Como suele ser habitual en los conflictos multilaterales, a una fase donde proliferan las amenazas, sucede otra en la que la plasmación de ésta por una de las partes conduce a una escalada de la enemistad que hace probable una guerra de todos contra todos, sin saber muy bien cómo acabaran las hostilidades. Esto es lo que ha sucedido en esta semana entre la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), la LFP (la Liga de Fútbol Profesional) y el CSD (el Consejo Superior de Deportes). De modo análogo a lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, tenemos un conflicto multilateral con diversidad de temas conflictivos, un acontecimiento que provoca la explosión del conflicto y, por último, un elemento personal que complica la negociación entre las partes: la animadversión entre ellas.
El conflicto venía larvado desde hacía tiempo, pero ha sido la promulgación del Real Decreto Ley sobre el reparto de los ingresos provenientes de los derechos audiovisuales el que ha hecho estallar el conflicto. La coalición LFP-CSD es la que parece haber impuesto sus puntos de vista frente a la AFE-RFEF en lo que se refiere al reparto de los ingresos mencionados.
La respuesta en forma de declaración de huelga provino de la AFE; y sobre esta base, su aliada en este conflicto, la RFEF, estableció la suspensión de la disputa del campeonato a partir del día 16 de mayo. La reacción de LFP es un ataque directo en forma de denuncia sobre la base de la presunta ilegalidad de la huelga declarada por el sindicato de futbolistas. Es más, desde su punto de vista es un medio de presión abusivo y además, lo reclamado está fuera del alcance del empresario.
Mientras tanto, el CSD no sabe qué papel desempeña. Debería ser un órgano conciliador entre las partes enfrentadas, pero al ponerse del lado de la LFP ha perdido su autoridad sobre el otro bando, RFEF y AFE. Esa incapacidad para resolver el conflicto debe haber generado un tremendo enfado en el Gobierno, y más en pleno periodo electoral.
Lo cierto es que hay razones objetivas que deberían hacer que las partes entraran en razón, siendo la principal que todos salen perdiendo: 1) la AFE corre el riesgo de que los aficionados no entiendan que un colectivo donde abundan supermillonarios vayan a una huelga y que además, esta se entienda que sea porque no quieren pagar más impuestos; 2) el CSD y el gobierno porque el conflicto les puede afectar en sus perspectivas electorales; 3) la LFP puede verse afectada con pérdidas millonarias por cada jornada de suspensión; 4) la RFEF puede perder ingresos económicos, de competencias, y además, el conflicto hace peligrar la continuidad de su presidente en la poltrona.
Pero como decíamos al principio, la eventual negociación es difícil que llegue a buen puerto, no tanto por los puntos en desacuerdo, sino por el ego y el rencor que se profesan los presidentes de la RFEF por un lado, y la LFP y el CSD por otro, así como por la incapacidad del CSD de adoptar un papel neutral que hiciera de cortafuegos antes de llegar a los tribunales.
El conflicto venía larvado desde hacía tiempo, pero ha sido la promulgación del Real Decreto Ley sobre el reparto de los ingresos provenientes de los derechos audiovisuales el que ha hecho estallar el conflicto. La coalición LFP-CSD es la que parece haber impuesto sus puntos de vista frente a la AFE-RFEF en lo que se refiere al reparto de los ingresos mencionados.
La respuesta en forma de declaración de huelga provino de la AFE; y sobre esta base, su aliada en este conflicto, la RFEF, estableció la suspensión de la disputa del campeonato a partir del día 16 de mayo. La reacción de LFP es un ataque directo en forma de denuncia sobre la base de la presunta ilegalidad de la huelga declarada por el sindicato de futbolistas. Es más, desde su punto de vista es un medio de presión abusivo y además, lo reclamado está fuera del alcance del empresario.
Mientras tanto, el CSD no sabe qué papel desempeña. Debería ser un órgano conciliador entre las partes enfrentadas, pero al ponerse del lado de la LFP ha perdido su autoridad sobre el otro bando, RFEF y AFE. Esa incapacidad para resolver el conflicto debe haber generado un tremendo enfado en el Gobierno, y más en pleno periodo electoral.
Lo cierto es que hay razones objetivas que deberían hacer que las partes entraran en razón, siendo la principal que todos salen perdiendo: 1) la AFE corre el riesgo de que los aficionados no entiendan que un colectivo donde abundan supermillonarios vayan a una huelga y que además, esta se entienda que sea porque no quieren pagar más impuestos; 2) el CSD y el gobierno porque el conflicto les puede afectar en sus perspectivas electorales; 3) la LFP puede verse afectada con pérdidas millonarias por cada jornada de suspensión; 4) la RFEF puede perder ingresos económicos, de competencias, y además, el conflicto hace peligrar la continuidad de su presidente en la poltrona.
Pero como decíamos al principio, la eventual negociación es difícil que llegue a buen puerto, no tanto por los puntos en desacuerdo, sino por el ego y el rencor que se profesan los presidentes de la RFEF por un lado, y la LFP y el CSD por otro, así como por la incapacidad del CSD de adoptar un papel neutral que hiciera de cortafuegos antes de llegar a los tribunales.