Tras la aprobación de la Ley integral de la violencia de género y la Ley de igualdad, la segunda legislatura de Zapatero comenzó con el reto de cumplir la histórica reivindicación de reconocer el derecho a decidir de las mujeres.
La necesidad era evidente, España debía dejar atrás los juicios a mujeres y profesionales sanitarios de los años noventa, como a los ginecólogos de la Clínica Mediterránea Médica de Castellón, o las posteriores persecuciones en Madrid de 2007, fruto de la inseguridad jurídica que representaba la despenalización de supuestos del delito de aborto. Y así sumarse a la práctica totalidad de países europeos que mediante una ley de plazos respetan el derecho a decidir de las mujeres.
El proceso no fue sencillo, previamente nació de una decisión en el seno de la Conferencia Política que precedía a la elaboración del programa electoral. Aún recuerdo con emoción aquella comisión que no estuvo exenta de tensión, en la que se discutió y aprobó el texto definitivo que después refrendaría la ciudadanía en las urnas.
También en el Parlamento el camino fue laborioso. Transcurrió en un proceso de diálogo, de búsqueda de consenso con todos los grupos politicos. En primer lugar en la subcomisión de estudio por la que pasaron numerosas personas expertas de todos los ámbitos implicados (asociaciones feministas, profesionales sanitarios, juristas, del ámbito de la universidad, del campo de la bioética, pero también de asociaciones antielección) se escuchó a todo aquel que tenía algo que decir, a favor o en contra. De ese riguroso y sereno trabajo se fraguó el acuerdo que marcaron los pilares de la ley. Un acuerdo que se fortaleció y consolidó en el proceso de tramitación de la ley, y en el que participaron todos los grupos parlamentarios a excepción del PP y Unió. Por eso cuando ahora se acusa al partido socialista de que en 2010, con la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, rompió un consenso, es radicalmente falso, pues precisamente es lo contrario. Con la ley de 2010 se alcanzó un gran consenso que hizo posible una ley a la europea, que sacaba del código penal el aborto como delito y reconocía el derecho a decidir a las mujeres. Pero que además hablaba de una cuestión fundamental, y que ahora desaparece también de escena, como es la prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual.
Después de dos años de vigencia sin ningún fraude de ley revelado, sin ningún abuso ni alarma social, sin un aumento del número de abortos en España, Gallardón materializa la amenaza de eliminar el derecho a decidir de las mujeres sobre su propia maternidad, bajo la idea de que las mujeres no pueden decidir pues son víctimas. Y deben pedir permiso si no quieren ser señaladas por la justicia y la sociedad, para que decidan terceros a los que se les otroga la autoridad sobre sus cuerpos y vidas.
Lamentablemente retrocedemos a etapas anteriores a los años ochenta, etapas de hipocresía y de inseguridad jurídica que forzaba a las mujeres a comprar el derecho fuera de nuestras fronteras o a arriesgar su salud o vida con prácticas cruentas que hoy en día son mucho más sofisticadas y accesibles pero igual de peligrosas. Es el mayor retroceso en los derechos y libertades de las mujeres de las mujeres en la historia de nuestra democracia.
Hoy Gallardón pone fecha de caducidad a los derechos de las mujeres, las que más lo sufrirán serán como siempre aquellas más vulnerables, entre las que se encuentran las más jóvenes, las mujeres de 16 y 17 años.
Para tapar las vergüenzas y corrupciones que cada día vamos conociendo del PP, en puertas de las elecciones europeas, Rajoy quiere contentar a la derecha más extrema, que al parecer es la que domina las decisiones del Gobierno, y paga el tributo a la Conferencia Episcopal por haberlos sacado a la calle en contra de la ampliación de derechos alcanzada en las anteriores legislaturas, en forma de retroceso en los derechos de las mujeres.
Es peor de lo que esperábamos. Se entrega a los movimientos de ultraderecha y ultracatólicos, antielección y antiderechos de las mujeres. Que hoy celebran que es el comienzo del camino para prohibir el aborto.
