Las alarmas sobre la crisis bursátil china se han disipado, al menos momentáneamente. Lo cual no quiere decir que no puedan rebrotar, aunque previsiblemente no será pronto, dado el nivel de contundencia con que ha actuado el gobierno chino. La sorpresa surgió por una caída del mercado de valores superior al 30 por ciento en comparación con su punto más alto del 12 de junio, pero dicha caída debe ponderarse con las asombrosas ganancias de varios índices el año pasado y en lo que va de 2015.
Mucho se ha comentado acerca de las causas, posibilidad de contagio a la economía real, paralelismos con Grecia, su impacto global, etc. Merece la pena, no obstante, analizar la reacción del Estado-Partido y sus implicaciones políticas. El gobierno destinó cuantiosos fondos para cubrir las necesidades de liquidez y restringió el comercio de algunos futuros, medidas que se irán mitigando de forma progresiva, a fin de evitar el desplome del mercado. Ni por un sólo momento se dudó en movilizar los recursos necesarios para controlar los efectos del desplome.
Sin embargo, a juzgar por las informaciones que han trascendido, a las medidas de corte estrictamente económico se sumó el detonante que, a la postre, la hizo girar en otro sentido: el recurso a las fuerzas de seguridad, quienes habrían descubierto pistas delictivas en la actuación de ciertas firmas. Un bálsamo fulminante poco común en otras latitudes.
La secuencia de la crisis ha demostrado que el PCCh y el gobierno, pese al avance de la economía privada y las reformas de mercado, dispone de poderosas palancas, no sólo económicas, para hacer prevalecer los intereses generales. Es algo que ya sabíamos. Pero cabe determinar si esta crisis va a suponer una quiebra en la trayectoria liderada por el tándem Xi Jinping-Li Keqiang quienes, desde el inicio de su mandato y en consonancia con la propuesta China 2030, coformulada con el Banco Mundial, abanderaban un singular impulso liberalizador. La intervención deja en el aire dudas sobre el futuro de dichas medidas y los ajustes a introducir en aquel programa estratégico.
Por otra parte, el calado de la crisis vino a acentuar la percepción de fragilidad de la economía del país, en un contexto marcado por la atonía global pero, sobre todo, por la incertidumbre que rodea la transformación estructural interna. Las diatribas sobre la debilidad del impulso, la lentitud del proceso de cambio del modelo de desarrollo y la inhibición de los poderes locales en la aplicación de los planes del gobierno central, se complementan con los grandes planes de inversión aprobados en los últimos meses y que, a día de hoy, se conforman como decisivos para garantizar la consecución del objetivo de crecimiento para este año (7 por ciento). Sin estas otras intervenciones, probablemente no superaría el 3-4 por ciento.
Igualmente, el debate interno sobre los equilibrios entre lo privado y lo público, entre la intervención y el mercado, inevitables ab origine en el modelo chino, no está ni mucho menos cerrado. Si el tono de las actuales reformas apunta a abrir más espacios al mercado y a la economía privada, esta crisis demuestra al PCCh la importancia de contar con un aparato económico público lo suficientemente sólido y bajo su control como para conjurar los peligros de la actual etapa y condicionar el ritmo y la orientación de los cambios.
Se propone ahora la modificación de la Ley de Valores para, entre otros, legitimar y permitir la intervención gubernamental en momentos de agitación de la Bolsa. Si la caída cesó justo después de la intervención del gobierno central con medidas sin precedentes, ahora se trataría de establecer una base legal y bien definida para esa intervención, cuidando de no propiciar falsas expectativas que generen dependencia entre los inversores. Otra excepción a aquel principio enunciado por Xi de legislar primero y actuar después que pretendía insuflar valor y autenticidad al Estado de Derecho chino.
En cualquier caso, esta crisis nos confirma que, en China, quien impone las reglas aún no es el mercado sino el PCCh y que podemos vaticinar un cierto reforzamiento del control y la dirección sobre aspectos cruciales de la economía, incluida la financiera, a despecho de la contradicción que pueda suponer respecto al tono general de las reformas prometidas en 2013. No se detendrán, pero habrá más precisión, meticulosidad y ajuste fino.
