El 'rescate energético' de Podemos ante los cortes de suministro

Apareció el reclamado programa de Podemos para las elecciones de mayo de 2015, y llama la atención la referencia tan explícita a la pobreza energética en su propuesta de "rescate energético" contra el "corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuando el impago de la factura se deba a motivos ajenos a su voluntad y, en particular, por pobreza sobrevenida". Es una de las propuestas estrella de su programa de rescate ciudadano, junto con la protección frente a desahucios. No es una medida nueva ni única en su especie. En Cataluña, el gobierno de la Generalitat aprobó en 2013 una "tregua invernal" para evitar la desconexión del suministro de agua, luz y gas a hogares vulnerables, que se encuentra recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional al considerarse que invade competencias estatales. En el ámbito estatal, de acuerdo con la revisión realizada por la Asociación de Ciencias Ambientales en 2014, el Congreso de los Diputados y al menos diez parlamentos autonómicos registraron desde 2013, sobre todo por parte de partidos de izquierda y centro-izquierda (Izquierda Unida, PSOE, Chunta Aragonesista y Compromís entre otros), múltiples proposiciones de ley y no de ley que reclaman el establecimiento de treguas, moratorias y restricciones a la desconexión del suministro energético de consumidores vulnerables. Y en la Unión Europea, este tipo de políticas también existen y son comunes. Según el proyecto INSIGHT_E para la Comisión Europea, el 27% de las 280 medidas relacionadas con la pobreza energética aprobadas por los gobiernos de los 28 Estados Miembros están destinadas a evitar la desconexión de hogares, ya sea con carácter general, para tipologías concretas de consumidores, o en época invernal.

Impedir la interrupción forzosa del suministro de energía doméstica en hogares vulnerables es una aspiración compartida de los partidos de la vieja y nueva izquierda; y una necesidad social. En el contexto económico y político concreto en que nos encontramos, es coherente con una interpretación de los actuales niveles de pobreza energética como uno de los efectos más palpables de la crisis, junto con los desahucios, sobre el bienestar material de la ciudadanía. De hecho, se habla ya de "desahucios energéticos" para referirse a los cortes de suministro. En términos más generales, puede interpretarse como un intento de reequilibrar la falta de poder de los usuarios en un mercado liberalizado y con presencia de grandes compañías que dominan en los apartados de generación y comercialización. Esta idea resuena en un reciente informe del Síndic de Greuges (defensor del pueblo) catalán cuando llama a superar la terminología de "cliente, usuario o consumidor" para avanzar hacia la consideración de la persona como "titular de un derecho subjetivo a los suministros básicos a un precio asequible y dentro de unos parámetros de consumo básicos, esenciales o no suntuarios". Lo que subyace en esta discusión terminológica es la tensión entre considerar la energía como una mercancía al uso o como un insumo necesario para garantizar un estándar de bienestar mínimo a los ciudadanos.

Volvamos ahora a la propuesta de "rescate energético" de Podemos como un ejemplo concreto y reciente de esta idea. Aunque no es novedosa y se reduce al ámbito competencial de las Comunidades Autónomas, un análisis de sus términos permite reflexionar de forma más general sobre las dificultades e incertidumbres que rodean a su aplicación:

1. La propuesta se refiere exclusivamente al "corte de suministro de electricidad o gas". Pero se sabe que el gas butano es utilizado mayoritariamente por familias con pocos recursos, que se desconectan así voluntariamente del suministro de gas natural. Aunque el precio del butano esté regulado por razones sociales, los hogares que no puedan hacer frente ni siquiera a la compra de la bombona quedan excluidos del rescate.



2. Se establece un "mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar" que "no podrá superar el 10% de los ingresos mensuales". El umbral del 10% se inspira claramente en la antigua definición oficial de pobreza energética en el Reino Unido, y es arbitrario. Pero es defendible con el argumento de que el peso de los gastos energéticos en España es del 5% de los ingresos anuales de un hogar. Es decir, una familia protegida por el rescate estaría haciendo el doble del esfuerzo que un hogar promedio para pagar sus facturas de luz y gas, y aún más en comparación con los de renta altas.



