Siempre me ha parecido no deseable la tradicional división del conocimiento entre ciencias y letras. Comparto la necesidad de superar la separación entre esas dos culturas que Charles Percy Snow analizó en su famoso ensayo Las dos culturas. Sin embargo, más de medio siglo después, los ciudadanos siguen saliendo del sistema educativo con un sesgo bastante marcado, bien hacia las humanidades y los estudios sociales, bien hacia el conocimiento científico-técnico. Ese cariz de nuestra formación nos condiciona de por vida y raro es quien al finalizar su educación superior escapa a identificarse como de letras o de ciencias.
Aceptando pues esa clasificación con todos sus matices, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que nuestros gobernantes son muy mayoritariamente de letras. Para documentar esta afirmación he analizado la formación superior de varios grupos de políticos. Por ejemplo, entre los seis presidentes del Gobierno del actual periodo democrático, sólo Leopoldo Calvo-Sotelo, precisamente quien más brevemente ejerció ese puesto, siguió estudios científico-técnicos en su condición de ingeniero de caminos, canales y puertos, frente a los otros cinco, todos ellos licenciados en Derecho. De igual forma, si analizamos la formación de los componentes del actual Gobierno, únicamente tres de ellos estudiaron Ciencias o Ingeniería (los ministros de Interior, Fomento y Agricultura), frente a doce ministros que recibieron formación superior en humanidades y estudios sociales.
Tampoco en la izquierda el resultado es muy diferente. La composición del recientemente presentado gobierno en la sombra del PSOE arroja cuatro licenciados en Derecho, cuatro en económicas, dos filósofos, un politólogo, un médico y una persona con estudios de Ingeniería. Es decir solo dos de trece con formación científico-técnica.
Para analizar una población de gobernantes de mayor tamaño, he buscado el perfil académico de los alcaldes recientemente elegidos al frente de las sesenta y cinco ciudades de mayor población, encontrando que sólo quince se formaron en Ciencias. Incluso si dejamos a un lado los que estudiaron Economía, (la ciencia social con más formulación matemática y estadística), el número de alcaldes sin formación científica es 2,5 veces superior a los que la poseen. Es llamativo que sólo seis tengan estudios de Ingeniería y que únicamente dos sean ingenieros superiores: el de Santander, de caminos, y el de Málaga, agrónomo. Hay seis alcaldes médicos, un veterinario y dos con formación en Ciencias Básicas: los de Lleida y Tarragona, ambos con estudios de Física. En el campo de las letras, además del dominio mayúsculo de los licenciados en Derecho (23), sobresalen los que presentan titulaciones humanísticas (9) y los sociólogos y politólogos (5).
Creo que estos datos ilustran bastante bien que nos gobiernan muy mayoritariamente políticos de letras. ¿Obedece ello quizás a que los ciudadanos españoles optan en similar proporción por una formación alejada de la ciencia y la tecnología? No lo creo: en mis años de estudiante era tan frecuente estudiar letras como ciencias. Pero para tener una referencia estadística fiable he recurrido al documento Datos y cifras del curso escolar, publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ahí podrán comprobar ustedes mismos que en el curso 2012-2013 el 44% de nuestros estudiantes de bachillerato cursaron modalidades científico-técnicas, porcentaje muy similar al de años anteriores. La proporción de españoles con formación media o superior en Ciencias es por tanto considerablemente mayor que la de gobernantes con dicho perfil.
Una vez constatada, podemos plantearnos si dicha realidad es deseable o no. Al fin al cabo, nunca he oído que nadie se lamente de este hecho en los medios de comunicación o en las redes sociales. En mi opinión, la escasez de gobernantes de Ciencias es un desgraciado mal que hay que combatir por varias razones. En primer lugar, no se puede valorar lo que se desconoce. En un mundo en acelerada transformación gracias al avance del conocimiento científico, no podemos permitirnos el lujo de ser gobernados en exclusiva por quienes no han sido educados para entender esa realidad desde dentro. No se trata de tecnocracia: reivindicar que un ingeniero gestione las obras públicas o un médico la sanidad sería una aproximación demasiado simplista. No tenemos que sustituir políticos por técnicos, sino de propiciar que quienes toman las decisiones más trascendentes tengan en conjunto la capacidad de valorar con conocimiento de causa la importancia estratégica de la ciencia. La experiencia reciente española nos indica bien a las claras la falta de esa visión. La ciencia y la tecnología no han sido en España un asunto de Estado a pesar de que la necesidad de su cultivo es un lugar común en boca de nuestros gobernantes. Vean si no el actual Gobierno de España, o el mencionado gobierno en la sombra del PSOE, donde ninguna cartera exhibe la palabra "ciencia", escondida tras conceptos ambiguos como "competitividad" o "innovación".
