La comunidad internacional está siendo cómplice de una de las mayores violaciones sistemáticas de derechos humanos (encubiertas) de estos últimos años: la política segregacionista del Estado dominicano hacia la comunidad haitiana que reside en su territorio. Que, en el año 1937, el presidente dominicano Rafael Trujillo mandara asesinar a más de 30.000 haitianos que residían en territorio dominicano, es un hecho histórico ya poco controvertido; y que luego hiciera emigrar a españoles hacia su país para "blanquear" la raza es otro bien notorio.
Que los dominicanos se creen superiores culturalmente a los haitianos es un extremo que se puede comprobar con la mera lectura de los periódicos del país estos últimos días. Ahora bien, que este racismo delirante haya podido hacer perder los papeles hasta a un tribunal constitucional, además de preocupante, es totalmente ridículo.
En septiembre del 2013, el Tribunal Constitucional dominicano dictó una de las sentencias más controvertidas de estas últimas décadas. Dicha sentencia retrotrae sus efectos al mismísimo año 1929 y violenta así uno de los principios más básicos del Derecho: la irretroactividad de las normas. A través de esa resolución, decidió despojar de la nacionalidad dominicana a todos los hijos de haitianos (extranjeros, en la versión oficial) nacidos en ese país desde aquel año si, en su momento, sus padres no se encontraban en situación regular.
Esta decisión vulnera el derecho constitucional que tiene toda persona nacida en la República Dominicana a adquirir dicha nacionalidad, pasando por alto las nefastas consecuencias que podría causar entre decenas de miles de personas. Una decisión que, desde la óptica de la propia Constitución dominicana, así como de la legalidad internacional, es totalmente inaceptable. En resumidas cuentas, el Tribunal Constitucional dominicano decidió crear apátridas por "asuntos de Estado".
La defensa de esta decisión inconstitucional, paradójicamente dictada por un tribunal constitucional, se sustenta, para muchos, en la idea de la soberanía de ese país. Muchos intelectuales o pseudointelectuales se escudan en la soberanía del Estado dominicano para otorgar aparente sentido y amparar dicha decisión.
Parece ser que, a estas alturas, muchos desconocen que la soberanía ha dejado de ser una carta blanca para ejercer un poder ilimitado sobre las personas y los recursos de un determinado territorio, para convertirse, sobre todo, en una responsabilidad. Parecen ignorar que el límite infranqueable a la soberanía de todo Estado es el respeto a los derechos humanos. Aun el principio de no injerencia decae cuando presenciamos violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como en este caso.
Después de que este tribunal mandara desnacionalizar a decenas de miles de personas, el Gobierno dominicano actual estableció un plan de regularización de extranjeros para renacionalizar a los desnacionalizados. Aparentemente, se puso en marcha la máquina de devolver la nacionalidad dominicana a dominicanos (con ascendencia haitiana).
Dada la fragilidad estructural del país de origen de los ascendientes de los afectados, y la vulnerabilidad de estos últimos para poder cumplir los requisitos establecidos, muchos de los afectados por la medida no han podido regularizar su situación. Cuando se acabó el plazo para registrarse, sin más consideraciones, empezó una especie de caza contra los haitianos de este colectivo.
La decisión del Tribunal Constitucional y la posterior política del Gobierno, ambas aparentemente neutras, en la práctica sólo afectan a los haitianos, ya que no consta que ningún nacional de otro país en situación irregular haya sido deportado, salvo un nigeriano deportado hacia Haití; operaciones en las que las características físicas resultan determinantes.
Si bien varias organizaciones internacionales y algunos políticos ―como el actual alcalde de Nueva York― han expresado abiertamente su rechazo a esa política, y pese a la existencia de campañas de solidaridad con la comunidad haitiana afectada, opuestas a las maniobras racistas de la República Dominicana, los líderes más importantes del mundo no han mostrado la más mínima preocupación estos días por las deportaciones que se están llevando a cabo.
No han exigido el cese inmediato de esta política racista. Sin tardar, hay que tomar todas las medidas necesarias, incluso todo tipo de represalias económicas, para forzar al país a poner coto a esta situación tan alarmante. Hitler comenzó por privar de la nacionalidad alemana a los judíos, despojándolos de su identidad y de su dignidad, y acabó asesinándolos masivamente en campos de concentración.