Gallardón termina con el derecho a la libre maternidad de las mujeres, y con ello aboca a la clandestinidad y a que pongan en riesgo su salud y vida a 100.000 mujeres al año (que son las que utilizan el plazo de 14 semanas).
Y deja dos únicos supuestos: en caso de violación hasta las 12 semanas. Y en caso de peligro de la vida y salud física o psíquica de la mujer. En las demás situaciones el aborto vuelve a ser delito contemplado en el código penal.
Puede que hoy muchas mujeres (también aquellos hombres que respetan los derechos de las mujeres) se sientan abatidas. A todos y todas ellas, quiero decirles que hace una década, en la última legislatura de Aznar, cuando el grupo parlamentario socialista llevó al pleno del Congreso de los Diputados la Proposición de Ley sobre regulación de la interrupcion voluntaria del embarazo, defendida por Micaela Navarro brillantemente, y que fue aplastada por una mayoría absolutista parecida a la que ahora esgrime Rajoy, un centenar de mujeres menores de 30 años se manifestaron dando su apoyo a la iniciativa frente al Congreso, en la plaza que majestuosamente presiden los leones. La actitud con la que fueron recibidas también fue muy similar a las formas de actuar de este Gobierno (policías antidisturbios y vallas que las rodearon). Yo era una de esas mujeres. En aquel momento, como también hoy, sentí indignación, pero la lucha no terminó ahí. Una década después la vida me llevó a que subiera a la tribuna del Congreso de los Diputados y, esta vez desde dentro, defendiera el derecho a la libre maternidad de las mujeres, con una ley mucho más ambiciosa de la que hacía una década me atrevía a imaginar.
Hoy Gallardón quiere inflingir a las mujeres un duro castigo, pero por más retrocesos que impongan, los superaremos. La ley aun no está aprobada, tenemos por delante una dura batalla en favor de la dignidad y la libre decisión de las mujeres, a la que apelo a todas las personas, hombres y mujeres que crean en la democracia como espacio de convivencia de la ciudadanía, en la que todos y todas somos libres e iguales.
La necesidad era evidente, España debía dejar atrás los juicios a mujeres y profesionales sanitarios de los años noventa, como a los ginecólogos de la Clínica Mediterránea Médica de Castellón, o las posteriores persecuciones en Madrid de 2007, fruto de la inseguridad jurídica que representaba la despenalización de supuestos del delito de aborto. Y así sumarse a la práctica totalidad de países europeos que mediante una ley de plazos respetan el derecho a decidir de las mujeres.
El proceso no fue sencillo, previamente nació de una decisión en el seno de la Conferencia Política que precedía a la elaboración del programa electoral. Aún recuerdo con emoción aquella comisión que no estuvo exenta de tensión, en la que se discutió y aprobó el texto definitivo que después refrendaría la ciudadanía en las urnas.
También en el Parlamento el camino fue laborioso. Transcurrió en un proceso de diálogo, de búsqueda de consenso con todos los grupos politicos. En primer lugar en la subcomisión de estudio por la que pasaron numerosas personas expertas de todos los ámbitos implicados (asociaciones feministas, profesionales sanitarios, juristas, del ámbito de la universidad, del campo de la bioética, pero también de asociaciones antielección) se escuchó a todo aquel que tenía algo que decir, a favor o en contra. De ese riguroso y sereno trabajo se fraguó el acuerdo que marcaron los pilares de la ley. Un acuerdo que se fortaleció y consolidó en el proceso de tramitación de la ley, y en el que participaron todos los grupos parlamentarios a excepción del PP y Unió. Por eso cuando ahora se acusa al partido socialista de que en 2010, con la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, rompió un consenso, es radicalmente falso, pues precisamente es lo contrario. Con la ley de 2010 se alcanzó un gran consenso que hizo posible una ley a la europea, que sacaba del código penal el aborto como delito y reconocía el derecho a decidir a las mujeres. Pero que además hablaba de una cuestión fundamental, y que ahora desaparece también de escena, como es la prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual.