3. El impago de la factura se refiere en concreto a una situación de "pobreza sobrevenida" por definir. Pero no todos los hogares en pobreza energética se pueden clasificar como en riesgo de pobreza y exclusión social, y existen situaciones de vulnerabilidad energética que no encajan con el perfil de hogar pobre: personas de edad avanzada que viven solas en la vivienda familiar tras la emancipación de los hijos, hogares con enfermos crónicos que necesitan, por ejemplo, respiradores artificiales enchufados a la red eléctrica, etc. Por otro lado, criterios estrictos y difíciles de demostrar por parte de los potenciales beneficiarios conducen a una escasa cobertura. En Cataluña, tan solo unos cientos de personas se han acogido a la tregua invernal de la Generalitat.



4. No queda claro qué ocurre con las deudas acumuladas con la compañía suministradora hasta que se produce la amenaza de corte. La propuesta habla de un "fondo autonómico contra la pobreza energética" que se entiende que ayudará a los hogares a cubrir los mínimos vitales sin superar el 10% de sus ingresos. Frente a la tregua invernal catalana, que permitía que se acumularan las deudas, esta dotación económica evitaría que los hogares se siguieran endeudando tras acogerse a la medida.



5. Es una propuesta de carácter asistencial corre el riesgo de cronificar la situación de pobreza energética si no se complementa con medidas que vayan a sus causas estructurales, que en buena parte son competencia del estado o de la Unión Europea (legislación y funcionamiento de mercados regulados, políticas sociales, de vivienda, energía y cambio climático, etc.). Pero existen programas autonómicos de eficiencia energética en el sector residencial que hasta el momento raramente consideran criterios sociales para la asignación de fondos, a pesar de que los hogares vulnerables deberían ser perceptores prioritarios de ayudas ya que son los menos capacitados para hacer estas inversiones. También existen experiencias piloto como la de Intiam Ruai en el Prat de Llobregat que combinando medidas sencillas de eficiencia energética (como la instalación de regletas) y la renegociación - no siempre fácil - de contratos aprovechando cuando se puede el bono social permiten reducciones sostenibles de la factura eléctrica. O como el proyecto de voluntariado contra la pobreza energética de Ecoserveis y la Fundación ABD en Barcelona. Actuaciones de bajo coste como estas suponen una menor presión sobre los presupuestos de las administraciones públicas, empoderan a los consumidores y mandan una señal clara a las compañías suministradoras.



6. Los potenciales beneficiarios serían usuarios en los que el "impago de la factura se deba a motivos ajenos a su voluntad y, en particular, por pobreza sobrevenida". Esta precisión se puede interpretar de forma similar a la de los "deudores de buena fe" de los desahucios hipotecarios, y tiene el objetivo de asegurar que no se está dando cobertura a hogares que no lo necesitan. Este es probablemente el flanco más expuesto de la propuesta. Desde posiciones políticas reacias a medidas de este tipo, se utilizará la posibilidad de fraude, que es real y no puede ser menospreciada, para negar la necesidad de actuar frente al problema. Por eso los criterios y mecanismo de asignación -qué hogares y bajo qué condiciones- son puntos clave del rescate.



7. Las empresas comercializadoras serían también beneficiarias ya que pueden reducir sus cifras de impago con cargo a presupuestos públicos. Cabría la posibilidad de solicitar contrapartidas en la forma de, por ejemplo, cofinanciacion de la medida, periodos de carencia especiales o la obligación de ofrecer a consumidores vulnerables el mejor de los posibles contratos de su cartera.

Según datos de Eurostat, en 2013 un 8,3% de la personas residentes en España (cerca de 4 millones) habitaban en un hogar con retrasos forzados en el pago de las facturas de la vivienda. Es el porcentaje más elevado desde que se inicia la serie de la Encuesta de Condiciones de Vida en 2004. La responsabilidad es compartida, y las soluciones también pueden serlo.