En segundo lugar, marginar del ejercicio del poder a una proporción tan alta de ciudadanos es injusto y responde probablemente a prácticas corporativistas que se han venido sucediendo desde tiempos muy antiguos. Esta situación no debe ser ajena a la colonización de la política española por altos funcionarios del Estado, mayoritariamente formados en Derecho. Es curioso que el número de alcaldes de ciencia en las sesenta y cinco ciudades mayores coincida con el de alcaldesas: quince. Pero mientras que la participación de las mujeres en política se reivindica activamente desde hace años, nadie reclama que también nos gobiernen ciudadanos con formación científica. De la misma forma que un cromosoma Y no cualifica más que un X para ejercer el poder, una licenciatura en Derecho no es más deseable que una ingeniería para gobernar.
Pero por encima de todo, una educación de ciencias proporciona a quien la recibe una óptica diferente. Es frecuente que a las personas sin formación científica les cueste distinguir la diferencia entre una correlación y una relación de causa-efecto, o no entiendan la dimensión cuantitativa de los fenómenos, incluyendo los sociales. Un prestigioso candidato al Gobierno de una comunidad autónoma declaró en la pasada campaña electoral que "la política es algo más que números". Alguien con formación científica no habría usado la palabra "número" con esa connotación peyorativa, porque sin la cuantificación de los problemas es imposible solucionarlos. En la política española no sobran números, faltan gobernantes que sepan interpretarlos a la hora de tomar decisiones.
Retomando el símil de la igualdad de género, tan odiosa es la discriminación política que supone la ausencia de mujeres en un Gobierno como el empobrecimiento que implica no contar con la óptica de las mujeres a la hora de decidir. Deseo que me gobiernen hombres y mujeres por igual porque quiero que cuenten con la mayor riqueza de perspectivas a la hora de analizar los problemas y enfrentarlos. De igual forma, reivindico que el ejercicio del poder no esté copado por quienes no han tenido la experiencia vital de ver el mundo desde la óptica de la ciencia. Tenemos derecho al mejor Gobierno y eso requiere que quienes lo integren posean equipajes intelectuales complementarios, diversos, mutuamente enriquecedores. Exijamos pues que el próximo Gobierno de España no sea más un monopolio de letrados, que quienes en él se sienten beban de la herencia de Newton o Cajal tanto como de la de Cervantes o Tocqueville, para que actúen en el complejo y desafiante mundo que habitamos sin taparse un ojo.
Aceptando pues esa clasificación con todos sus matices, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que nuestros gobernantes son muy mayoritariamente de letras. Para documentar esta afirmación he analizado la formación superior de varios grupos de políticos. Por ejemplo, entre los seis presidentes del Gobierno del actual periodo democrático, sólo Leopoldo Calvo-Sotelo, precisamente quien más brevemente ejerció ese puesto, siguió estudios científico-técnicos en su condición de ingeniero de caminos, canales y puertos, frente a los otros cinco, todos ellos licenciados en Derecho. De igual forma, si analizamos la formación de los componentes del actual Gobierno, únicamente tres de ellos estudiaron Ciencias o Ingeniería (los ministros de Interior, Fomento y Agricultura), frente a doce ministros que recibieron formación superior en humanidades y estudios sociales.
Tampoco en la izquierda el resultado es muy diferente. La composición del recientemente presentado gobierno en la sombra del PSOE arroja cuatro licenciados en Derecho, cuatro en económicas, dos filósofos, un politólogo, un médico y una persona con estudios de Ingeniería. Es decir solo dos de trece con formación científico-técnica.
Para analizar una población de gobernantes de mayor tamaño, he buscado el perfil académico de los alcaldes recientemente elegidos al frente de las sesenta y cinco ciudades de mayor población, encontrando que sólo quince se formaron en Ciencias. Incluso si dejamos a un lado los que estudiaron Economía, (la ciencia social con más formulación matemática y estadística), el número de alcaldes sin formación científica es 2,5 veces superior a los que la poseen. Es llamativo que sólo seis tengan estudios de Ingeniería y que únicamente dos sean ingenieros superiores: el de Santander, de caminos, y el de Málaga, agrónomo. Hay seis alcaldes médicos, un veterinario y dos con formación en Ciencias Básicas: los de Lleida y Tarragona, ambos con estudios de Física. En el campo de las letras, además del dominio mayúsculo de los licenciados en Derecho (23), sobresalen los que presentan titulaciones humanísticas (9) y los sociólogos y politólogos (5).
