No ha podido sino resultar sorprendente el debate que se ha producido en España respecto de la última resolución aprobada por el Pleno del Parlamento Europeo el jueves 12 de marzo en relación a Venezuela en Estrasburgo. El motivo de este comentario es el de arrojar luz en relación con determinadas afirmaciones que simplemente no se corresponden con la verdad.
El asunto tuvo comienzo con la negociación que los grupos parlamentarios tuvimos el pasado mes de diciembre sobre la persecución de la oposición democrática venezolana. La visita a la sede de Estrasburgo de la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, reclamando la liberación de su marido, que ya ha cumplido un año en prisión, constituía un motivo de primer orden para confirmar que los hechos denunciados por el Parlamento Europeo se correspondían con la realidad.
En aquella ocasión -insisto, diciembre de 2014-, el grupo ALDE pidió que se contemplaran sanciones específicas contra altos jerarcas del régimen bolivariano en el caso de que la situación en Venezuela persistiera en su deterioro. El EPP -grupo al que pertenece el PP español -no consideró oportuna dicha mención, por cuanto el grupo S&D -en el que se encuentra el PSOE- no lo apoyaría. ALDE aceptó esa decisión, suscribió la propuesta y la votó en el pleno.
Pero la situación, en efecto, persistiría en su deterioro: 150 esbirros de Maduro detenían sin acusación formal alguna al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma -cuya esposa, Mitzy Capriles, nos visitaba también en Estrasburgo-, las fuerzas policiales quedaban autorizadas para utilizar armas de fuego para disolver manifestaciones pacíficas y un muchacho de 14 años caía muerto por esas mismas balas.
Se producía de esta manera una nueva negociación parlamentaria. En ALDE entendíamos que era absolutamente imprescindible aprobar una propuesta más ambiciosa que la de diciembre. Y volvimos a plantear la cuestión de las sanciones. El texto de nuestra propuesta era el siguiente:
«Llama al Consejo, en el supuesto de que la situación de los Derechos Humanos continúe su deterioro, a considerar la opción de sanciones específicas (targeted sanctions) y otras medidas contra las autoridades y cualquier otra persona responsable de la violación de los derechos de los manifestantes y de la oposición democrática».
A esta propuesta, el EPP, por boca de su diputado Luis De Grandes, realizaría la siguiente enmienda:
«Solicita al Consejo que, en el caso de que se mantenga la prisión y se sigan dictando condenas a los representantes de la oposición, continúe el hostigamiento y la represión a los estudiantes y miembros de la oposición democrática, se vea afectado el proceso electoral de modo que se pudiera cuestionar la legitimidad de las elecciones y continúe el proceso de radicalización e involución política, considere la posibilidad de adoptar las medidas adecuadas y proporcionales a la gravedad de la situación».
Una propuesta, como se ve, bastante más tibia que la nuestra. Que ALDE suscribiría en aras a permitir un consenso de los grupos.
De la negociación salió con ese texto del EPP que aceptábamos también ALDE y el ECR -conservadores-. S&D pidió tiempo para suscribir el texto o pedir la supresión de esa propuesta.
Finalmente, S&D amenazó con retirar su apoyo a la resolución si la enmienda del EPP figuraba en la misma. Entonces, el EPP la retiró.
A ALDE le quedaban, al menos, tres opciones: mantener nuestra propuesta inicial -que ya he transcrito antes-; no presentar ninguna enmienda y avalar el acuerdo suscrito entre el EPP, S&D y el ECR, o plantear como alternativa la enmienda del EPP -también transcrita antes.
Optamos por la tercera. ALDE llevaría en su texto -ahora como enmienda- el proyecto de resolución aprobado en la mañana del miércoles 11 por el EPP, ECR y nosotros mismos.
Esa enmienda, sometida a la aprobación del pleno por voto nominal, fue rechazada por 231 votos contra 87. El EPP se abstuvo en relación con su propia iniciativa, y S&D y Podemos votaron ambos en contra de la misma.
Por lo tanto, el pleno de Estrasburgo no ha aprobado la propuesta de sanciones propiamente dicha, ya que no se sometió a votación, ni tampoco la enmienda más tibia del EPP al respecto, cuya votación obtuvo el resultado que he expresado.
Agregaré que nada me habría gustado más que, al menos, la iniciativa de Luis De Grandes hubiera prosperado. Me cabe además la duda de si, finalmente, el grupo S&D la hubiera rechazado, como fue su amenaza del miércoles, o habrían presentado una enmienda de supresión de ese texto, avalando el resto de la resolución.
