Llevábamos un par de años sin saber cómo iba la piratería de software en España. Pero hace unos días, la BSA, el lobby de la industria que persigue la reproducción ilegal de programas, ha vuelto a sacar unos datos que son demoledores. Según el informe, que es de alcance mundial, lo lleva a cabo la consultora IDC y analiza el fenómeno en países de todo el mundo, en España es ilegal el 45% de los programas instalados en ordenador, un punto más que en 2011. Si ese software indebidamente licenciado (casi siempre copiado o descargado sin coste alguno) se pasara a euros, nos saldrían 758 millones de euros que se han perdido por el camino.
BSA asegura que la piratería se come más de 2.200 puestos de trabajo cualificados y 2.000 millones de euros del PIB español. Y es que detrás de un Microsoft, un IBM o un Adobe, proveedores directamente perjudicados porque dejan de vender programas a los clientes y las tiendas que los copian, hay miles de medianas y pequeñas empresas repartidas por todo el país que integran este software en clientes de todo tipo, cobrando por ello horas de consultoría y formación y haciendo desarrollos a medida para mejorar el producto original. Es decir, un verdadero tejido industrial de miles de especialistas que la piratería pone contra las cuerdas. Además, se calcula que Hacienda deja de ingresar 375 millones de euros en impuestos por la copia ilegal de programas. Mal asunto en tiempos de recortes como los que vivimos.
Es verdad, pirateamos mucho menos que la mayoría de los países latinoamericanos (donde los niveles de copia oscilan entre el 70 y 80%) o de Europa del Este, pero en este punto seguimos a mucha distancia de las economías a las que nos gustaría parecernos. Y es que el 45% de programas pirata que IDC detecta en España casi triplica el nivel de fraude de Estados Unidos y dobla el de Alemania, el Reino Unido o los países nórdicos.
La piratería nos retrata. Nadie se escandalizará si decimos que seguimos siendo un país de pícaros. La corrupción detectadas en las élites es un síntoma más, y no la gran estafa, en un país donde, si uno puede, no declara todo en el IRPF, prefiere la factura sin IVA cuando viene el pintor o el fontanero, evita el pago de la multa de tráfico o se las ingenia para no abonar toda la seguridad social del empleado.
Una economía que no apueste por la innovación y que no respete el trabajo de sus ingenieros de software pagando religiosamente por las licencias será un país de segunda división a largo plazo. De eso no hay duda. Aunque estamos cansados de oír que de esta crisis saldremos con una apuesta decidida por la educación y el conocimiento, lo que pasa con el software es una muestra más de que el trabajo intelectual en España no se valora. Ese desdén por el trabajo (cualificado) de los demás también afecta al mundo de la música, del cine, del periodismo o de los libros, industrias claramente exportadoras y con un gran potencial de generación de riqueza. Y si no que se lo digan a los franceses o a los estadounidenses.
Para justificar la piratería, hay quien dice que el software es muy caro (hay licencias de Adobe, una de las marcas más pirateadas, que cuestan miles de euros), y que es la crisis la que ha forzado a usuarios y a empresas a copiar programas. Sin embargo, los informes de IDC nos dicen que pirateamos ahora tanto como hace una década. Ni en los tiempos de vacas gordas, cuando corría el crédito y el dinero a mares, cambió la tendencia. Además, gran parte de la piratería se hace en empresas a las que no costaría ni un par de años amortizar los programas instalados indebidamente. El uso ilegal de programas en la empresa es un absoluto sinsentido. Que una constructora diseñe sobre un AutoCAD pirata es lo mismo que si un taxista transporta a sus clientes en un coche robado, o que si un dentista hace una endodoncia con instrumental que no es suyo y que no está actualizado.
El problema, pues, no está en el bolsillo. Hoy no hay razones económicas para piratear. Sobre todo cuando cualquier programa para PC se puede pagar más cómodamente como una suscripción mensual, y además hay disponible mucho freeware y software de código abierto alternativo. Aunque en el corto y medio plazo la batalla policial y legal puede dar algunos frutos (de hecho, cada año hay cientos de empresas que son denunciadas y procesadas por piratería de software en España), creo que la mejor vía para solucionar el problema a largo plazo está en la escuela. Cambiar los hábitos pasa porque todos seamos conscientes de cuánto cuesta desarrollar un programa y dar un buen soporte al mismo, y de las ventajas para el cliente de tenerlo legal y debidamente actualizado. En eso deberían trabajar los políticos y la propia industria en los próximos años. Quizá fortaleciendo en la FP las carreras vinculadas a la industria del software, y en la primaria con un conocimiento básico sobre programación. Y es que estamos ante un negocio (no lo olvidemos) con mucho futuro.
