El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro cifraba a regañadientes entre 4.800 y 5.000 millones de euros el dinero que las arcas públicas dejarán de ingresar con la entrada de las nuevas medidas fiscales anunciadas para el Impuesto sobre la renta por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a los que habrá que sumar al menos otros 2.500 por las referidas al Impuesto sobre sociedades. Es lógico que prefiriera en ese momento no dar esa cifra porque el interrogante que salta de inmediato en la mente de todos los contribuyentes es saber de dónde saldrá el dinero que el Estado dejará de ingresar.
Sin embargo, no hace falta dejar volar la imaginación para darse cuenta de que las decisiones del Gobierno, a veces, responden a maniobras pensadas y medidas. La respuesta a esta pregunta podemos encontrarla cuando a finales de la semana pasada Moncloa anunció que pondrá a la venta el 49% del capital de AENA, que gestiona los 48 aeropuertos civiles españoles, entre ellos los de Barajas y El Prat.
En teoría, la privatización parcial de AENA, consideraciones políticas al margen, no tiene por qué ser algo negativo, pero las experiencias de privatizaciones anteriores corroboran que somos todos los contribuyentes los que salimos perdiendo con este tipo de ventas y, en definitiva, la propia Administración.
La venta de este 49% de AENA supondrá unos ingresos estimados de 2.500 millones de euros para las arcas públicas, una cifra que puede parecer a priori muy importante, pero que no lo es tanto teniendo en cuenta que estamos hablando de la mitad de todos nuestros aeropuertos, cuyo beneficio neto en 2013 ascendió a 715 millones de euros a pesar de la débil coyuntura económica.
Son elucubraciones, es cierto, pero mucho me temo que ese dinero servirá para tapar parte del agujero que esta reforma fiscal -por cierto, regresiva y a todas luces insuficiente- abrirá en las cuentas públicas. Deberemos esperar a los próximos meses para comprobar si estas aparentes rebajas fiscales se acompañan de subidas en otros impuestos, nuevos recortes o la ampliación de los famosos copagos en los servicios sociales más universales como son la sanidad pública o la educación y en la utilización de infraestructuras.
En definitiva, mucho nos tememos que el actual Gobierno ahondará en adelgazar el peso del Estado y la sociedad del bienestar para hacerle el juego a una reforma fiscal que responde más a intereses electoralistas que a una renovación en profundidad de nuestro sistema tributario; y que, reconocerán conmigo, no hace más que ahondar las diferencias entre los que más tienen y los que tienen menos.
Sin embargo, no hace falta dejar volar la imaginación para darse cuenta de que las decisiones del Gobierno, a veces, responden a maniobras pensadas y medidas. La respuesta a esta pregunta podemos encontrarla cuando a finales de la semana pasada Moncloa anunció que pondrá a la venta el 49% del capital de AENA, que gestiona los 48 aeropuertos civiles españoles, entre ellos los de Barajas y El Prat.
En teoría, la privatización parcial de AENA, consideraciones políticas al margen, no tiene por qué ser algo negativo, pero las experiencias de privatizaciones anteriores corroboran que somos todos los contribuyentes los que salimos perdiendo con este tipo de ventas y, en definitiva, la propia Administración.
La venta de este 49% de AENA supondrá unos ingresos estimados de 2.500 millones de euros para las arcas públicas, una cifra que puede parecer a priori muy importante, pero que no lo es tanto teniendo en cuenta que estamos hablando de la mitad de todos nuestros aeropuertos, cuyo beneficio neto en 2013 ascendió a 715 millones de euros a pesar de la débil coyuntura económica.
Son elucubraciones, es cierto, pero mucho me temo que ese dinero servirá para tapar parte del agujero que esta reforma fiscal -por cierto, regresiva y a todas luces insuficiente- abrirá en las cuentas públicas. Deberemos esperar a los próximos meses para comprobar si estas aparentes rebajas fiscales se acompañan de subidas en otros impuestos, nuevos recortes o la ampliación de los famosos copagos en los servicios sociales más universales como son la sanidad pública o la educación y en la utilización de infraestructuras.
En definitiva, mucho nos tememos que el actual Gobierno ahondará en adelgazar el peso del Estado y la sociedad del bienestar para hacerle el juego a una reforma fiscal que responde más a intereses electoralistas que a una renovación en profundidad de nuestro sistema tributario; y que, reconocerán conmigo, no hace más que ahondar las diferencias entre los que más tienen y los que tienen menos.