Espero haber contribuido a arrojar algo de luz en un debate al que le hacían falta, según creo, la luz y los taquígrafos.
El asunto tuvo comienzo con la negociación que los grupos parlamentarios tuvimos el pasado mes de diciembre sobre la persecución de la oposición democrática venezolana. La visita a la sede de Estrasburgo de la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, reclamando la liberación de su marido, que ya ha cumplido un año en prisión, constituía un motivo de primer orden para confirmar que los hechos denunciados por el Parlamento Europeo se correspondían con la realidad.
En aquella ocasión -insisto, diciembre de 2014-, el grupo ALDE pidió que se contemplaran sanciones específicas contra altos jerarcas del régimen bolivariano en el caso de que la situación en Venezuela persistiera en su deterioro. El EPP -grupo al que pertenece el PP español -no consideró oportuna dicha mención, por cuanto el grupo S&D -en el que se encuentra el PSOE- no lo apoyaría. ALDE aceptó esa decisión, suscribió la propuesta y la votó en el pleno.
Pero la situación, en efecto, persistiría en su deterioro: 150 esbirros de Maduro detenían sin acusación formal alguna al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma -cuya esposa, Mitzy Capriles, nos visitaba también en Estrasburgo-, las fuerzas policiales quedaban autorizadas para utilizar armas de fuego para disolver manifestaciones pacíficas y un muchacho de 14 años caía muerto por esas mismas balas.
Se producía de esta manera una nueva negociación parlamentaria. En ALDE entendíamos que era absolutamente imprescindible aprobar una propuesta más ambiciosa que la de diciembre. Y volvimos a plantear la cuestión de las sanciones. El texto de nuestra propuesta era el siguiente:
«Llama al Consejo, en el supuesto de que la situación de los Derechos Humanos continúe su deterioro, a considerar la opción de sanciones específicas (targeted sanctions) y otras medidas contra las autoridades y cualquier otra persona responsable de la violación de los derechos de los manifestantes y de la oposición democrática».
A esta propuesta, el EPP, por boca de su diputado Luis De Grandes, realizaría la siguiente enmienda:
«Solicita al Consejo que, en el caso de que se mantenga la prisión y se sigan dictando condenas a los representantes de la oposición, continúe el hostigamiento y la represión a los estudiantes y miembros de la oposición democrática, se vea afectado el proceso electoral de modo que se pudiera cuestionar la legitimidad de las elecciones y continúe el proceso de radicalización e involución política, considere la posibilidad de adoptar las medidas adecuadas y proporcionales a la gravedad de la situación».
Una propuesta, como se ve, bastante más tibia que la nuestra. Que ALDE suscribiría en aras a permitir un consenso de los grupos.
De la negociación salió con ese texto del EPP que aceptábamos también ALDE y el ECR -conservadores-. S&D pidió tiempo para suscribir el texto o pedir la supresión de esa propuesta.
Finalmente, S&D amenazó con retirar su apoyo a la resolución si la enmienda del EPP figuraba en la misma. Entonces, el EPP la retiró.
A ALDE le quedaban, al menos, tres opciones: mantener nuestra propuesta inicial -que ya he transcrito antes-; no presentar ninguna enmienda y avalar el acuerdo suscrito entre el EPP, S&D y el ECR, o plantear como alternativa la enmienda del EPP -también transcrita antes.
Optamos por la tercera. ALDE llevaría en su texto -ahora como enmienda- el proyecto de resolución aprobado en la mañana del miércoles 11 por el EPP, ECR y nosotros mismos.
Esa enmienda, sometida a la aprobación del pleno por voto nominal, fue rechazada por 231 votos contra 87. El EPP se abstuvo en relación con su propia iniciativa, y S&D y Podemos votaron ambos en contra de la misma.
Por lo tanto, el pleno de Estrasburgo no ha aprobado la propuesta de sanciones propiamente dicha, ya que no se sometió a votación, ni tampoco la enmienda más tibia del EPP al respecto, cuya votación obtuvo el resultado que he expresado.
Agregaré que nada me habría gustado más que, al menos, la iniciativa de Luis De Grandes hubiera prosperado. Me cabe además la duda de si, finalmente, el grupo S&D la hubiera rechazado, como fue su amenaza del miércoles, o habrían presentado una enmienda de supresión de ese texto, avalando el resto de la resolución.
Espero haber contribuido a arrojar algo de luz en un debate al que le hacían falta, según creo, la luz y los taquígrafos.