El pasado 3 de enero, me disponía a embarcar en el primero de los cuatro vuelos que acostumbro a hacer cada vez que abandono mi tierra natal. No suelo ser de esos que parecen tener prisa por embarcar y hacen cola durante horas. En esta ocasión, decidí sentarme a leer el periódico. Dentro del abundante número de noticias indignantes que pueblan la prensa española, una en particular me indignó sobremanera: el Gobierno ha decidido endurecer las penas en materia de estupefacientes.
Tras la repenalización del aborto, lo cual nos equipara a los pocos países ultracatólicos que quedan en Europa, como Malta o Polonia, ahora toca eliminar vicios pecaminosos como la marihuana o el hachís. ¿Cómo? Imponiendo multas que casi nadie va a poder pagar. Muy inteligente. Si bien es cierto, que uno de los objetivos que persiguen las sanciones es la disuasión, ésta solo puede materializarse cuando el grueso de una sociedad considera la acción sancionada como necesaria, justa y proporcional. De lo contrario, lo que se consigue es el efecto opuesto. Esto es, leyes impopulares. Un ejemplo sencillo: si miramos hacia atrás una década, conducir bajo los efectos del alcohol era algo muy común en nuestra sociedad. En consecuencia, en 2003 más de cuatro mil personas perdieron la vida en las carreteras españolas. 2013 fue no obstante, el año con menor número de personas fallecidas en accidentes de tráfico en la historia de nuestro país (poco más de mil). Por ello, podemos concluir que el endurecimiento de las sanciones para este tipo de conductas, fue algo positivo y efectivo a largo plazo.
Por otro lado, el proyecto de ley de seguridad ciudadana mediante la cual se propone multar hasta con 600.000 euros a aquellas personas que se manifiesten por ejemplo por ser desahuciadas de sus hogares, es claramente una ley impopular e ineficaz (e incluso antidemocrática). ¿Cuál es exactamente el beneficio que la sociedad obtiene a largo plazo? Mientras que retirar el carnet de conducir por llevar copas de más al volante es algo que puede considerarse racional y proporcional, ¿qué sentido tiene multar a alguien que lo ha perdido todo con un dinero que no poseen ni el 3% de los españoles?
No me cabe la menor duda que la raison d'être de estas nuevas medidas sin sentido práctico alguno, que a nuestro Gobierno le ha dado por adoptar, es contentar a patrocinadores y a esos fieles votantes que aun le quedan. Votantes que no representan ni a un tercio de los españoles, pero ¡qué más da! Mano dura contra la droga. Ese es el mensaje que mandan. Suena muy bien como eslogan político, pero ¿funciona? En absoluto. EEUU lleva desde la era Nixon declarándole la "guerra a las drogas" y ahí siguen, siendo el país con mayor consumo de cocaína per cápita a nivel mundial. No importa. Quizás nosotros, con nuestros vastos y abundantes recursos policiales y judiciales lo hagamos mejor. Ah no, espera un momento. ¿No estábamos adoptando medidas de austeridad? Entonces, el objetivo tendrá que ser otro. Teniendo en cuenta que las multas comprenden una de las principales fuentes de ingreso de la policía, quizás esta medida pretende ayudar a financiar la seguridad pública y así no vernos obligados a delegar más funciones policiales en la industria de la seguridad privada.
En cualquier caso, el consumo de drogas blandas no es de los principales problemas sociales de nuestro país. Igual que no lo son la inmigración o el impago de hipotecas. Este vergonzoso proyecto de ley no es más que otra forma de distraer la atención de los verdaderos problemas que afectan a nuestra nación. Y ya de paso, de callarnos la boca. ¿Qué pasa por ejemplo, con la corrupción política y de cuello blanco? Más de 20 estudios recientes demuestran cómo la corrupción administrativa cuesta al contribuyente más dinero que cualquier otro delito. Su impacto en la sociedad es también más nocivo que cualquier otra categoría delictiva. Por ejemplo, el WorldBank -entre otros- demuestra la existencia de una fuerte correlación entre los niveles de corrupción y el incremento de los niveles de pobreza y desigualdad de ingresos. 6 millones de parados y familias enteras viviendo con un salario tercermundista. Pero no pasa nada, que haya gente fumando hachís en las vías públicas es sin lugar a dudas un problema de seguridad nacional.
