La mitad de los embarazos que se producen en España se deben, según datos de la Fundación Española de Contracepción, al mal uso del preservativo. Los jóvenes, o no se lo ponen, o se lo colocan tarde, o acaban rompiéndolo.
Los datos claman al cielo hasta el punto de que, cualquiera que fuera presidente del Gobierno, ordenaría de inmediato (aunque fuera vía plasma) una exhaustiva campaña de información sobre el condón.
No es admisible que en la décima potencia del mundo, la mitad de los embarazos sean accidentales.
No planificados.
No deseados.
A pesar de ello, nadie hace nada.
A ver, no pido fantasías, ¿eh? No estoy hablando de que salga Ana Mato en televisión con un plátano en la mano y un condón en la otra a explicar -¿tal vez con ayuda de algún payaso de esos que animaban sus fiestas?- la manera correcta de ponerse un condón.
Pero, ¿qué menos que esto?
En vez de dedicar tiempo, dinero y energías a prevenir los embarazos no deseados, con campañas de información que lleguen a todos los rincones de España, ¿a qué se dedica el Gobierno?
¡A intentar reprimir penalmente el aborto!
Y digo intentar porque estoy persuadido de que la Ley no será aprobada.
O que si es aprobada, será derogada al día siguiente de las elecciones, por la nueva mayoría no fanatizada del Congreso que se forme tras los comicios de 2015.
La pretensión de Ruiz-Gallardón es que si pertenecéis a ese 50% de parejas que no sabe usar bien el preservativo, ¡os jodéis y os coméis el niño!
1) O lo dais en adopción
o si no
2) Os convertís en padres forzosos
Frente a una actitud tan prepotente e intolerante como la del yerno del falangista Utrera Molina, se me antoja aún más ponderada y generosa la frase que pronunció Barack Obama en 2008 en Pennsylvania, durante la campaña de primarias:
"Voy a educar a mis hijas según una ética y unos valores, pero si cometen un error, no quiero verlas penalizadas con un hijo".
En el mejor de los casos, Gallardón obliga a la madre a convertirse en la incubadora de un embrión que se ha instalado en la pared de su útero de forma accidental.
En el peor, fuerza a la pareja (o la madre en solitario, si el padre se esfuma) a cargar con un hijo no planificado el resto de su vida.
El padre de Ruiz-Gallardón, uno de los juristas más siniestros y desmañados que hayan conocido los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid, Barcelona, Palma, Zaragoza, La Coruña, Granada, Toledo y Ávila (¡estaba inscrito en todos ellos, el tío!) dejó a las mujeres españolas sin Ley del Aborto durante dos años porque hasta 1985 estuvo vigente el llamado Recurso Previo de Inconstitucionalidad, que tenía capacidad para paralizar la entrada en vigor de cualquier ley recurrida hasta tanto no se pronunciara el Tribunal Constitucional.
Los socialistas intentaron promulgar la ley en el 83, nada más tomar el poder y las huestes del franquista Manuel Fraga y del ¿republicano? Jorge Verstrynge hicieron lo posible por tumbarla.
Fueron dos años de sádica persecución de las mujeres: inmotivada, innecesaria e inútil, ya que finalmente (como el propio PP sabía que iba a ocurrir, ya que es el Partido de la Hipocresía), la Ley fue declarada constitucional en sus tres supuestos.
El PP, por boca de Ruiz-Gallardón (padre), no quería que la mujer abortara
1) ni en caso de malformación del feto
2) ni en caso de violación
3) ni en caso de peligro para la vida de la madre.
Ese mismo partido dice ahora que, con la Ley de Plazos, el PSOE ha roto el consenso del 85.
Como diría Federico Trillo: "¡Manda huevos!"
La Sentencia del Tribunal Constitucional del 85 estableció con claridad meridiana que el conflicto jurídico que se genera cuando una mujer queda encinta y quiere abortar no es un conflicto entre dos personas -un niño inocente y desvalido y una mujer prepotente y egoísta- sino entre una persona -una ciudadana española, con todos sus derechos constitucionales vigentes- y un proyecto de persona.
