Esta es la pregunta más recurrente en las presentaciones de El Pequeño Libro Rojo del Activista en la Red, mi introducción a la criptografía para activistas, periodistas y personas en general. Y es interesante, no tanto por lo que dice sino por lo que implica: que renunciar a derechos civiles puede redundar en beneficio de la ciudadanía, en este caso de su seguridad. Si le damos la vuelta al argumento, vemos de qué está hecho; dice que la libertad de expresión, de asociación y de movimiento son el caldo de cultivo de la violencia y el desorden y dice que la restricción de estos derechos es la única estrategia que existe para mantener a salvo a la comunidad. Pero no podemos renunciar a nuestros derechos civiles sin renunciar a la democracia.Esto no tenemos que adivinarlo. Históricamente, la represión, la violencia y el aislamiento han sido estrategias que se han implementado una y otra vez con los resultados que ya conocemos. Hoy sabemos que las autoridades que se permiten olvidar los derechos civiles tienden naturalmente al abuso, especialmente cuando lo hacen en la oscuridad. Sabemos que no es verdad que eliminar las libertades civiles reduzca el crimen. De hecho, lo aumenta. Lo que ocurre es que ya no cuenta, porque la mayor parte de los delitos los comete la autoridad.
¿Para qué cifrar tus correos si no eres nadie famoso y no tienes nada que ocultar? Pues, como dice Glenn Greenwald, dame las llaves de tu casa, que yo tampoco. ¿Qué más da si sólo usas Internet para enviar correos a tus amigos? Cuando todas tus comunicaciones dependen de una infraestructura controlada por compañías y gobiernos de países donde no tienes derechos, todo lo que digas, hagas, busques, contestes, elimines o compres puede ser y será utilizado en tu contra, independientemente del contexto, de tus intenciones y de ti mismo. ¿Que sólo te investigamos si eres sospechoso de terrorismo? Bueno hombre, qué tranquilidad. Pero espera un momento: ¿quién eres tú y quién decide quién es terrorista?
¡Usted puede ser un terrorista mañana!
En España, por ejemplo, después de la última reforma del Código Penal, la pertenencia a grupo criminal es la unión de más de dos personas que tenga como finalidad o como objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas. Como por ejemplo, una huelga ilegal o ayudar a resistir un desahucio. O retuitear la convocatoria para cualquiera de las dos. En EEUU, el país que gestiona más del 90% del tráfico de la Red, puedes ser parte de una investigación terrorista si tienes seis grados de conexión con un sospechoso. Esto es: que alguien que conoces conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien... que conoce a alguien que es sospechoso de terrorismo.
La lista de sospechosos de terrorismo incluye miembros de organizaciones que trabajan para defender los derechos de los inmigrantes en centros de detención como Guantánamo, o denuncian los abusos que se cometen en las granjas de producción masiva. Si tienes algún familiar, amigo, vecino o colega que podría estar o haber estado vinculado a alguna de esas actividades, eso es grado dos. Si estás en una lista de correo vinculada a esas actividades, el sospechoso eres tú. Y tu pertenencia a grupo criminal es una onda expansiva que salpica a tus padres, novios, amigos, vecinos y colegas.
El derecho a la intimidad, a la privacidad, a la reunión son derechos civiles. Los derechos civiles son los derechos que nos garantizan la participación en la vida social y política de nuestro país. Por eso son tan importantes, y es nuestra responsabilidad como ciudadanos frenar los procesos que recortan o eliminan esos derechos civiles, incluyendo proteger nuestras comunicaciones, tanto si estamos organizando una huelga como si felicitamos a nuestros primos por aprobar la selectividad. No sólo para protegernos a nosotros mismos, sino para proteger el delicado ecosistema que permite que existan las huelgas, las manifestaciones y la participación en la vida civil.
El sistema inmunitario de la democracia se llama disidencia
La democracia no es algo que se hace cada cuatro años, cuando vamos a votar, sino un organismo vivo, vulnerable y dependiente. La crítica, el rechazo, la protesta y la desobediencia son los antídotos que curan los abusos de poder. Y cuando un Gobierno multa a los que hacen huelga, encarcela a los manifestantes, prohíbe el cifrado de comunicaciones, penaliza la organización y participación en las protestas civiles y golpea a los ciudadanos que participan en las estructuras democráticas, todo esto son síntomas de una enfermedad que afecta a la democracia. El sistema inmunitario de la democracia se llama disidencia.
Este sistema necesita protección. La doctrina del desaliento, por ejemplo, es una doctrina del Tribunal Constitucional -también asumida por Tribunal Europeo de Derechos Humanos - que recomienda no penar en exceso los delitos que cometen los ciudadanos durante el ejercicio de sus derechos civiles (expresión, reunión, manifestación). Entiende el Constitucional que, si se penan en exceso este tipo de delitos, el efecto resultante es que se produce el desaliento entre los ciudadanos, que dejan de hacer uso de sus derechos fundamentales y, como consecuencia, dejan de ser ciudadanos para convertirse en súbditos.
Pero también necesitan intimidad, y la ley establece su derecho a tenerla precisamente porque considera que, si se vigila a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos civiles, el efecto resultante es la debilidad de ese sistema inmunitario. Vivimos momentos excepcionales que requieren un esfuerzo excepcional por parte de la ciudadanía, esfuerzos que no sentimos necesarios o urgentes en momentos de mayor estabilidad y menos injusticia. Pero el ejercicio de los derechos civiles no debe ser algo excepcional sino un hábito de higiene democrática y proteger nuestras comunicaciones es tan importante aquí y ahora como lo es en Siria, San Petersburgo o Corea del Norte, aunque allí parezca más urgente.