Limitaciones a la libertad de expresión y de asociación, anulación de derechos constitucionales (el BOE de 26/12/2013 canceló el derecho a la Sanidad Pública a españoles no residentes), la abolición del aborto, el aumento de la severidad de las penas... Por mencionar sólo algunas joyitas recientes. No sé ustedes, pero a mí esto me suena a tiempos que parecían ir quedando atrás.
Tras la repenalización del aborto, lo cual nos equipara a los pocos países ultracatólicos que quedan en Europa, como Malta o Polonia, ahora toca eliminar vicios pecaminosos como la marihuana o el hachís. ¿Cómo? Imponiendo multas que casi nadie va a poder pagar. Muy inteligente. Si bien es cierto, que uno de los objetivos que persiguen las sanciones es la disuasión, ésta solo puede materializarse cuando el grueso de una sociedad considera la acción sancionada como necesaria, justa y proporcional. De lo contrario, lo que se consigue es el efecto opuesto. Esto es, leyes impopulares. Un ejemplo sencillo: si miramos hacia atrás una década, conducir bajo los efectos del alcohol era algo muy común en nuestra sociedad. En consecuencia, en 2003 más de cuatro mil personas perdieron la vida en las carreteras españolas. 2013 fue no obstante, el año con menor número de personas fallecidas en accidentes de tráfico en la historia de nuestro país (poco más de mil). Por ello, podemos concluir que el endurecimiento de las sanciones para este tipo de conductas, fue algo positivo y efectivo a largo plazo.
Por otro lado, el proyecto de ley de seguridad ciudadana mediante la cual se propone multar hasta con 600.000 euros a aquellas personas que se manifiesten por ejemplo por ser desahuciadas de sus hogares, es claramente una ley impopular e ineficaz (e incluso antidemocrática). ¿Cuál es exactamente el beneficio que la sociedad obtiene a largo plazo? Mientras que retirar el carnet de conducir por llevar copas de más al volante es algo que puede considerarse racional y proporcional, ¿qué sentido tiene multar a alguien que lo ha perdido todo con un dinero que no poseen ni el 3% de los españoles?
No me cabe la menor duda que la raison d'être de estas nuevas medidas sin sentido práctico alguno, que a nuestro Gobierno le ha dado por adoptar, es contentar a patrocinadores y a esos fieles votantes que aun le quedan. Votantes que no representan ni a un tercio de los españoles, pero ¡qué más da! Mano dura contra la droga. Ese es el mensaje que mandan. Suena muy bien como eslogan político, pero ¿funciona? En absoluto. EEUU lleva desde la era Nixon declarándole la "guerra a las drogas" y ahí siguen, siendo el país con mayor consumo de cocaína per cápita a nivel mundial. No importa. Quizás nosotros, con nuestros vastos y abundantes recursos policiales y judiciales lo hagamos mejor. Ah no, espera un momento. ¿No estábamos adoptando medidas de austeridad? Entonces, el objetivo tendrá que ser otro. Teniendo en cuenta que las multas comprenden una de las principales fuentes de ingreso de la policía, quizás esta medida pretende ayudar a financiar la seguridad pública y así no vernos obligados a delegar más funciones policiales en la industria de la seguridad privada.
En cualquier caso, el consumo de drogas blandas no es de los principales problemas sociales de nuestro país. Igual que no lo son la inmigración o el impago de hipotecas. Este vergonzoso proyecto de ley no es más que otra forma de distraer la atención de los verdaderos problemas que afectan a nuestra nación. Y ya de paso, de callarnos la boca. ¿Qué pasa por ejemplo, con la corrupción política y de cuello blanco? Más de 20 estudios recientes demuestran cómo la corrupción administrativa cuesta al contribuyente más dinero que cualquier otro delito. Su impacto en la sociedad es también más nocivo que cualquier otra categoría delictiva. Por ejemplo, el WorldBank -entre otros- demuestra la existencia de una fuerte correlación entre los niveles de corrupción y el incremento de los niveles de pobreza y desigualdad de ingresos. 6 millones de parados y familias enteras viviendo con un salario tercermundista. Pero no pasa nada, que haya gente fumando hachís en las vías públicas es sin lugar a dudas un problema de seguridad nacional.
Limitaciones a la libertad de expresión y de asociación, anulación de derechos constitucionales (el BOE de 26/12/2013 canceló el derecho a la Sanidad Pública a españoles no residentes), la abolición del aborto, el aumento de la severidad de las penas... Por mencionar sólo algunas joyitas recientes. No sé ustedes, pero a mí esto me suena a tiempos que parecían ir quedando atrás.