Resulta inevitable arrancar este espacio de opinión sobre la crisis en Ucrania. No es para menos: el cambio político desencadenado tras las movilizaciones del Maidán ha sido calificado por Rusia como un "golpe de Estado contra el Gobierno legítimo". A partir de ahí, los movimientos de tropas rusas en la frontera y en Crimea han suscitado en numerosos analistas la evocación de 1914 y el desastre que vino después.
El Parlamento Europeo ha discutido esta gravísima situación, que afecta a la política de vecindad y a la frontera este de la UE. La valoración de los hechos y de las actuaciones de los actores del drama dividen por su bisectriz al arco parlamentario e incluso a los distintos Grupos: no se pierda de vista que la "ampliación hacia el Este" (2004-2007) incorporó a la UE a 13 nuevos países (pasando de 15 a 28), la mayor parte de los cuales vivieron bajo la órbita o bajo la influencia de la antigua URSS, y algunos de ellos (los bálticos, Finlandia) tienen incluso frontera física con Rusia, todavía a día de hoy.
Una primera reflexión exige, por tanto, cautela antes de deslizarse por la peligrosa pendiente de comparar a Rusia con la antigua URSS, identificando los móviles de la política exterior de Putin y su Gobierno con los del resentimiento nacionalista panruso de exburócratas soviéticos y exagentes del KGB.
Una segunda observación pone de manifiesto el desplazamiento tectónico del eje de gravitación de la política de vecindad europea (desde el Mediterráneo y el Atlántico Medio hacia el Este), pero también con esto, el completo agotamiento de la retórica inflada con la que en los primeros años de este siglo llegó a hablarse de una Europa que se extendiese desde el Atlántico (España y Portugal) hasta los Urales (Rusia)... ¡pasando por Turquía! Hoy parece evidente que tanto Rusia como Turquía no aspiran a integrarse en la UE; ambicionan boxear con fuerzas propias en liga de pesos pesados, erigiéndose en actores globalmente relevantes y con vocación de influencia en su propia esfera regional.
El nuevo Gobierno ucraniano, liderado por Arseni Yatseniuk (durante años estrecho colaborador de la excarcelada Yulia Timoschenko), emerge ahora soportado por una amalgama de formaciones cada vez más escoradas hacia la derecha más conservadora, en una actitud abiertamente confrontacional con la componente rusófona que desde siempre ha habitado en pluralismo identitario en el país. Pero se trata de un Gobierno que aún no ha pasado por las urnas. Su legitimación democrática en unas elecciones libres resulta del todo exigible a la hora de consolidar las ofertas de colaboración diplomáticas y financieras que les han sido extendidas tanto por la Administración Obama como por la propia UE.
En cuanto al debate interno, permítaseme ahora regresar al deterioro imparable de la calidad democrática que viene imponiendo en España el rodillo del PP. Porque resulta obligado llamar de nuevo la atención sobre la escandalosa reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha perpetrada en exclusiva por la mayoría absoluta del PP: con un solo escaño de ventaja (25 contra 24) en las Cortes castellano manchegas de las que procede la iniciativa, y con los solos votos del rodillo del PP en las Cortes Generales.
La tropelía se ha culminado en el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado jueves 13 de marzo: ¡Nada más y nada menos que un Estatuto de Autonomía ha sido modificado sin contar con un solo voto que no sean los del PP!
A ver si nos enteramos de la gravedad de lo que está pasando. La historia del constitucionalismo español, a todo lo largo de los siglo XIX y XX, arroja una enseñanza inequívoca: ¡y esa lección es el fracaso de las denominadas Constituciones de Partido, concebidas como plasmación mecánica del ideario de aquellas fuerzas políticas que las promocionaron (normalmente, las distintas variaciones moderada o doctrinaria de la derecha y sus facciones más reaccionarias), con exclusión de todas las demás expresiones del pluralismo político!
La Constitución de 1978 fue ampliamente celebrada en su día, justamente por su acierto al inaugurar un orden político abierto a opciones plurales de gobierno, un marco de opciones en el que prioridades diferentes pudiesen ser establecidas por mayorías de distinto signo. La "Constitución territorial del Estado" no quedó nunca completada en el texto de 1978, que apenas la hizo posible: hicieron falta, después, todos y cada uno de los Estatutos de Autonomía, integrantes primordiales del denominado "bloque de constitucionalidad" de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia del TC.
Precisamente por ello, la aprobación de los Estatutos de Autonomía está revestida de carácter y relevancia naturalmente constitucional. Y resulta inconcebible que nadie pretenda adaptarlos o modificarlos a pulso, con el exclusivo y excluyente apoyo parlamentario de una sola fuerza política.
Un atropello semejante no había tenido lugar nunca en toda la historia de la democracia.
Y acaba de suceder con el repulsivo e indignante pucherazo de Cospedal, cuyos altos cargos y personal de confianza, por no hablar de sus estratosféricos ingresos de caudales durante la crisis, cuestan al erario público infinitamente más que tan antidemocrático "recorte" de "sueldos de diputados" (¡que, además, ya no lo cobraban: otra obra y gracia de Cospedal!). El pucherazo y cacicada supone, sin duda, recortar el pluralismo y la proporcionalidad. Y, lo que es mucho más grave, pretende cercenar de raíz la misma posibilidad de la alternancia de Gobierno y de la formulación de una alternativa democrática al rodillo antisocial que actualmente se enseñorea ¡por un solo escaño de ventaja (provincia de Guadalajara) en toda Castilla-La Mancha!
El colmo de la hipocresía es que el PP lo justifique alegando que así "se posibilitará que gobierne la fuerza más votada"... ¡Como si no hubiera sido el caso cinco veces con Pepe Bono, una vez más con José María Barreda y, finalmente, por un voto, con la propia Cospedal y su mayoría por un escaño!
Todavía una alerta más. La premisa del PP y la de la impunidad de sus insoportables abusos descansa en la presunción de la inacción e incapacidad de respuesta de una ciudadanía aturdida, golpeada por el paro masivo y largamente cabreada con la política y los políticos: somos los mismos ciudadanos los que tenemos que tomar la palabra para castigar al PP y restaurar su derecho a una política digna, a una representación digna y a la propia democracia, más malherida que nunca en Castilla-La Mancha y en España.