Con una tasa de desempleo juvenil que alcanza el 53,8%, un servicio público que continúa colapsado y las grandes empresas escudándose en la crisis para seguir precarizando a sus trabajadores, el autoempleo se perfila como una de las pocas opciones profesionales para buena parte de los jóvenes españoles. Sin embargo, adentrarse en la aventura emprendedora en este país puede convertirse en una verdadera carrera de obstáculos que el trabajador por cuenta propia tendrá que sortear solo para empezar, lo cual no garantiza -ni mucho menos- la viabilidad económica de la empresa a largo plazo.
Ante todo, el autónomo debe enfrentarse a los trámites burocráticos que requiere la creación de una nueva empresa o la declaración de inicio de una actividad económica profesional. A pesar de que España ascendió el año pasado desde el paupérrimo puesto 142 hasta el 33 en facilidad para crear empresa según un informe del Banco Mundial, todavía estamos por debajo de la mayoría de los países de la zona euro, y son necesarios seis procedimientos y 13 días de media para que una empresa eche a andar. Unos trámites que a menudo deben realizarse presencialmente y a los que hay que sumar, una vez iniciada la actividad, la farragosa burocracia periódica y las lamentables condiciones impuestas por la Administración, según las cuales los errores o los descuidos solo se pagan caros cuando los comete el autónomo.
Sin embargo, la verdadera odisea emprendedora comienza al afrontar las elevadas cuotas de cotización a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos: unos 265 € mensuales sobre la base mínima. Esto es: más de 3000 € de gastos fijos anuales solo en cotizaciones, que no incluyen, entre otras, la prestación por desempleo. Ante esta realidad, las medidas propuestas por el Gobierno en su habitual política parchista pecan de precipitadas y están pensadas únicamente a corto plazo, y demoran y tapan con lodo el problema de fondo en lugar de solucionarlo. A la cacareada tarifa plana de 50 € para fomentar el autoempleo es difícil acogerse debido a las numerosas limitaciones e incompatibilidades, y en todo caso se aplica solo durante seis meses, tiempo a todas luces insuficiente para asentar la actividad económica de cualquier empresa. Mientras tanto, en países vecinos como Francia o Portugal, las cotizaciones se calculan en función de los ingresos reales, una fórmula proporcional que permite afrontar con más facilidad los primeros años de establecimiento del negocio. Recientemente, la revista Forbes ha publicado una lista comparativa con las condiciones, cuotas y pagos que corresponden a los autónomos en distintos países europeos que deja en evidencia las carencias -y la tremenda desproporción- del sistema de cotización en España.
Además de abonar la cuota mensual de 265 €, el autónomo debe hacer frente a las declaraciones trimestrales del IVA y retenerse un porcentaje mínimo del 15% a cuenta del IRPF en las facturas, lo que merma considerablemente su liquidez. Por una parte, el rotundo fracaso del IVA de caja, un criterio de pago reclamado por los autónomos durante muchos años, arroja aún más luz a la estremecedora realidad económica de un Estado en gran medida financiado -a coste cero y en condiciones envidiables- por sus trabajadores por cuenta propia. Por otra parte, el sistema tributario español actual está diseñado para favorecer a las grandes fortunas mediante una estructura impositiva regresiva gracias a las sucesivas reformas del IRPF impulsadas durante los últimos años, que han ido reduciendo la presión fiscal sobre las rentas más elevadas a expensas de la ejercida sobre la clase media. Por si fuera poco, no contentas con las ventajas fiscales que benefician a las grandes compañías, ciertas multinacionales -entre ellas el 95% de las empresas del Ibex 35- facturan en España pero pagan sus impuestos en paraísos fiscales, y lo hacen amparadas por la ley. Como se recuerda en el episodio «Emperdedores» de Salvados, Google tributa el 40% en Estados Unidos y el 4% en el resto de los países. Así, mientras las pequeñas economías se asfixian y muchas de ellas se ven obligadas a sumergirse para subsistir, las grandes empresas nadan a sus anchas como tiburones en la superficie y presionan para imponer sus propias condiciones amenazando con trasladar sus capitales a otros países.
Las dificultades burocráticas, las desproporcionadas cuotas de cotización de los autónomos y las injustas contribuciones fiscales suponen una inmensa barrera para los jóvenes -y no tan jóvenes- que quieren emprender en este país. Cada día aparecen nuevas peticiones para exigir cuotas más asequibles y proporcionales a la facturación efectuada o una legislación fiscal empresarial que sea justa y equilibrada. Si queremos fomentar la cultura emprendedora y la creación de nuevas empresas para reactivar la economía española, habrá que empezar por plantearse si las condiciones para ello resultan las más adecuadas. O cambiamos las reglas del juego o los autónomos están condenados a perder antes siquiera de empezar la partida. Rescatemos a los autónomos. Todavía estamos a tiempo.
Blog: www.reaccionando.org
Ilustración: Irina Colomer Llamas