Primera jornada en el Congreso tras los tres días de luto por la muerte de Adolfo Suárez. Se debate el informe del Defensor del Pueblo del año 2013, en el que la inmigración ocupa un lugar destacado. El hemiciclo está semivacío a las 9:30 de la mañana. Ni un ministro en la bancada azul del Gobierno. Habrá que esperar a que vayan llegando para preguntar por las medidas que el Gobierno alemán baraja tomar contra los inmigrantes europeos -entre los que se encuentran más de 135.000 españoles-. Y por ese doble rasero que nos lleva a pensar que los inmigrantes que tratan de saltar la valla de Melilla son personas de segunda, mientras los españoles somos clase A, y por tanto no merecemos que los alemanes nos traten como tratamos nosotros a los africanos.
La ministra de Trabajo no quiere pronunciarse. "Ya ha hablado el secretario de Estado", dice Báñez sobre el "estudiaremos el asunto" con que Tomás Burgos despachaba la declaración de intenciones que los ministros de Interior -del partido de Merkel- y de Trabajo -del partido socialdemócrata- han reflejado en el informe Cuestiones jurídicas y desafíos en el uso de los sistemas de seguridad social por parte de los nacionales de los Estados miembros de la UE. Los asesores de Báñez insisten en que es solo un informe y que hasta que no pongan en marcha la expulsión de inmigrantes comunitarios que no encuentren trabajo en un plazo de entre tres y seis meses, no pueden hacer nada.
Los titulares en la prensa alemana, que señalan a los españoles como chupópteros de las ayudas sociales, contribuyen a difundir la idea de que los europeos del Sur huyen de la crisis económica que asola sus países para vivir como cigarras de las ayudas estatales. La corriente de opinión es tan fuerte que ya hay publicaciones que tratan de mitigar esa imagen, como la revista Exberliner que en su portada de marzo se pregunta ¿Quién teme a los españoles?. "Es verdad que en Alemania ha tenido mucha repercusión el acuerdo que firmamos el año pasado para dar empleo a 5.000 estudiantes españoles cada año", reconocen los asesores de la ministra de Trabajo, como si el memorándum justificara en parte el goteo constante de informaciones sobre los españoles.
Sin embargo, ni Elena Valenciano, cabeza de lista del PSOE al Parlamento europeo, ni Valeriano Gómez, exministro de Trabajo de Zapatero, creen que la amenaza alemana a los inmigrantes tenga que ver que los españoles que buscan salidas en Alemania. "Lo que está pasando allí es lo que ya ocurrió aquí. Tienen una inmigración masiva de rumanos y de búlgaros. En España, a partir del año 2007, llegaron rumanos y búlgaros y en 2011 teníamos 900.000 rumanos y 140.000 búlgaros. Tuvimos que suspender el derecho de la libre circulación con ambos países porque no llegábamos, era imposible. Ese derecho se recuperó en 2013. Solo que ahora se ha acabado el periodo transitorio y están estudiando cómo frenar esas entradas", explica Valeriano Gómez. "Es una medida que no se ha tomado aún y cuando se produzcan las votaciones, sabremos a qué atenernos", dice la candidata. Tampoco Duran i Lleida considera que "tenga nada que ver con los españoles. Va contra el acuerdo Schengen y está pensada para aplicar contra Bulgaria y Rumanía".
Las cifras evidencian que el número de búlgaros y españoles en Alemania es muy similar -146.828 búlgaros frente a 135.539 españoles, según datos del Instituto Federal de Estadística alemán- mientras que los rumanos suman 267.398. Los políticos consultados se apresuran a señalar que entre los rumanos hay etnia gitana. No deja de sorprender la fe con que nuestra clase política considera que los alemanes ven con distintos ojos a los inmigrantes españoles comparados con los búlgaros. ¿Es que la medida del Gobierno alemán, cuando se apruebe, se aplicará solo a rumanos o búlgaros?
Los dobles raseros se dan en todos los sitios empezando por nuestra frontera Sur. Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso lo explica claramente: "Entre los comunitarios no caben medidas unilaterales de este tipo, no tienen legitimidad para establecer normas en contra de Schengen. Es un error político, porque no creo que en Alemania las medidas de protección social sean mejores que en España. Otra cosa es que se tomen medidas para controlar la entrada ilegal de terceros países en la UE". Esas entradas ilegales, que en el informe del Defensor del Pueblo alertan del peligro de meter todas en el mismo saco -como está pasando estos días en Melilla- son una muestra de la diferente vara con que medimos un asunto tan peliagudo como la inmigración. Como dato, recordar que "España es el país de Europa que menos asilos concede", en palabras de Francisco Fernández Marugán, adjunto a la Defensora del Pueblo, quien considera que este problema no ha hecho más que emerger.