Los embriones no son personas, por lo tanto no son titulares de derechos, por lo que el Estado ni puede ni debe arrogarse la defensa constitucional de los mismos.
De la misma manera en que cuando hay un semáforo y un policía municipal siempre manda el policía -aunque el semáforo sea un bien jurídicamente protegido y haya que respetarlo en todo momento-, cuando se enfrentan una mujer y un embrión, siempre manda la mujer.
Porque lo dice el Tribunal Constitucional.
La batalla jurídica del aborto está resuelta desde al año 85.
Toda pretensión del Estado de excederse en la protección del embrión, más allá de lo que dejó establecido nuestro Tribunal de Garantías, es contraria a Derecho
En otras palabras:
La ley del aborto de Gallardón es inconstitucional.
Cada vez que una mujer embarazada decide que no quiere seguir adelante con su embarazo, puede hacer valer siempre al menos cuatro artículos de la Constitución Española que la amparan y que prevalecen en todos los casos sobre la obligación del Estado de proteger jurídicamente al embrión.
Art. 10 derecho al libre desarrollo de la personalidad
Art. 15 derecho a la integridad física y moral
Art. 16 derecho a la libertad de ideas y creencias
Art. 18 derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
No es posible disociar la vida humana de la dignidad de la persona, por lo que, cuando la Constitución señala al Estado la obligación de defender la vida, quiere decir que debe defender la vida digna, no la vida biológica.
Es ilegal humillar a una mujer hasta el punto de obligarla a convertirse en una incubadora humana.
Gallardón, el hombre que nunca ha amado a las mujeres, lo sabe perfectamente.
Por eso...
Tengan la completa seguridad de que cuando Lisbeth Salander se cruce algún día con él en una novela, le tatuará en el pecho, a sangre y fuego, la inscripción
Soy un legislador sádico y un violador de la Constitución.
Más sobre este asunto en mi libro Madrid Confidencial.
Los datos claman al cielo hasta el punto de que, cualquiera que fuera presidente del Gobierno, ordenaría de inmediato (aunque fuera vía plasma) una exhaustiva campaña de información sobre el condón.
No es admisible que en la décima potencia del mundo, la mitad de los embarazos sean accidentales.
No planificados.
No deseados.
A pesar de ello, nadie hace nada.
A ver, no pido fantasías, ¿eh? No estoy hablando de que salga Ana Mato en televisión con un plátano en la mano y un condón en la otra a explicar -¿tal vez con ayuda de algún payaso de esos que animaban sus fiestas?- la manera correcta de ponerse un condón.
Pero, ¿qué menos que esto?
En vez de dedicar tiempo, dinero y energías a prevenir los embarazos no deseados, con campañas de información que lleguen a todos los rincones de España, ¿a qué se dedica el Gobierno?
¡A intentar reprimir penalmente el aborto!
Y digo intentar porque estoy persuadido de que la Ley no será aprobada.
O que si es aprobada, será derogada al día siguiente de las elecciones, por la nueva mayoría no fanatizada del Congreso que se forme tras los comicios de 2015.
La pretensión de Ruiz-Gallardón es que si pertenecéis a ese 50% de parejas que no sabe usar bien el preservativo, ¡os jodéis y os coméis el niño!
1) O lo dais en adopción
o si no
2) Os convertís en padres forzosos
Frente a una actitud tan prepotente e intolerante como la del yerno del falangista Utrera Molina, se me antoja aún más ponderada y generosa la frase que pronunció Barack Obama en 2008 en Pennsylvania, durante la campaña de primarias:
"Voy a educar a mis hijas según una ética y unos valores, pero si cometen un error, no quiero verlas penalizadas con un hijo".
En el mejor de los casos, Gallardón obliga a la madre a convertirse en la incubadora de un embrión que se ha instalado en la pared de su útero de forma accidental.
