En una entrevista publicada recientemente por el diario El País, Mariano Rajoy decía que, a diferencia de otros países europeos: "En España no hay partidos eurófobos ni hay partidos euroescépticos, ni hay partidos de extrema derecha...". Sin embargo, el presidente del Gobierno no aclaraba que demasiado a menudo la extrema derecha y el euroescepticismo están representados por su propio partido, el PP, que lo demuestra con decisiones como la penalización del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una decisión que nos expulsa de Europa.
Mientras España vive con normalidad la realidad del aborto, y la mayoría de la población comparte la necesidad de que exista una regulación como la actual, el Gobierno del PP, con el ministro Gallardón a la cabeza, ha decidido responder a las demandas de una minoría de ciudadanos y del sector más conservador de la iglesia católica, para afrontar su particular cruzada antiabortista en nuestro país. Está claro que esta minoría no representa a la mayoría de la población, ni siquiera a la mayoría de las personas católicas, y mucho menos a la actual jerarquía eclesiástica si atendemos a los mensajes del Papa.
La realidad es que, según la OMS, 47.000 mujeres mueren cada año como consecuencia de las complicaciones derivadas de un aborto inseguro. Como en España, la mayoría de los países del mundo que tienen una regulación sobre el aborto - así como todos los europeos a excepción de Malta, Irlanda y Polonia-, facilitan la decisión de las mujeres respecto a esta cuestión a fin de evitar muertes y problemas de salud derivados de la clandestinidad. Sin embargo, sabemos que a partir de la entrada en vigor de la ley Gallardón muchas españolas, especialmente las más pobres, podrán sumarse a ese fatídico y vergonzante número.
Quienes defendemos el derecho a decidir de las mujeres, lo hacemos para garantizar la salud de las mujeres e impedir la muerte de muchas de ellas en abortos clandestinos, así como para conseguir que todas puedan decidir su proyecto vital, a pesar de ser pobres y no tener recursos suficientes para abortar fuera de nuestras fronteras.
Cuando la extrema derecha de Gallardón habla del aborto lo hace para imponer su ideología por encima de la decisión de la mayoría de la población, es decir, de las mujeres, puesto que no se ha resignado a admitir nuestras conquistas en igualdad durante los años de Democracia. De nuevo, como en otros lugares del mundo, las ideologías más conservadoras pretenden imponerse a costa de los derechos y la libertad de las mujeres.
En cualquier caso, si la pretensión del Gobierno es reducir el número de abortos provocados, de sobra es conocido que los países que tienen un número menor de ellos son aquellos que invierten en educación sexual y reproductiva. Por este motivo, este Gobierno debería buscar la aplicación efectiva de la ley de salud sexual y reproductiva en lugar de eliminarla.
Pero efectivamente, la cuestión para el Gobierno del PP ni es la vida, ni es limitar el número de abortos provocados, ni mucho menos la prevención de embarazos no deseados, la limitación de enfermedades de trasmisión sexual o la libertad de las mujeres. Para este Gobierno lo importante es contentar a sus votantes situados más a la derecha ante la pérdida de apoyos electorales, a pesar de que la ideología ultraconservadora de esa minoría represente la imposición, el autoritarismo, y las restricciones a las libertades que han sido y son contrarios a la idea de ciudadanía y a la democracia europea.
Por eso las mujeres no podemos considerar legítima la pretensión del PP de avanzar posiciones electorales a costa de nuestros derechos, nuestra libertad, nuestra salud y nuestra vida, con una decisión que nos expulsa del espacio de libertades que representa Europa, tal y como también desea esa extrema derecha que, según Rajoy, no existe en nuestro país.
Mientras España vive con normalidad la realidad del aborto, y la mayoría de la población comparte la necesidad de que exista una regulación como la actual, el Gobierno del PP, con el ministro Gallardón a la cabeza, ha decidido responder a las demandas de una minoría de ciudadanos y del sector más conservador de la iglesia católica, para afrontar su particular cruzada antiabortista en nuestro país. Está claro que esta minoría no representa a la mayoría de la población, ni siquiera a la mayoría de las personas católicas, y mucho menos a la actual jerarquía eclesiástica si atendemos a los mensajes del Papa.
La realidad es que, según la OMS, 47.000 mujeres mueren cada año como consecuencia de las complicaciones derivadas de un aborto inseguro. Como en España, la mayoría de los países del mundo que tienen una regulación sobre el aborto - así como todos los europeos a excepción de Malta, Irlanda y Polonia-, facilitan la decisión de las mujeres respecto a esta cuestión a fin de evitar muertes y problemas de salud derivados de la clandestinidad. Sin embargo, sabemos que a partir de la entrada en vigor de la ley Gallardón muchas españolas, especialmente las más pobres, podrán sumarse a ese fatídico y vergonzante número.
Quienes defendemos el derecho a decidir de las mujeres, lo hacemos para garantizar la salud de las mujeres e impedir la muerte de muchas de ellas en abortos clandestinos, así como para conseguir que todas puedan decidir su proyecto vital, a pesar de ser pobres y no tener recursos suficientes para abortar fuera de nuestras fronteras.
Cuando la extrema derecha de Gallardón habla del aborto lo hace para imponer su ideología por encima de la decisión de la mayoría de la población, es decir, de las mujeres, puesto que no se ha resignado a admitir nuestras conquistas en igualdad durante los años de Democracia. De nuevo, como en otros lugares del mundo, las ideologías más conservadoras pretenden imponerse a costa de los derechos y la libertad de las mujeres.
En cualquier caso, si la pretensión del Gobierno es reducir el número de abortos provocados, de sobra es conocido que los países que tienen un número menor de ellos son aquellos que invierten en educación sexual y reproductiva. Por este motivo, este Gobierno debería buscar la aplicación efectiva de la ley de salud sexual y reproductiva en lugar de eliminarla.
Pero efectivamente, la cuestión para el Gobierno del PP ni es la vida, ni es limitar el número de abortos provocados, ni mucho menos la prevención de embarazos no deseados, la limitación de enfermedades de trasmisión sexual o la libertad de las mujeres. Para este Gobierno lo importante es contentar a sus votantes situados más a la derecha ante la pérdida de apoyos electorales, a pesar de que la ideología ultraconservadora de esa minoría represente la imposición, el autoritarismo, y las restricciones a las libertades que han sido y son contrarios a la idea de ciudadanía y a la democracia europea.
Por eso las mujeres no podemos considerar legítima la pretensión del PP de avanzar posiciones electorales a costa de nuestros derechos, nuestra libertad, nuestra salud y nuestra vida, con una decisión que nos expulsa del espacio de libertades que representa Europa, tal y como también desea esa extrema derecha que, según Rajoy, no existe en nuestro país.