Foto: HERBERT P. OCZERET/EFE
Ya hace muchos años que se viene advirtiendo a los países europeos acerca de sus deficientes sistemas de inmigración y asilo. Ahora, con el incremento en la llegada de refugiados y las tragedias cada vez más frecuentes, observamos todas las debilidades del sistema. Pero la llegada de refugiados no es la verdadera causa de este colapso. La verdadera razón es política.
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, desde el pasado enero se han presentado algo más de 430.000 solicitudes de asilo en los Estados Miembros de la Unión Europea. Sólo en Alemania se han presentado 40% de dichas solicitudes, mientras que Hungría ha recibido un cuarto de las solicitudes restantes. Esto significa que veintiséis países de la UE están tratando algo más de 180.000 solicitudes de asilo, un esfuerzo que es todo menos heroico.
Aún incluyendo las casi 300.000 personas que han ido llegando a Italia y Grecia desde enero -en su mayoría sirios a los que se concederá el asilo- todavía estamos lejos de experimentar la verdadera presión de refugiados a la que se enfrentan países mucho menos ricos y menos estables como son Pakistán, Líbano y Etiopía o, sin ir más lejos, Turquía, nuevo hogar para unos dos millones de refugiados sirios.
El verdadero problema no es la llegada de refugiados, sino esta inconsistente, casi histérica, respuesta a la misma.
Lamentablemente, la mayoría de las veces los políticos ignoran los hechos. Con la destacada excepción de Alemania, en casi todos los países de la UE los políticos compiten entre sí enviando señales alarmantes a la opinión pública. Francia y el Reino Unido - país, este último, en el que las solicitudes de asilo se han mantenido estables en los últimos años - no han encontrado mejor respuesta a las necesidades de unos 3.000 inmigrantes en Calais que el envío de fuerzas policiales y la reasignación de fondos para reforzar la vigilancia. En Dinamarca - donde las solicitudes de asilo no han aumentado significativamente respecto a 2014 - el Parlamento aprobó el pasado miércoles un recorte en las prestaciones para los refugiados, con la expresa intención de hacer que el país sea menos atractivo para ellos. En Polonia - donde las solicitudes de asilo en 2014 se redujeron en un 50% respecto a 2013 - su presidente se ha opuesto a la posibilidad de aceptar más solicitantes de asilo, aunque el número de solicitudes de asilo se ha mantenido igualmente bajo durante el primer semestre de 2015.
Con un fuerte aumento de las solicitudes de asilo y con poca o ninguna ayuda por parte del resto de países de la UE, Bulgaria y Hungría han hecho una mala elección al sellar sus fronteras. Esto no es en absoluto la respuesta correcta a aquellos que buscan protección internacional. No obstante, la incómoda verdad política es que ello es asimismo consecuencia de un sistema de asilo de la UE que perjudica a los países situados en las fronteras de Europa.
El verdadero problema no es la llegada de refugiados, sino esta inconsistente, casi histérica, respuesta a la misma. Más que una crisis de refugiados, se trata de una crisis política, en la que los Estados piden menos Europa, cuando en realidad necesitamos más. Para salvaguardar una Europa de la solidaridad y de los derechos humanos debemos reconsiderar el enfoque sobre la migración.
La primera tarea a realizar es revisar a fondo el Reglamento de Dublín, un mecanismo injusto que permite a la mayoría de los Estados miembros de la UE asignar la responsabilidad para hacer frente a los solicitantes de asilo a unos pocos países que se encuentran en primera línea, tales como Bulgaria, Grecia, Hungría, Italia, Malta y España. El último desafío a este sistema proviene de Alemania, que suspendió hace unos días su aplicación en lo relativo a los refugiados sirios. Esta decisión debería extenderse a todas las categorías de solicitantes de asilo y aplicarse en todos los Estados miembros de la UE.
La protección de los refugiados es tanto una obligación legal como moral. No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible.
Los estados de la UE y la Comisión Europea deberían construir un sistema en el que los países compartan solicitantes de asilo basándose en los principios de solidaridad y de protección de los derechos humanos. Esto ayudaría a mejorar la protección que Europa brinda a los refugiados y, al mismo tiempo, aliviaría la presión que se ejerce sobre algunos países de la UE.
Dichas reformas deberían ir parejas con una mejor cooperación con los estados de los Balcanes Occidentales. Hasta el momento, la UE les ha presionado de diversas formas para contener a los solicitantes de asilo, una decisión que ha llevado a algunos de estos países a adoptar una serie de medidas ilegales tales como elaborar perfiles en función de la etnia en las fronteras y confiscar documentos de viaje. Ahora, la UE tiene la obligación de ayudar a estos estados a desarrollar sus sistemas de asilo y su capacidad para acoger a los refugiados en conformidad con la normativa europea. Esto no sólo ayudará a salvar vidas, sino también hará efectiva la promesa de "alcanzar la mayor unidad" que todos los estados de la UE y los Balcanes occidentales acordaron cuando se unieron al Consejo de Europa.
Además, los Estados europeos deben ofrecer vías legales adicionales para que los refugiados lleguen al continente, por ejemplo flexibilizando los visados humanitarios y las normas sobre reunificación familiar. Esto no sólo ayudaría a los refugiados a evitar peligrosas rutas tanto marítimas como terrestres, también disminuiría el trafico de personas, que prospera cuando las restricciones migratorias se endurecen.
La protección de los refugiados es tanto una obligación legal como moral. No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Debemos hacer más para proteger a quienes huyen de la guerra y la persecución. Con voluntad política, Europa puede mantenerse fiel a sus valores.