En el peor, fuerza a la pareja (o la madre en solitario, si el padre se esfuma) a cargar con un hijo no planificado el resto de su vida.
El padre de Ruiz-Gallardón, uno de los juristas más siniestros y desmañados que hayan conocido los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid, Barcelona, Palma, Zaragoza, La Coruña, Granada, Toledo y Ávila (¡estaba inscrito en todos ellos, el tío!) dejó a las mujeres españolas sin Ley del Aborto durante dos años porque hasta 1985 estuvo vigente el llamado Recurso Previo de Inconstitucionalidad, que tenía capacidad para paralizar la entrada en vigor de cualquier ley recurrida hasta tanto no se pronunciara el Tribunal Constitucional.
Los socialistas intentaron promulgar la ley en el 83, nada más tomar el poder y las huestes del franquista Manuel Fraga y del ¿republicano? Jorge Verstrynge hicieron lo posible por tumbarla.
Fueron dos años de sádica persecución de las mujeres: inmotivada, innecesaria e inútil, ya que finalmente (como el propio PP sabía que iba a ocurrir, ya que es el Partido de la Hipocresía), la Ley fue declarada constitucional en sus tres supuestos.
El PP, por boca de Ruiz-Gallardón (padre), no quería que la mujer abortara
1) ni en caso de malformación del feto
2) ni en caso de violación
3) ni en caso de peligro para la vida de la madre.
Ese mismo partido dice ahora que, con la Ley de Plazos, el PSOE ha roto el consenso del 85.
Como diría Federico Trillo: "¡Manda huevos!"
La Sentencia del Tribunal Constitucional del 85 estableció con claridad meridiana que el conflicto jurídico que se genera cuando una mujer queda encinta y quiere abortar no es un conflicto entre dos personas -un niño inocente y desvalido y una mujer prepotente y egoísta- sino entre una persona -una ciudadana española, con todos sus derechos constitucionales vigentes- y un proyecto de persona.
Los embriones no son personas, por lo tanto no son titulares de derechos, por lo que el Estado ni puede ni debe arrogarse la defensa constitucional de los mismos.
De la misma manera en que cuando hay un semáforo y un policía municipal siempre manda el policía -aunque el semáforo sea un bien jurídicamente protegido y haya que respetarlo en todo momento-, cuando se enfrentan una mujer y un embrión, siempre manda la mujer.
Porque lo dice el Tribunal Constitucional.
La batalla jurídica del aborto está resuelta desde al año 85.
Toda pretensión del Estado de excederse en la protección del embrión, más allá de lo que dejó establecido nuestro Tribunal de Garantías, es contraria a Derecho
En otras palabras:
La ley del aborto de Gallardón es inconstitucional.
Cada vez que una mujer embarazada decide que no quiere seguir adelante con su embarazo, puede hacer valer siempre al menos cuatro artículos de la Constitución Española que la amparan y que prevalecen en todos los casos sobre la obligación del Estado de proteger jurídicamente al embrión.
Art. 10 derecho al libre desarrollo de la personalidad
Art. 15 derecho a la integridad física y moral
Art. 16 derecho a la libertad de ideas y creencias
Art. 18 derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
No es posible disociar la vida humana de la dignidad de la persona, por lo que, cuando la Constitución señala al Estado la obligación de defender la vida, quiere decir que debe defender la vida digna, no la vida biológica.
Es ilegal humillar a una mujer hasta el punto de obligarla a convertirse en una incubadora humana.
Gallardón, el hombre que nunca ha amado a las mujeres, lo sabe perfectamente.
Por eso...
Tengan la completa seguridad de que cuando Lisbeth Salander se cruce algún día con él en una novela, le tatuará en el pecho, a sangre y fuego, la inscripción
Soy un legislador sádico y un violador de la Constitución.
Más sobre este asunto en mi libro Madrid Confidencial.