En los próximos artículos de esta tribuna de opinión voy a ocuparme de un asunto al que confiero la mayor importancia: el Área de Libertad, Seguridad y Justicia en la Unión Europea. Si miramos lo que está ocurriendo hoy en muchas partes del mundo, algunas de las cuales en nuestra inmediata vecindad europea, desde la orilla sur del Mediterráneo hasta Ucrania, comprobamos enseguida la intensidad con que late, en las más dispares latitudes, un anhelo de libertad, de justicia y de seguridad. Las plazas de numerosos países en ebullición están repletas de personas -de hombres, de mujeres y de jóvenes- que sueñan con un presente y un futuro mejor.
Pues bien, la idea de Europa y el proyecto europeo son ante todo eso: la primacía de la libertad y el Estado de derecho, con todos sus atributos, en un entorno seguro donde cada uno pueda desarrollar su propio proyecto personal. Y esa, y no otra, es la aspiración que late detrás del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia que venimos construyendo con muchas dificultades -en medio de la peor crisis que se recuerda en la UE- durante los últimos años, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
Esa idea, que clava sus raíces en la vieja historia europea, que bebe de Atenas y de Roma, y de la larga y fecunda tradición cultural que atraviesa nuestra biografía y continente que cristaliza de una forma única en el proyecto europeo, es un espejo donde muchas personas quieren mirarse. Es a lo que aspiran los ciudadanos en Europa y otros muchos más allá de nuestras fronteras.
Recordemos que el Programa de Estocolmo, que desarrolla y consolida el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, fue aprobado en diciembre del año 2009 bajo Presidencia sueca. En el penúltimo Pleno de esta legislatura, celebrado en Bruselas la pasada semana, se debatió y votó la Revisión intermedia de este Programa. Se trata, al final del quinquenio para el que se adopta el mismo, de dar respuesta desde el Parlamento a dos cuestiones importantes. La primera, analizar cuáles han sido los resultados efectivos del Programa hasta la fecha. Y la segunda, cuáles son los elementos principales que podrían inspirar el programa que suceda al Programa Quinquenal de Estocolmo 2009-2014, además de la cuestión formal de cómo articular ese programa.
En ambos asuntos, he tenido el honor de actuar como ponente designado por la Comisión que presido.
El Parlamento Europeo es consciente de que las instituciones que conforman la UE -y muy especialmente la Eurocámara como representante directo de los ciudadanos de la Unión-, deben reflexionar, muy cuidadosamente, sobre el futuro en este área para poder acercar a los ciudadanos las ventajas, en sus vidas cotidianas, de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia que sea realmente operativo.
Se trata de asegurar los objetivos proclamados en ese Espacio: derechos fundamentales, libre circulación de personas, gestión integrada y común de fronteras exteriores; solidaridad interna; seguridad interna, cooperación policial y judicial contra la criminalidad grave transnacional. Pero se trata también de evaluar cómo han funcionado las cosas en esta área en estos últimos cinco años, para aprender de la experiencia. Y para ello es preciso enlazar con la idea enunciada antes, con las aspiraciones de los ciudadanos de preservar este activo de la UE: la libertad, la libre circulación de ciudadanos.
Hemos visto avances en el ámbito de las libertades. El Programa de Estocolmo fue ambicioso en este plazo. La UE exige estándares muy elevados en materia de respeto por las normas que rigen el Estado de derecho y los Derechos Fundamentales, pero carece de instrumentos adecuados para velar por su cumplimiento permanente una vez que se forma parte del Club Europeo.
Es el famoso Dilema de Copenhague -por alusión a los criterios de Copenhague que se exigen para la adhesión en la UE: democracia, Estado de derecho, Derechos Fundamentales y tutela judicial- que debemos resolver. Para lograrlo necesitamos mecanismos concretos y el Parlamento ya ha expresado su opinión al respecto en recientes resoluciones. Fortalecer la ciudadanía y los logros de la democracia -debilitada y malherida, si es que no en franco retroceso debido al manejo de la crisis- es una tarea impostergable que se hace más necesaria que nunca. Y ello debido al deterioro que nos ha traído esta inacabable crisis: no es solo económica y financiera. Supone también una crisis de proyecto y de valores. En definitiva, una crisis de la razón de ser de Europa y de su compromiso con la democracia misma.
En este ámbito debemos prestar una mayor atención a la discriminación que sufren los grupos y colectivos especialmente vulnerables, fortalecer la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la intolerancia religiosa, la islamofobia, el rechazo a los romaníes, la homofobia y la transfobia. Y luchar con todas nuestras fuerzas, y con instrumentos legales que respeten el principio de subsidiariedad, contra el discurso del odio, el nuevo fantasma que recorre Europa.
Sobre la cuestión de la población gitana (la población Roma, en el leguaje europeo), es preciso efectuar una especial llamada de atención dada la falta de avance en la implementación de las estrategias de integración nacional. Pero también hace falta denunciar el bloqueo persistente que padece en el Consejo de Ministros la directiva antidiscriminación y la falta de avance en materia de transparencia y acceso público a documentos, iniciativas ambas impulsadas con fuerza desde el Parlamento Europeo.