El revolucionario mexicano Emiliano Zapata ya exigía hace más de cien años "la tierra para quien la trabaja", una reivindicación que hoy 22 de abril, día de la Tierra, aún estamos lejos de alcanzar. La tierra sigue siendo fuente de negocio y especulación para unos pocos que terminan especulando con el hambre de millones de personas. Aunque Naciones Unidas proclama este 2014 como el año internacional de la agricultura familiar, lo cierto es que:
El actual modelo agroalimentario ha acabado por imponer una agricultura sin campesinos en manos de unas pocas empresas.
En el ámbito europeo, la PAC, lejos de ser un apoyo para los pequeños productores, no ha hecho sino desmantelar la agricultura a pequeña escala beneficiando a las empresas de la agroindustria y a grandes terratenientes. Las ayudas de la política agraria europea siguen favoreciendo a los que más hectáreas tienen y no a los que producen. Además en España asistimos al abandono del medio rural con apenas inversiones públicas en el sector agrario: vivir del campo y consumir alimentos de proximidad no es tarea sencilla.
Nuestros gobernantes parecen haber olvidado que deben garantizar el derecho a la alimentación -un derecho humano recogido por la legislación internacional- y para ello la disponibilidad de tierra, semillas y agua son elementos esenciales. En lugar de proteger estos recursos han decidido dejarlos en manos de los mercados y de un negocio monopolizado, instaurando así un modelo que genera hambre, numerosos problemas ambientales y en muchos países en desarrollo expulsiones de campesinos e indígenas de sus tierras.
En Paraguay, por ejemplo, el 80% de la superficie cultivable del país ya está en manos de empresas del agronegocio dedicadas fundamentalmente a la producción de soja. Este monocultivo avanza imparable en el continente latinoamericano -en 2012 en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay se sembraron 50 millones de hectáreas de soja transgénica- envenenando el agua, la tierra, el aire. Expulsados de sus tierras, miles de campesinos e indígenas se ven obligados a emigrar a zonas urbanas del país (casi 100.000 desplazados ambientales en los últimos años según las estimaciones de la ONG Sobrevivencia-Amigos de la Tierra Paraguay). Al éxodo rural hay que sumar las enfermedades producidas por las fumigaciones con agroquímicos que incluso han provocado muertes: en 2005 dos conocidos empresarios sojeros fueron condenados a dos años de cárcel por el homicidio culposo del niño de 11 años Silvino Talavera intoxicado por agroquímicos. A día de hoy siguen libres. Los tentáculos de la multinacional Monsanto, también declarada responsable, son alargados...
Desgraciadamente las expulsiones de agricultores de sus tierras se han multiplicado desde la crisis alimentaria de 2008. La tierra fértil es un recurso cada vez más escaso y preciado, lo que ha disparado la demanda de tierras en los últimos años. Las inversiones extranjeras privadas en agricultura deberían contribuir a mejorar las condiciones de vida de los agricultores de muchos países en desarrollo, especialmente en África. Sin embargo, se están materializando en la compra masiva de tierras con expulsiones ilegales de las poblaciones locales, sin ningún tipo de control sobre los impactos sociales y ambientales de las actividades empresariales. En África el 90% de la tierra no está escriturada y muchos gobiernos abren las puertas a estas inversiones sin proteger a sus poblaciones. Desde Alianza por la Solidaridad, hemos denunciado el caso de la empresa española Agrogeba, productora de arroz en Guinea-Bissau, que ha expulsado a 600 personas de sus tierras, en su mayoría mujeres, sin ningún tipo de compensación, con un aumento de los casos de malnutrición y malaria en la zona.
Mujeres sin tierra que alimentan al mundo
Si las mujeres en las zonas rurales tuvieran el mismo acceso que los hombres a la tierra, la tecnología, los servicios financieros, la educación y los mercados, se incrementaría la producción agrícola. Lograr esta igualdad de oportunidades supondría disminuir entre 100 y 150 millones el número de personas hambrientas en el mundo (FAO 2011).
Las desigualdades de género en el acceso a la tierra son enormes. Aunque las mujeres son tradicionalmente quienes trabajan la tierra y producen el 50% de los alimentos, las estadísticas a nivel mundial muestran que en países en desarrollo solo un 1% consigue ser propietarias de sus tierras. Además, las que lo consiguen suelen acceder a parcelas más pequeñas y de peor calidad.
Desde Alianza por la Solidaridad consideramos fundamental apoyar a grupos de mujeres para que se conviertan en propietarias de sus tierras como estrategia para luchar contra los acaparamientos de tierras y asegurar así que su derecho a la alimentación queda garantizado. "No tengo dueño, son mis tierras". Con esta contudencia se expresa Djenabu Diamanca después de haber conseguido la documentación que la acredita como propietaria de su campo de cultivo en Sissaucunda. Junto con otras 320 mujeres han conseguido algo histórico en Guinea Bissau, uno de los países más pobres del planeta: cuatro hectáreas de cultivo en un sistema en el que el hombre ha sido por tradición el dueño de los terrenos. Toda una revolución.