para la acción política".
Ante la cerrazón de los dos grandes partidos a democratizar el sistema electoral -pendientes solamente de lo que les beneficia a ellos-, propuse insistentemente, como refleja el libro, una reforma más modesta: dada la avanzada edad de multitud de votantes, el reequilibrio demográfico del electorado mediante el derecho al voto desde los 16 años, medida que no implicaba reforma constitucional alguna y que insuflaba aire joven a las urnas, en un momento en que ya fluía con intensidad el acceso de los adolescentes a la información. La propuesta ensanchaba el democrático sufragio universal. Lo más desazonanador fue la preocupación casi exclusiva de los políticos consultados: ¿qué opción electoral se beneficiaría en mayor proporción de ese millón aproximado de votos juveniles? La pregunta hizo evocar la objeción política, incluso desde la izquierda, al sufragio femenino, por el riesgo de que se tratara de votos conservadores.
Democracia de Papel recoge también las críticas a los políticos en relación con la insuficiente aplicación de los derechos humanos. Tras luchar tanto, sobre todo la izquierda, para su incorporación a la Constitución, los derechos humanos quedaron a mitad del camino..., también cuando gobernó la izquierda. La falta de compromiso con ninguna opción política ni con ningún líder me permite recordar en el libro mi crítica en el siglo pasado y en el actual a la prioridad dada por Felipe González a la seguridad sobre la libertad [tema de gran actualidad tras los atentados de París] y a la convicción del líder socialista de que "los terroristas no merecen beneficiarse de los derechos que corresponden al resto de los ciudadanos".
El libro refleja otras muchas críticas al poder, entre ellas las derivadas de la resistencia a establecer un verdadero Estado laico y las dificultades con que tropiezan todos los Gobiernos -más aún los conservadores- para hacer efectiva la igualdad de derechos del hombre y la mujer, establecida sin vacilaciones por el artículo 14 de la Constitución.
Lea aquí la Introducción del libro Democracia de Papel (Catarata)
La herramienta utilizada ha sido la crítica al poder, iniciada durante los años de la transición y que se incrementó conforme se fueron deteriorando las instituciones de la democracia recuperada y corrompiéndose los tan añorados partidos, de la mano de sus dirigentes políticos.
La ausencia de cualquier tipo de compromiso, pacto o acuerdo con los titulares del poder y con el poder mismo antes, durante y después de la transición, suministra un arsenal de razones para promover, a lo largo de los diez capítulos del libro, sin trabas ni componendas de ningún tipo, ideas y propuestas acordes con la proclamación de la voluntad constituyente de "establecer una sociedad democrática avanzada", que figura en el preámbulo de la Constitución de 1978, elaborado por Enrique Tierno Galván.
Con la primera institución con la que este periodista no tiene establecido ningún compromiso es con la jefatura del Estado. El mismo analista que avaló la Monarquía parlamentaria y su contribución a la salida del franquismo y al establecimiento de la democracia, hace ya años que, desde las páginas de El País, viene señalando que, dado que los constituyentes no pusieron fecha de caducidad, la Monarquía continúa incrustada por inercia en el sistema político y hora es ya de que se aplique el democrático, pero tan temido, derecho a decidir, para que, a través de un referéndum, se consulte a los ciudadanos -las nuevas generaciones no pudieron votar en 1978 la Constitución- sobre esa cuestión de especial trascendencia, y se actúe en consecuencia.
Tras la abdicación de don Juan Carlos, esa propuesta resulta más sencilla. Como expliqué el 7-6-2014 en mi artículo El referéndum le conviene a Felipe VI, publicado en El Huffington Post, además del beneficio que ese referéndum sobre Monarquía/República significaría para la democracia, tal iniciativa le conviene al nuevo rey, quien hace 20 años manifestó que "solo reinaría si los españoles así lo querían", según detallo en el libro.
La corrupción institucional
Otra institución muy útil para la democracia durante sus primeros años de funcionamiento fue el Tribunal Constitucional (TC), para cuya composición la prioridad del poder político era conseguir que sus miembros fueran cualificados intérpretes de la Norma Suprema, sin pretensiones de clientelismo. El proceso de deterioro del TC ha sido notable, pero muy superior fue el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bien recibido para el gobierno de los jueces -en lugar del Ejecutivo-, pero que fue derivando hacia un reparto partidario obsceno, sin ni siquiera negociar los vocales, sino con un sistema de atribución partidaria cerrada (estos son mis vocales y esos son los tuyos) entre los dos grandes -PSOE y PP-, con el regalo de un vocal para el PNV y otro para CiU.