Esta noticia, preocupantemente ausente de los medios de comunicación, es muy grave; y creedme, es mucho más importante que saber que a alguien se le ha caído la compresa durante una actuación musical o el nombre de la nueva novia de Miley Cyrus. Sí, de verdad.
Que los dominicanos se creen superiores culturalmente a los haitianos es un extremo que se puede comprobar con la mera lectura de los periódicos del país estos últimos días. Ahora bien, que este racismo delirante haya podido hacer perder los papeles hasta a un tribunal constitucional, además de preocupante, es totalmente ridículo.
En septiembre del 2013, el Tribunal Constitucional dominicano dictó una de las sentencias más controvertidas de estas últimas décadas. Dicha sentencia retrotrae sus efectos al mismísimo año 1929 y violenta así uno de los principios más básicos del Derecho: la irretroactividad de las normas. A través de esa resolución, decidió despojar de la nacionalidad dominicana a todos los hijos de haitianos (extranjeros, en la versión oficial) nacidos en ese país desde aquel año si, en su momento, sus padres no se encontraban en situación regular.
Esta decisión vulnera el derecho constitucional que tiene toda persona nacida en la República Dominicana a adquirir dicha nacionalidad, pasando por alto las nefastas consecuencias que podría causar entre decenas de miles de personas. Una decisión que, desde la óptica de la propia Constitución dominicana, así como de la legalidad internacional, es totalmente inaceptable. En resumidas cuentas, el Tribunal Constitucional dominicano decidió crear apátridas por "asuntos de Estado".
La defensa de esta decisión inconstitucional, paradójicamente dictada por un tribunal constitucional, se sustenta, para muchos, en la idea de la soberanía de ese país. Muchos intelectuales o pseudointelectuales se escudan en la soberanía del Estado dominicano para otorgar aparente sentido y amparar dicha decisión.
Parece ser que, a estas alturas, muchos desconocen que la soberanía ha dejado de ser una carta blanca para ejercer un poder ilimitado sobre las personas y los recursos de un determinado territorio, para convertirse, sobre todo, en una responsabilidad. Parecen ignorar que el límite infranqueable a la soberanía de todo Estado es el respeto a los derechos humanos. Aun el principio de no injerencia decae cuando presenciamos violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como en este caso.
Después de que este tribunal mandara desnacionalizar a decenas de miles de personas, el Gobierno dominicano actual estableció un plan de regularización de extranjeros para renacionalizar a los desnacionalizados. Aparentemente, se puso en marcha la máquina de devolver la nacionalidad dominicana a dominicanos (con ascendencia haitiana).
Dada la fragilidad estructural del país de origen de los ascendientes de los afectados, y la vulnerabilidad de estos últimos para poder cumplir los requisitos establecidos, muchos de los afectados por la medida no han podido regularizar su situación. Cuando se acabó el plazo para registrarse, sin más consideraciones, empezó una especie de caza contra los haitianos de este colectivo.
La decisión del Tribunal Constitucional y la posterior política del Gobierno, ambas aparentemente neutras, en la práctica sólo afectan a los haitianos, ya que no consta que ningún nacional de otro país en situación irregular haya sido deportado, salvo un nigeriano deportado hacia Haití; operaciones en las que las características físicas resultan determinantes.
Si bien varias organizaciones internacionales y algunos políticos ―como el actual alcalde de Nueva York― han expresado abiertamente su rechazo a esa política, y pese a la existencia de campañas de solidaridad con la comunidad haitiana afectada, opuestas a las maniobras racistas de la República Dominicana, los líderes más importantes del mundo no han mostrado la más mínima preocupación estos días por las deportaciones que se están llevando a cabo.
No han exigido el cese inmediato de esta política racista. Sin tardar, hay que tomar todas las medidas necesarias, incluso todo tipo de represalias económicas, para forzar al país a poner coto a esta situación tan alarmante. Hitler comenzó por privar de la nacionalidad alemana a los judíos, despojándolos de su identidad y de su dignidad, y acabó asesinándolos masivamente en campos de concentración.
Esta noticia, preocupantemente ausente de los medios de comunicación, es muy grave; y creedme, es mucho más importante que saber que a alguien se le ha caído la compresa durante una actuación musical o el nombre de la nueva novia de Miley Cyrus. Sí, de verdad.