Después de dos años de vigencia sin ningún fraude de ley revelado, sin ningún abuso ni alarma social, sin un aumento del número de abortos en España, Gallardón materializa la amenaza de eliminar el derecho a decidir de las mujeres sobre su propia maternidad, bajo la idea de que las mujeres no pueden decidir pues son víctimas. Y deben pedir permiso si no quieren ser señaladas por la justicia y la sociedad, para que decidan terceros a los que se les otroga la autoridad sobre sus cuerpos y vidas.
Lamentablemente retrocedemos a etapas anteriores a los años ochenta, etapas de hipocresía y de inseguridad jurídica que forzaba a las mujeres a comprar el derecho fuera de nuestras fronteras o a arriesgar su salud o vida con prácticas cruentas que hoy en día son mucho más sofisticadas y accesibles pero igual de peligrosas. Es el mayor retroceso en los derechos y libertades de las mujeres de las mujeres en la historia de nuestra democracia.
Hoy Gallardón pone fecha de caducidad a los derechos de las mujeres, las que más lo sufrirán serán como siempre aquellas más vulnerables, entre las que se encuentran las más jóvenes, las mujeres de 16 y 17 años.
Para tapar las vergüenzas y corrupciones que cada día vamos conociendo del PP, en puertas de las elecciones europeas, Rajoy quiere contentar a la derecha más extrema, que al parecer es la que domina las decisiones del Gobierno, y paga el tributo a la Conferencia Episcopal por haberlos sacado a la calle en contra de la ampliación de derechos alcanzada en las anteriores legislaturas, en forma de retroceso en los derechos de las mujeres.
Es peor de lo que esperábamos. Se entrega a los movimientos de ultraderecha y ultracatólicos, antielección y antiderechos de las mujeres. Que hoy celebran que es el comienzo del camino para prohibir el aborto.
Gallardón termina con el derecho a la libre maternidad de las mujeres, y con ello aboca a la clandestinidad y a que pongan en riesgo su salud y vida a 100.000 mujeres al año (que son las que utilizan el plazo de 14 semanas).
Y deja dos únicos supuestos: en caso de violación hasta las 12 semanas. Y en caso de peligro de la vida y salud física o psíquica de la mujer. En las demás situaciones el aborto vuelve a ser delito contemplado en el código penal.
Puede que hoy muchas mujeres (también aquellos hombres que respetan los derechos de las mujeres) se sientan abatidas. A todos y todas ellas, quiero decirles que hace una década, en la última legislatura de Aznar, cuando el grupo parlamentario socialista llevó al pleno del Congreso de los Diputados la Proposición de Ley sobre regulación de la interrupcion voluntaria del embarazo, defendida por Micaela Navarro brillantemente, y que fue aplastada por una mayoría absolutista parecida a la que ahora esgrime Rajoy, un centenar de mujeres menores de 30 años se manifestaron dando su apoyo a la iniciativa frente al Congreso, en la plaza que majestuosamente presiden los leones. La actitud con la que fueron recibidas también fue muy similar a las formas de actuar de este Gobierno (policías antidisturbios y vallas que las rodearon). Yo era una de esas mujeres. En aquel momento, como también hoy, sentí indignación, pero la lucha no terminó ahí. Una década después la vida me llevó a que subiera a la tribuna del Congreso de los Diputados y, esta vez desde dentro, defendiera el derecho a la libre maternidad de las mujeres, con una ley mucho más ambiciosa de la que hacía una década me atrevía a imaginar.
Hoy Gallardón quiere inflingir a las mujeres un duro castigo, pero por más retrocesos que impongan, los superaremos. La ley aun no está aprobada, tenemos por delante una dura batalla en favor de la dignidad y la libre decisión de las mujeres, a la que apelo a todas las personas, hombres y mujeres que crean en la democracia como espacio de convivencia de la ciudadanía, en la que todos y todas somos libres e iguales.