Creo que estos datos ilustran bastante bien que nos gobiernan muy mayoritariamente políticos de letras. ¿Obedece ello quizás a que los ciudadanos españoles optan en similar proporción por una formación alejada de la ciencia y la tecnología? No lo creo: en mis años de estudiante era tan frecuente estudiar letras como ciencias. Pero para tener una referencia estadística fiable he recurrido al documento Datos y cifras del curso escolar, publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ahí podrán comprobar ustedes mismos que en el curso 2012-2013 el 44% de nuestros estudiantes de bachillerato cursaron modalidades científico-técnicas, porcentaje muy similar al de años anteriores. La proporción de españoles con formación media o superior en Ciencias es por tanto considerablemente mayor que la de gobernantes con dicho perfil.
Una vez constatada, podemos plantearnos si dicha realidad es deseable o no. Al fin al cabo, nunca he oído que nadie se lamente de este hecho en los medios de comunicación o en las redes sociales. En mi opinión, la escasez de gobernantes de Ciencias es un desgraciado mal que hay que combatir por varias razones. En primer lugar, no se puede valorar lo que se desconoce. En un mundo en acelerada transformación gracias al avance del conocimiento científico, no podemos permitirnos el lujo de ser gobernados en exclusiva por quienes no han sido educados para entender esa realidad desde dentro. No se trata de tecnocracia: reivindicar que un ingeniero gestione las obras públicas o un médico la sanidad sería una aproximación demasiado simplista. No tenemos que sustituir políticos por técnicos, sino de propiciar que quienes toman las decisiones más trascendentes tengan en conjunto la capacidad de valorar con conocimiento de causa la importancia estratégica de la ciencia. La experiencia reciente española nos indica bien a las claras la falta de esa visión. La ciencia y la tecnología no han sido en España un asunto de Estado a pesar de que la necesidad de su cultivo es un lugar común en boca de nuestros gobernantes. Vean si no el actual Gobierno de España, o el mencionado gobierno en la sombra del PSOE, donde ninguna cartera exhibe la palabra "ciencia", escondida tras conceptos ambiguos como "competitividad" o "innovación".
En segundo lugar, marginar del ejercicio del poder a una proporción tan alta de ciudadanos es injusto y responde probablemente a prácticas corporativistas que se han venido sucediendo desde tiempos muy antiguos. Esta situación no debe ser ajena a la colonización de la política española por altos funcionarios del Estado, mayoritariamente formados en Derecho. Es curioso que el número de alcaldes de ciencia en las sesenta y cinco ciudades mayores coincida con el de alcaldesas: quince. Pero mientras que la participación de las mujeres en política se reivindica activamente desde hace años, nadie reclama que también nos gobiernen ciudadanos con formación científica. De la misma forma que un cromosoma Y no cualifica más que un X para ejercer el poder, una licenciatura en Derecho no es más deseable que una ingeniería para gobernar.
Pero por encima de todo, una educación de ciencias proporciona a quien la recibe una óptica diferente. Es frecuente que a las personas sin formación científica les cueste distinguir la diferencia entre una correlación y una relación de causa-efecto, o no entiendan la dimensión cuantitativa de los fenómenos, incluyendo los sociales. Un prestigioso candidato al Gobierno de una comunidad autónoma declaró en la pasada campaña electoral que "la política es algo más que números". Alguien con formación científica no habría usado la palabra "número" con esa connotación peyorativa, porque sin la cuantificación de los problemas es imposible solucionarlos. En la política española no sobran números, faltan gobernantes que sepan interpretarlos a la hora de tomar decisiones.
Retomando el símil de la igualdad de género, tan odiosa es la discriminación política que supone la ausencia de mujeres en un Gobierno como el empobrecimiento que implica no contar con la óptica de las mujeres a la hora de decidir. Deseo que me gobiernen hombres y mujeres por igual porque quiero que cuenten con la mayor riqueza de perspectivas a la hora de analizar los problemas y enfrentarlos. De igual forma, reivindico que el ejercicio del poder no esté copado por quienes no han tenido la experiencia vital de ver el mundo desde la óptica de la ciencia. Tenemos derecho al mejor Gobierno y eso requiere que quienes lo integren posean equipajes intelectuales complementarios, diversos, mutuamente enriquecedores. Exijamos pues que el próximo Gobierno de España no sea más un monopolio de letrados, que quienes en él se sienten beban de la herencia de Newton o Cajal tanto como de la de Cervantes o Tocqueville, para que actúen en el complejo y desafiante mundo que habitamos sin taparse un ojo.