Un fantasma recorre Europa y España: el fantasma del crecimiento económico y la creación de empleo. Una nueva clase social está consolidándose entre los estratos inferiores y medios de la sociedad: el precariado. Una nueva modalidad de estafa está realizándose mediante la utilización tramposa del lenguaje: empleo ha suplantado casi por completo a trabajo con el resultado final del creciente empobrecimiento de la población.
Los mercaderes, amparados en su mantra de las necesidades del mercado le echan la culpa a la crisis, pero realmente es consecuencia de una de las primeras leyes que con su mayoría absoluta impuso el PP sin gran oposición: el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Un empleo es una actividad sobre la que la persona trabajadora nada puede decir acerca de sus condiciones (salario, horario, etc.). Graniza sobre las cabezas de los desempleados los denominados trabajos por horas, la temporalidad, la precariedad sin fisuras y los bajos salarios. Conozco personas que han recibido en su móvil en una semana dos o tres avisos de alta y de baja en la Seguridad Social, pues sus sucesivos empleos terminan como un pábilo a punto de apagarse. Los mercaderes lo llaman flexibilidad, cuando en realidad es precariedad e incertidumbre. Eso es un empleo, y fuera de él solo existe el des-empleo. El empleador es el dios contemporáneo, dueño de las vidas y penurias de millones de personas, que roba el presente y el futuro de un número cada vez mayor de ciudadanos privados de sus derechos laborales elementales.
¿Un empleo, entonces? ¡No, gracias! Yo quiero un trabajo.
España firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 23 habla del derecho al trabajo, de las condiciones equitativas y satisfactorias de todo trabajo, de una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure al trabajador o trabajadora, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
¿Es casual que el término trabajo parezca estar borrado del vocabulario y solo se esté hablando de empleo? ¿Nos está bien empleado este giro lingüístico copernicano en materia de derechos laborales?
España firmó asimismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en sus artículos 6, 7 y 8 recoge el derecho a trabajar, definido como "el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado" con un "salario equitativo e igual por trabajo de igual valor", que garantice unas "condiciones de existencia dignas para los trabajadores y para sus familias" y que incluya el derecho al "descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos".
España votó y aprobó la Constitución de 1978, cuyo artículo 35 habla del deber de trabajar y el derecho al trabajo: "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo".
La ciudadanía española exige que se cumpla la Constitución española vigente y que el primer y principal deber de todo gobernante sea amparar, fomentar y hacer efectivos los derechos humanos recogidos en la Carta Universal de la ONU y en la Constitución. Por esta misma razón, no debería ser aceptable un empleo, sino un puesto de trabajo que cumpla con exactitud las condiciones constitucionales.
Leía hace unos días que FAES pide suprimir el salario mínimo y que la prestación por desempleo deje de ser un derecho, como si los derechos fuesen una prenda de vestir o un reloj de pulsera que se quita y se pone al antojo del mercader de turno.
Aznar Tartufo y FAES parecen ignorar que solo es posible re-conocer un derecho humano o, en caso contrario, despreciarlo y pisotearlo. Parecen ignorar igualmente que los derechos humanos confieren a cada ser humano su propia identidad como humano, de tal forma que pretender suprimir algún derecho humano es una agresión des-humanizadora.
Los mercaderes, amparados en su mantra de las necesidades del mercado le echan la culpa a la crisis, pero realmente es consecuencia de una de las primeras leyes que con su mayoría absoluta impuso el PP sin gran oposición: el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Un empleo es una actividad sobre la que la persona trabajadora nada puede decir acerca de sus condiciones (salario, horario, etc.). Graniza sobre las cabezas de los desempleados los denominados trabajos por horas, la temporalidad, la precariedad sin fisuras y los bajos salarios. Conozco personas que han recibido en su móvil en una semana dos o tres avisos de alta y de baja en la Seguridad Social, pues sus sucesivos empleos terminan como un pábilo a punto de apagarse. Los mercaderes lo llaman flexibilidad, cuando en realidad es precariedad e incertidumbre. Eso es un empleo, y fuera de él solo existe el des-empleo. El empleador es el dios contemporáneo, dueño de las vidas y penurias de millones de personas, que roba el presente y el futuro de un número cada vez mayor de ciudadanos privados de sus derechos laborales elementales.
¿Un empleo, entonces? ¡No, gracias! Yo quiero un trabajo.
España firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 23 habla del derecho al trabajo, de las condiciones equitativas y satisfactorias de todo trabajo, de una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure al trabajador o trabajadora, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
¿Es casual que el término trabajo parezca estar borrado del vocabulario y solo se esté hablando de empleo? ¿Nos está bien empleado este giro lingüístico copernicano en materia de derechos laborales?
España firmó asimismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en sus artículos 6, 7 y 8 recoge el derecho a trabajar, definido como "el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado" con un "salario equitativo e igual por trabajo de igual valor", que garantice unas "condiciones de existencia dignas para los trabajadores y para sus familias" y que incluya el derecho al "descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos".
España votó y aprobó la Constitución de 1978, cuyo artículo 35 habla del deber de trabajar y el derecho al trabajo: "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo".
La ciudadanía española exige que se cumpla la Constitución española vigente y que el primer y principal deber de todo gobernante sea amparar, fomentar y hacer efectivos los derechos humanos recogidos en la Carta Universal de la ONU y en la Constitución. Por esta misma razón, no debería ser aceptable un empleo, sino un puesto de trabajo que cumpla con exactitud las condiciones constitucionales.
Leía hace unos días que FAES pide suprimir el salario mínimo y que la prestación por desempleo deje de ser un derecho, como si los derechos fuesen una prenda de vestir o un reloj de pulsera que se quita y se pone al antojo del mercader de turno.
Aznar Tartufo y FAES parecen ignorar que solo es posible re-conocer un derecho humano o, en caso contrario, despreciarlo y pisotearlo. Parecen ignorar igualmente que los derechos humanos confieren a cada ser humano su propia identidad como humano, de tal forma que pretender suprimir algún derecho humano es una agresión des-humanizadora.