BSA asegura que la piratería se come más de 2.200 puestos de trabajo cualificados y 2.000 millones de euros del PIB español. Y es que detrás de un Microsoft, un IBM o un Adobe, proveedores directamente perjudicados porque dejan de vender programas a los clientes y las tiendas que los copian, hay miles de medianas y pequeñas empresas repartidas por todo el país que integran este software en clientes de todo tipo, cobrando por ello horas de consultoría y formación y haciendo desarrollos a medida para mejorar el producto original. Es decir, un verdadero tejido industrial de miles de especialistas que la piratería pone contra las cuerdas. Además, se calcula que Hacienda deja de ingresar 375 millones de euros en impuestos por la copia ilegal de programas. Mal asunto en tiempos de recortes como los que vivimos.
Es verdad, pirateamos mucho menos que la mayoría de los países latinoamericanos (donde los niveles de copia oscilan entre el 70 y 80%) o de Europa del Este, pero en este punto seguimos a mucha distancia de las economías a las que nos gustaría parecernos. Y es que el 45% de programas pirata que IDC detecta en España casi triplica el nivel de fraude de Estados Unidos y dobla el de Alemania, el Reino Unido o los países nórdicos.
La piratería nos retrata. Nadie se escandalizará si decimos que seguimos siendo un país de pícaros. La corrupción detectadas en las élites es un síntoma más, y no la gran estafa, en un país donde, si uno puede, no declara todo en el IRPF, prefiere la factura sin IVA cuando viene el pintor o el fontanero, evita el pago de la multa de tráfico o se las ingenia para no abonar toda la seguridad social del empleado.
Una economía que no apueste por la innovación y que no respete el trabajo de sus ingenieros de software pagando religiosamente por las licencias será un país de segunda división a largo plazo. De eso no hay duda. Aunque estamos cansados de oír que de esta crisis saldremos con una apuesta decidida por la educación y el conocimiento, lo que pasa con el software es una muestra más de que el trabajo intelectual en España no se valora. Ese desdén por el trabajo (cualificado) de los demás también afecta al mundo de la música, del cine, del periodismo o de los libros, industrias claramente exportadoras y con un gran potencial de generación de riqueza. Y si no que se lo digan a los franceses o a los estadounidenses.
Para justificar la piratería, hay quien dice que el software es muy caro (hay licencias de Adobe, una de las marcas más pirateadas, que cuestan miles de euros), y que es la crisis la que ha forzado a usuarios y a empresas a copiar programas. Sin embargo, los informes de IDC nos dicen que pirateamos ahora tanto como hace una década. Ni en los tiempos de vacas gordas, cuando corría el crédito y el dinero a mares, cambió la tendencia. Además, gran parte de la piratería se hace en empresas a las que no costaría ni un par de años amortizar los programas instalados indebidamente. El uso ilegal de programas en la empresa es un absoluto sinsentido. Que una constructora diseñe sobre un AutoCAD pirata es lo mismo que si un taxista transporta a sus clientes en un coche robado, o que si un dentista hace una endodoncia con instrumental que no es suyo y que no está actualizado.
El problema, pues, no está en el bolsillo. Hoy no hay razones económicas para piratear. Sobre todo cuando cualquier programa para PC se puede pagar más cómodamente como una suscripción mensual, y además hay disponible mucho freeware y software de código abierto alternativo. Aunque en el corto y medio plazo la batalla policial y legal puede dar algunos frutos (de hecho, cada año hay cientos de empresas que son denunciadas y procesadas por piratería de software en España), creo que la mejor vía para solucionar el problema a largo plazo está en la escuela. Cambiar los hábitos pasa porque todos seamos conscientes de cuánto cuesta desarrollar un programa y dar un buen soporte al mismo, y de las ventajas para el cliente de tenerlo legal y debidamente actualizado. En eso deberían trabajar los políticos y la propia industria en los próximos años. Quizá fortaleciendo en la FP las carreras vinculadas a la industria del software, y en la primaria con un conocimiento básico sobre programación. Y es que estamos ante un negocio (no lo olvidemos) con mucho futuro.