Quizás quien mejor sintetiza el drama de Europa con la inmigración es Gaspar Llamazares: "Europa está agonizando como proyecto político de integración. Las elecciones europeas revelan cómo los partidos que gobiernan están más preocupados por competir con la extrema derecha, que avanza a lomos de la xenofobia, que de proteger los valores y los derechos comunitarios".
La ministra de Trabajo no quiere pronunciarse. "Ya ha hablado el secretario de Estado", dice Báñez sobre el "estudiaremos el asunto" con que Tomás Burgos despachaba la declaración de intenciones que los ministros de Interior -del partido de Merkel- y de Trabajo -del partido socialdemócrata- han reflejado en el informe Cuestiones jurídicas y desafíos en el uso de los sistemas de seguridad social por parte de los nacionales de los Estados miembros de la UE. Los asesores de Báñez insisten en que es solo un informe y que hasta que no pongan en marcha la expulsión de inmigrantes comunitarios que no encuentren trabajo en un plazo de entre tres y seis meses, no pueden hacer nada.
Los titulares en la prensa alemana, que señalan a los españoles como chupópteros de las ayudas sociales, contribuyen a difundir la idea de que los europeos del Sur huyen de la crisis económica que asola sus países para vivir como cigarras de las ayudas estatales. La corriente de opinión es tan fuerte que ya hay publicaciones que tratan de mitigar esa imagen, como la revista Exberliner que en su portada de marzo se pregunta ¿Quién teme a los españoles?. "Es verdad que en Alemania ha tenido mucha repercusión el acuerdo que firmamos el año pasado para dar empleo a 5.000 estudiantes españoles cada año", reconocen los asesores de la ministra de Trabajo, como si el memorándum justificara en parte el goteo constante de informaciones sobre los españoles.
Sin embargo, ni Elena Valenciano, cabeza de lista del PSOE al Parlamento europeo, ni Valeriano Gómez, exministro de Trabajo de Zapatero, creen que la amenaza alemana a los inmigrantes tenga que ver que los españoles que buscan salidas en Alemania. "Lo que está pasando allí es lo que ya ocurrió aquí. Tienen una inmigración masiva de rumanos y de búlgaros. En España, a partir del año 2007, llegaron rumanos y búlgaros y en 2011 teníamos 900.000 rumanos y 140.000 búlgaros. Tuvimos que suspender el derecho de la libre circulación con ambos países porque no llegábamos, era imposible. Ese derecho se recuperó en 2013. Solo que ahora se ha acabado el periodo transitorio y están estudiando cómo frenar esas entradas", explica Valeriano Gómez. "Es una medida que no se ha tomado aún y cuando se produzcan las votaciones, sabremos a qué atenernos", dice la candidata. Tampoco Duran i Lleida considera que "tenga nada que ver con los españoles. Va contra el acuerdo Schengen y está pensada para aplicar contra Bulgaria y Rumanía".
Las cifras evidencian que el número de búlgaros y españoles en Alemania es muy similar -146.828 búlgaros frente a 135.539 españoles, según datos del Instituto Federal de Estadística alemán- mientras que los rumanos suman 267.398. Los políticos consultados se apresuran a señalar que entre los rumanos hay etnia gitana. No deja de sorprender la fe con que nuestra clase política considera que los alemanes ven con distintos ojos a los inmigrantes españoles comparados con los búlgaros. ¿Es que la medida del Gobierno alemán, cuando se apruebe, se aplicará solo a rumanos o búlgaros?
Los dobles raseros se dan en todos los sitios empezando por nuestra frontera Sur. Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso lo explica claramente: "Entre los comunitarios no caben medidas unilaterales de este tipo, no tienen legitimidad para establecer normas en contra de Schengen. Es un error político, porque no creo que en Alemania las medidas de protección social sean mejores que en España. Otra cosa es que se tomen medidas para controlar la entrada ilegal de terceros países en la UE". Esas entradas ilegales, que en el informe del Defensor del Pueblo alertan del peligro de meter todas en el mismo saco -como está pasando estos días en Melilla- son una muestra de la diferente vara con que medimos un asunto tan peliagudo como la inmigración. Como dato, recordar que "España es el país de Europa que menos asilos concede", en palabras de Francisco Fernández Marugán, adjunto a la Defensora del Pueblo, quien considera que este problema no ha hecho más que emerger.
Quizás quien mejor sintetiza el drama de Europa con la inmigración es Gaspar Llamazares: "Europa está agonizando como proyecto político de integración. Las elecciones europeas revelan cómo los partidos que gobiernan están más preocupados por competir con la extrema derecha, que avanza a lomos de la xenofobia, que de proteger los valores y los derechos comunitarios".