La sentencia condenatoria de Zhou Yongkang, ex miembro del Comité Permanente del Buró Político del PCCh, es el punto culminante de la campaña anticorrupción del presidente Xi Jinping, pero la gestión del caso nos remite a la persistencia de las viejas prácticas que el nuevo liderazgo había prometido erradicar.
Lo primero que llama la atención es la opacidad. En efecto, no cabe argumentar el carácter no público del juicio basándose en la acusación de "revelar deliberadamente secretos de Estado" cuando estos, a la vez, se consideran de poca monta y merecedores de la pena más baja en relación a los otros dos cargos imputados (aceptación de sobornos y abuso de poder). Nada ha trascendido de las supuestas acusaciones que asociaban a Zhou Yongkang con la muerte violenta de su primera esposa ni sus implicaciones en una revuelta de palacio contra Xi Jinping. Este proceder y la magnitud de la condena, más leve de lo inicialmente esperado, hacen sospechar de un arreglo político que cuestionaría, una vez más, la tan celebrada independencia judicial que la actual reforma política promovida por el PCCh entona como punta de lanza de su Estado de derecho.
Cabe señalar, a mayores, que, probablemente, en la elección de la opción opaca influyó el caso de Bo Xilai, mucho más transparente en su diligencia. Al parecer de muchos, Bo, condenado más severamente que Zhou Yongkang (pena de muerte con dos años de suspensión), a ojos de la opinión pública, venció al propio tribunal.
La condena de Zhou Yongkang, por otra parte, representa el posible fin de la fase más aguda de la campaña anticorrupción. Más de dos años después de su inicio, con un balance de miles de funcionarios expedientados y sancionados, y con el foco aun centrado en las empresas estatales y en el sector castrense como últimas hojas de esta peculiar col china, la moderación se impone para serenar la vida política y calmar los temores de los funcionarios, más preocupados de salvar la piel que de aplicar las reformas, hasta el punto de hacerlas encallar en numerosos distritos, cantones y poblados de todo el país. El desasosiego, que invita incluso al suicidio en no pocas ocasiones, debe dejar paso a un talante más constructivo que permita alcanzar los objetivos de la presente etapa. La base política del nuevo liderazgo y el control de los principales resortes del poder, tanto a nivel central como territorial y sectorial, ha quedado configurada a plenitud.
La condena, por último, es el colofón de la reestructuración de sectores estratégicos de la economía del país, en especial el energético, donde las proyecciones de poder del condenado eran poderosas y significativas, ofreciendo resistencia a las reformas. Semanas atrás se han registrado importantes relevos en las cúpulas de los operadores. Cercenados todos sus apoyos y tentáculos, la explicitación pública de la condena baja el telón de esta singular representación.
Zhou, a diferencia del también condenado Bo Xilai, fue privado del título de "camarada" en la prensa oficial. De nada le valió mostrar arrepentimiento.
Lo primero que llama la atención es la opacidad. En efecto, no cabe argumentar el carácter no público del juicio basándose en la acusación de "revelar deliberadamente secretos de Estado" cuando estos, a la vez, se consideran de poca monta y merecedores de la pena más baja en relación a los otros dos cargos imputados (aceptación de sobornos y abuso de poder). Nada ha trascendido de las supuestas acusaciones que asociaban a Zhou Yongkang con la muerte violenta de su primera esposa ni sus implicaciones en una revuelta de palacio contra Xi Jinping. Este proceder y la magnitud de la condena, más leve de lo inicialmente esperado, hacen sospechar de un arreglo político que cuestionaría, una vez más, la tan celebrada independencia judicial que la actual reforma política promovida por el PCCh entona como punta de lanza de su Estado de derecho.
Cabe señalar, a mayores, que, probablemente, en la elección de la opción opaca influyó el caso de Bo Xilai, mucho más transparente en su diligencia. Al parecer de muchos, Bo, condenado más severamente que Zhou Yongkang (pena de muerte con dos años de suspensión), a ojos de la opinión pública, venció al propio tribunal.
La condena de Zhou Yongkang, por otra parte, representa el posible fin de la fase más aguda de la campaña anticorrupción. Más de dos años después de su inicio, con un balance de miles de funcionarios expedientados y sancionados, y con el foco aun centrado en las empresas estatales y en el sector castrense como últimas hojas de esta peculiar col china, la moderación se impone para serenar la vida política y calmar los temores de los funcionarios, más preocupados de salvar la piel que de aplicar las reformas, hasta el punto de hacerlas encallar en numerosos distritos, cantones y poblados de todo el país. El desasosiego, que invita incluso al suicidio en no pocas ocasiones, debe dejar paso a un talante más constructivo que permita alcanzar los objetivos de la presente etapa. La base política del nuevo liderazgo y el control de los principales resortes del poder, tanto a nivel central como territorial y sectorial, ha quedado configurada a plenitud.
La condena, por último, es el colofón de la reestructuración de sectores estratégicos de la economía del país, en especial el energético, donde las proyecciones de poder del condenado eran poderosas y significativas, ofreciendo resistencia a las reformas. Semanas atrás se han registrado importantes relevos en las cúpulas de los operadores. Cercenados todos sus apoyos y tentáculos, la explicitación pública de la condena baja el telón de esta singular representación.
Zhou, a diferencia del también condenado Bo Xilai, fue privado del título de "camarada" en la prensa oficial. De nada le valió mostrar arrepentimiento.