El control de la economía sigue siendo clave para la subsistencia del liderazgo del PCCh en el proceso de reforma. Para ello necesita de una base propia que hoy ejerce, no sólo a través de las medidas de corte macroeconómico y la plena vigencia de la planificación, sino sobre todo mediante la gestión directa de segmentos estratégicos del aparato productivo. El día que pierda esta base, no solo será el principio del fin de la reforma tal como se diseñó en 1978, sino de su propio fin como actor hegemónico del proceso.
Mucho se ha comentado acerca de las causas, posibilidad de contagio a la economía real, paralelismos con Grecia, su impacto global, etc. Merece la pena, no obstante, analizar la reacción del Estado-Partido y sus implicaciones políticas. El gobierno destinó cuantiosos fondos para cubrir las necesidades de liquidez y restringió el comercio de algunos futuros, medidas que se irán mitigando de forma progresiva, a fin de evitar el desplome del mercado. Ni por un sólo momento se dudó en movilizar los recursos necesarios para controlar los efectos del desplome.
Sin embargo, a juzgar por las informaciones que han trascendido, a las medidas de corte estrictamente económico se sumó el detonante que, a la postre, la hizo girar en otro sentido: el recurso a las fuerzas de seguridad, quienes habrían descubierto pistas delictivas en la actuación de ciertas firmas. Un bálsamo fulminante poco común en otras latitudes.
La secuencia de la crisis ha demostrado que el PCCh y el gobierno, pese al avance de la economía privada y las reformas de mercado, dispone de poderosas palancas, no sólo económicas, para hacer prevalecer los intereses generales. Es algo que ya sabíamos. Pero cabe determinar si esta crisis va a suponer una quiebra en la trayectoria liderada por el tándem Xi Jinping-Li Keqiang quienes, desde el inicio de su mandato y en consonancia con la propuesta China 2030, coformulada con el Banco Mundial, abanderaban un singular impulso liberalizador. La intervención deja en el aire dudas sobre el futuro de dichas medidas y los ajustes a introducir en aquel programa estratégico.
Por otra parte, el calado de la crisis vino a acentuar la percepción de fragilidad de la economía del país, en un contexto marcado por la atonía global pero, sobre todo, por la incertidumbre que rodea la transformación estructural interna. Las diatribas sobre la debilidad del impulso, la lentitud del proceso de cambio del modelo de desarrollo y la inhibición de los poderes locales en la aplicación de los planes del gobierno central, se complementan con los grandes planes de inversión aprobados en los últimos meses y que, a día de hoy, se conforman como decisivos para garantizar la consecución del objetivo de crecimiento para este año (7 por ciento). Sin estas otras intervenciones, probablemente no superaría el 3-4 por ciento.
Igualmente, el debate interno sobre los equilibrios entre lo privado y lo público, entre la intervención y el mercado, inevitables ab origine en el modelo chino, no está ni mucho menos cerrado. Si el tono de las actuales reformas apunta a abrir más espacios al mercado y a la economía privada, esta crisis demuestra al PCCh la importancia de contar con un aparato económico público lo suficientemente sólido y bajo su control como para conjurar los peligros de la actual etapa y condicionar el ritmo y la orientación de los cambios.
Se propone ahora la modificación de la Ley de Valores para, entre otros, legitimar y permitir la intervención gubernamental en momentos de agitación de la Bolsa. Si la caída cesó justo después de la intervención del gobierno central con medidas sin precedentes, ahora se trataría de establecer una base legal y bien definida para esa intervención, cuidando de no propiciar falsas expectativas que generen dependencia entre los inversores. Otra excepción a aquel principio enunciado por Xi de legislar primero y actuar después que pretendía insuflar valor y autenticidad al Estado de Derecho chino.
En cualquier caso, esta crisis nos confirma que, en China, quien impone las reglas aún no es el mercado sino el PCCh y que podemos vaticinar un cierto reforzamiento del control y la dirección sobre aspectos cruciales de la economía, incluida la financiera, a despecho de la contradicción que pueda suponer respecto al tono general de las reformas prometidas en 2013. No se detendrán, pero habrá más precisión, meticulosidad y ajuste fino.
El control de la economía sigue siendo clave para la subsistencia del liderazgo del PCCh en el proceso de reforma. Para ello necesita de una base propia que hoy ejerce, no sólo a través de las medidas de corte macroeconómico y la plena vigencia de la planificación, sino sobre todo mediante la gestión directa de segmentos estratégicos del aparato productivo. El día que pierda esta base, no solo será el principio del fin de la reforma tal como se diseñó en 1978, sino de su propio fin como actor hegemónico del proceso.