Con motivo del ingreso en el Senado de varios expresidentes autonómicos del Partido Popular y una exalcaldesa tan bien retribuida como lo fue Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia, reparamos una vez más en el monto de los ingresos que se llevan al año algunos de los políticos que acaban sentados en esos escaños, sin apenas actividad que los justifique.
Sabemos así que el expresidente Lucas, que lo fue de Castilla y León, se lleva algo más de 108.000 euros, casi lo mismo que el expresidente Montilla, que lo fue de la Generalitat (105.000). Con emolumentos comprendidos entre los 73.000 y los 82.000 figuran los expresidentes socialistas Marcelino Iglesias (Aragón), Francesc Antich (Baleares) y Joan Lerma (Valencia). Ahora los expresidentes conservadores Fabra (Valencia), Rudí (Aragón), Bauzá (Baleares) y Pedro Sanz (La Rioja) se llevarán algo más de 60.000. En manifestaciones hechas públicas ayer por representantes tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, se ha venido a justificar esos destinos en razón -según Rafael Hernando- a la "experiencia territorial" de sus compañeros, expresión peculiar donde las haya.
Por primera vez en los últimos cuarenta años, y pese a la sangría que para la mayoría de los ciudadanos han supuesto los recortes aplicados por el vigente Gobierno y el anterior desde hace siete, hemos asistido en España a una medida inédita en algunos de los Ayuntamientos elegidos tras las pasadas elecciones. Tanto en Madrid como en Barcelona, sus respectivas alcaldesas han aplicado una sustanciosa reducción en sus sueldos, que también afecta a sus concejales. Igual decisión han tomado los alcaldes de Valencia, Oviedo, La Coruña, Cádiz o Zamora, entre otras capitales de provincia.
Cierto es que al lado de estos casos nos hemos encontrado con alcaldes como el de Brunete (Madrid) -muy meticuloso en buscar un crucifijo para prestar el correspondiente juramento- que se ha subido el sueldo un treinta y tres por ciento, de 28.000 a 37.000 euros al año, al tiempo que se lo ha reducido a la oposición.
Se podrá llamar demagogos o populistas a quienes, como representantes elegidos por los ciudadanos, se rebajan sus remuneraciones, pero está claro que al hacerlo, están más cerca de los electores que quienes no lo hacen o hacen lo contrario, sobre todo si es de modo tan desmesurado como el alcalde de Brunete y quienes han aplicado similares medidas.
Habrá quien diga que en uno y otro caso lo importante es la gestión que puedan llevar a cabo, pero tal como está el país, yo no confiaría en quienes son elegidos en un país tal como ahora lo tenemos y la primera decisión que toman es subirse el sueldo un 33 por ciento, con o sin crucifijo.
Este post fue publicado inicialmente en el blog del autor
Sabemos así que el expresidente Lucas, que lo fue de Castilla y León, se lleva algo más de 108.000 euros, casi lo mismo que el expresidente Montilla, que lo fue de la Generalitat (105.000). Con emolumentos comprendidos entre los 73.000 y los 82.000 figuran los expresidentes socialistas Marcelino Iglesias (Aragón), Francesc Antich (Baleares) y Joan Lerma (Valencia). Ahora los expresidentes conservadores Fabra (Valencia), Rudí (Aragón), Bauzá (Baleares) y Pedro Sanz (La Rioja) se llevarán algo más de 60.000. En manifestaciones hechas públicas ayer por representantes tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, se ha venido a justificar esos destinos en razón -según Rafael Hernando- a la "experiencia territorial" de sus compañeros, expresión peculiar donde las haya.
Por primera vez en los últimos cuarenta años, y pese a la sangría que para la mayoría de los ciudadanos han supuesto los recortes aplicados por el vigente Gobierno y el anterior desde hace siete, hemos asistido en España a una medida inédita en algunos de los Ayuntamientos elegidos tras las pasadas elecciones. Tanto en Madrid como en Barcelona, sus respectivas alcaldesas han aplicado una sustanciosa reducción en sus sueldos, que también afecta a sus concejales. Igual decisión han tomado los alcaldes de Valencia, Oviedo, La Coruña, Cádiz o Zamora, entre otras capitales de provincia.
Cierto es que al lado de estos casos nos hemos encontrado con alcaldes como el de Brunete (Madrid) -muy meticuloso en buscar un crucifijo para prestar el correspondiente juramento- que se ha subido el sueldo un treinta y tres por ciento, de 28.000 a 37.000 euros al año, al tiempo que se lo ha reducido a la oposición.
Se podrá llamar demagogos o populistas a quienes, como representantes elegidos por los ciudadanos, se rebajan sus remuneraciones, pero está claro que al hacerlo, están más cerca de los electores que quienes no lo hacen o hacen lo contrario, sobre todo si es de modo tan desmesurado como el alcalde de Brunete y quienes han aplicado similares medidas.
Habrá quien diga que en uno y otro caso lo importante es la gestión que puedan llevar a cabo, pero tal como está el país, yo no confiaría en quienes son elegidos en un país tal como ahora lo tenemos y la primera decisión que toman es subirse el sueldo un 33 por ciento, con o sin crucifijo.
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