Ese sistema permitió en 1994 la designación como vocal del CGPJ por la cuota de CiU -con toda clase de respaldo parlamentario- de Luis Pascual Estevill, un juez de cuyas conductas corruptas ya había noticia entonces, por las que terminó en la cárcel, pero que gozaba de la confianza del ex molt honorable Jordi Pujol. Y cuando ya parecía insuperable la corrupción institucional, aparece el inconstitucional consenso entre Zapatero y Rajoy sobre Carlos Dívar para presidir la Justicia, a pesar de su penuria profesional, rematada con el escándalo de las semanas caribeñas a costa del contribuyente, que le forzaron a dimitir. El libro se apoya en mi artículo de 2013 en El País, titulado Ruiz Gallardón liquida el poder judicial, para explicar que el inefable ministro de Justicia -ya famoso por las injustas tasas judiciales y su abortada reforma del aborto- acabó el reparto del CGPJ entre dos partidos, porque se lo regaló al partido mayoritario, aplicó los recortes al CGPJ y lo convirtió en una delegación del Ministerio de Justicia.
El libro aborda otro aspecto de la justicia más relacionado con el derecho ciudadano a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos. La justicia heredada del franquismo, "un cachondeo" en expresión famosa del alcalde andaluz Pedro Pacheco, tuvo que erradicar corruptelas como la denominada "astilla", cantidad que se entregaba rutinariamente a un funcionario judicial para obtener un trato de favor. Y abordar retrasos, confusiones y caos en los juzgados, para los que la propia Constitución había establecido el derecho a una indemnización "por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia", repercutible a los jueces que fueran responsables, pero que pagaba siempre papá Estado.
Los jueces se configuraban como una casta protegida, detentadora del Poder Judicial, a pesar de que, a diferencia de los integrantes de los otros dos poderes del Estado, carecían de toda legitimación democrática de origen y conservaban idéntica habilitación profesional que durante el franquismo: la aprobación de la memorística oposición establecida ¡hace 140 años! y que en 2015 todavía subsiste. El libro aporta ejemplos de derecho comparado que muestran procedimientos más modernos y útiles de acceso a la judicatura y recoge los riesgos reales de la oposición memorística para la salud mental de unos jueces constitucionalmente obligados a que sus decisiones sean siempre razonadas. El libro recoge que solo el CGPJ presidido por Javier Delgado, a finales del siglo XX, se mostró sensible a esta cuestión en contra del criterio corporativo de muchos jueces.
Mi falta de compromiso con los titulares del poder judicial me proporcionó la enemistad de muchos de ellos, que se consideraban atacados por que me ocupara de la salud mental de los jueces, una forma de defender la democracia -como se detalla en el libro- en lo que se refiere al derecho ciudadano a una tutela judicial efectiva, mediante unos jueces capaces de razonar sus decisiones.
La miseria de los partidos
Otro frente crítico con el poder que se aborda -reflejando análisis realizados siempre en su momento- contrasta la euforia que produjo en los ciudadanos la legalización de los partidos políticos para concurrir a elecciones democráticas y la resistencia de esos partidos a cumplimentar "la estructura interna y funcionamiento" democrático de los mismos, exigida por el artículo 6 de la Constitución, y a reformar la ley electoral para hacer los comicios más democráticos.
Se recuerda cómo la Ley Orgánica de Partidos Políticos promovida en 2002 por José María Aznar solo tuvo como objetivo ilegalizar Batasuna y "desaprovechó la oportunidad de democratizar esos instrumentos clave para la acción política".
Ante la cerrazón de los dos grandes partidos a democratizar el sistema electoral -pendientes solamente de lo que les beneficia a ellos-, propuse insistentemente, como refleja el libro, una reforma más modesta: dada la avanzada edad de multitud de votantes, el reequilibrio demográfico del electorado mediante el derecho al voto desde los 16 años, medida que no implicaba reforma constitucional alguna y que insuflaba aire joven a las urnas, en un momento en que ya fluía con intensidad el acceso de los adolescentes a la información. La propuesta ensanchaba el democrático sufragio universal. Lo más desazonanador fue la preocupación casi exclusiva de los políticos consultados: ¿qué opción electoral se beneficiaría en mayor proporción de ese millón aproximado de votos juveniles? La pregunta hizo evocar la objeción política, incluso desde la izquierda, al sufragio femenino, por el riesgo de que se tratara de votos conservadores.
Democracia de Papel recoge también las críticas a los políticos en relación con la insuficiente aplicación de los derechos humanos. Tras luchar tanto, sobre todo la izquierda, para su incorporación a la Constitución, los derechos humanos quedaron a mitad del camino..., también cuando gobernó la izquierda. La falta de compromiso con ninguna opción política ni con ningún líder me permite recordar en el libro mi crítica en el siglo pasado y en el actual a la prioridad dada por Felipe González a la seguridad sobre la libertad [tema de gran actualidad tras los atentados de París] y a la convicción del líder socialista de que "los terroristas no merecen beneficiarse de los derechos que corresponden al resto de los ciudadanos".
El libro refleja otras muchas críticas al poder, entre ellas las derivadas de la resistencia a establecer un verdadero Estado laico y las dificultades con que tropiezan todos los Gobiernos -más aún los conservadores- para hacer efectiva la igualdad de derechos del hombre y la mujer, establecida sin vacilaciones por el artículo 14 de la Constitución.
Lea aquí la Introducción del libro Democracia de Papel (Catarata)