No me podía imaginar que, tras mas de 20 años en Greenpeace, denunciando y combatiendo los desmanes ambientales, a sus responsables y a quienes los toleran, hoy tengamos que estar en campaña contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Porque queremos seguir teniendo nuestro derecho a señalar, en el libre ejercicio de la libertad de expresión, a quienes degradan y destruyen el medio ambiente. Para decir alto y claro que no cuela tratar de criminalizar el activismo y la protesta pacífica.
Este Gobierno, autoritario y acomplejado, piensa de forma equivocada que va a intimidarnos con una Ley de Seguridad Ciudadana más propia de mediados del siglo pasado que de la Europa del siglo XXI. Piensa que hurtándonos la presunción de inocencia, friéndonos a multas y al pago de tasas judiciales indecentes, va a paralizarnos presa del miedo. Pero no nos van a parar, ni a los activistas de Greenpeace, ni a una ciudadanía que ha tomado conciencia de que la democracia es mucho más que votar cada cuatro años y que, en un ejercicio ejemplar de civismo, han tomado las calles de forma pacífica para decir basta a la pérdida de derechos civiles que tanto costaron conseguir a nuestros padres y abuelos.
Greenpeace nunca elude la acción de la justicia, pero ésta ha de ser justa y proporcionada. A día de hoy, más de 100 activistas de Greenpeace están imputados en diversas causas judiciales, 16 en libertad condicional por evidenciar la peligrosidad y falta de seguridad de la Central Nuclear de Cofrentes en Valencia. Imputados como consecuencia de sus campañas de defensa medioambiental, y además tenemos pendientes más de 900.000 euros reclamados por quienes comenten todo tipo de desmanes contra la naturaleza, ante la pasividad de nuestros gobernantes.
Este jueves hemos expuesto los detalles del rechazo de Greenpeace al anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana con la presentación del informe No a la Ley Mordaza. Un análisis del anteproyecto de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Este rechazo ha comenzado por la mañana cuando activistas de Greenpeace han amordazado a los leones del Congreso.
Hoy Greenpeace anima a la ciudadanía a que este próximo sábado 1 de marzo muestre pacíficamente su rechazo a la Ley Antiprotesta colocando mordazas en cualquier lugar para exponer de forma simbólica el descontento de la sociedad. Activistas de Greenpeace, junto a otras organizaciones, se unirán a la iniciativa en más de veinte ciudades.
Es importante resaltar que esta Ley no hay que analizarla de forma aislada. La ley de seguridad ciudadana (en fase de anteproyecto de Ley) junto con la reforma del Código Penal (en trámite parlamentario) y la Ley de Tasas (ya vigente), conforman una ofensiva sin precedentes para criminalizar el activismo pacífico.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana persigue de forma generalizada acciones de protesta pacífica ciudadana (acampadas, escraches, despliegue de pancartas en edificios públicos, manifestaciones ante sedes parlamentarias, sobrevuelo y protesta en y frente a centrales nucleares, etc) lo que, bajo mi punto de vista, atenta contra los derechos fundamentales de reunión, asociación y manifestación reconocidos tanto en la Constitución española como en los tratados internacionales sobre derechos fundamentales firmados por España.
Podría parecer que la transición del Código Penal a la Ley de Seguridad Ciudadana de determinadas conductas vinculadas a la protesta social se debe a un relajamiento en su persecución. Todo lo contrario. Se trata de una huida del control judicial, donde impera la presunción de inocencia, y una deriva hacia un modelo de control administrativo, donde impera la presunción de veracidad de la autoridad sancionadora y que obligará al denunciado a acudir al contencioso-administrativo y por tanto al abono de tasas, que impone la Ley de Tasas aprobada en 2012, para recurrir la sanción.
No se pueden poner puertas al campo, ni mordazas a la ciudadanía. No se puede silenciar, ni encarcelar el arcoiris, ya sea en Rusia o en España. Por mucho que lo desee el presidente Putin o el presidente Rajoy.