No le den vueltas: el enésimo horror que estamos presenciando estos días en Oriente Próximo no tiene más solución que el derecho internacional.
Consigamos un alto el fuego inmediato, una tregua lo más duradera posible, evitemos que en las próximas horas vuelvan a ser asesinados niños, jóvenes, ancianos, mujeres y hombres palestinos o israelíes. Utilicemos para ello todos los medios diplomáticos a nuestro alcance, desde el viaje del Presidente semestral del Consejo de la UE, Mateo Renzi, a la región, hasta cualquier gestión de la Casa Blanca, pasando por no importa qué misión de buenos oficios de Egipto. Adelante.
En ese marco, condenemos de nuevo tanto la absoluta irresponsabilidad como la falta de escrúpulos de Hamás y del Gobierno israelí a la hora de, respectivamente, lanzar misiles y bombardear -nada menos que bombardear, que se dice pronto- con artillería zonas superpobladas como quien tira a un metro de distancia contra doce bolos bien juntitos.
Pero, en el fondo, la única forma de salir de la catástrofe es garantizar a cada uno lo que la ley le otorga: a Israel, ver reconocida su existencia y su seguridad en las fronteras de 1967; a Palestina, poder construir un estado independiente en Cisjordania y Gaza que tenga como capital Jerusalén (cuyo estatuto puede definirse a satisfacción de todos: lo que sobra son fórmulas realistas en tal sentido).
Las resoluciones de las Naciones Unidas (en este caso, la 242, la 338...) no solo son justas, sino también los instrumentos más inteligentes para alcanzar la paz en los conflictos regionales. Para ello han sido concebidas y, cuando se han aplicado -más tarde o más temprano, con menor o mayor sufrimiento-, han demostrado sobradamente su utilidad. ¿Por qué debería ser distinto en el conflicto palestino-israelí?
Por descontado que las resoluciones deben ser traducidas para ser aplicadas. En el caso que nos ocupa, los Acuerdos de Oslo, hace ya décadas, o la Iniciativa Árabe de Paz, hace muy poco, son esa traducción imprescindible. Pero la versión original seguirá siempre siendo la misma: el derecho internacional.
Así que a los países democráticos, empezando por la Unión Europea, les corresponde hablar con las partes y con los aliados para que el derecho internacional termine aplicándose y puedan existir y vivir en paz dos estados vecinos e independientes: Israel y Palestina. Pero no solo hablar, sino también presionar y amenazar con sanciones a quien bloquee esa perspectiva.
La Unión, cada vez más sólida en sus estructuras internas y de acción exterior, tiene que asumir el papel que le corresponde en ese sentido y demandar a sus socios más importantes -como Estados Unidos- que actúen en igual dirección.
Al final, no se llamará Obama ni Juncker quien protagonice la solución del problema, sino quien definió a la ley -y no otra cosa es el derecho internacional- como la ordenación de la razón al bien común: Santo Tomás de Aquino. No lo olvidemos.
Consigamos un alto el fuego inmediato, una tregua lo más duradera posible, evitemos que en las próximas horas vuelvan a ser asesinados niños, jóvenes, ancianos, mujeres y hombres palestinos o israelíes. Utilicemos para ello todos los medios diplomáticos a nuestro alcance, desde el viaje del Presidente semestral del Consejo de la UE, Mateo Renzi, a la región, hasta cualquier gestión de la Casa Blanca, pasando por no importa qué misión de buenos oficios de Egipto. Adelante.
En ese marco, condenemos de nuevo tanto la absoluta irresponsabilidad como la falta de escrúpulos de Hamás y del Gobierno israelí a la hora de, respectivamente, lanzar misiles y bombardear -nada menos que bombardear, que se dice pronto- con artillería zonas superpobladas como quien tira a un metro de distancia contra doce bolos bien juntitos.
Pero, en el fondo, la única forma de salir de la catástrofe es garantizar a cada uno lo que la ley le otorga: a Israel, ver reconocida su existencia y su seguridad en las fronteras de 1967; a Palestina, poder construir un estado independiente en Cisjordania y Gaza que tenga como capital Jerusalén (cuyo estatuto puede definirse a satisfacción de todos: lo que sobra son fórmulas realistas en tal sentido).
Las resoluciones de las Naciones Unidas (en este caso, la 242, la 338...) no solo son justas, sino también los instrumentos más inteligentes para alcanzar la paz en los conflictos regionales. Para ello han sido concebidas y, cuando se han aplicado -más tarde o más temprano, con menor o mayor sufrimiento-, han demostrado sobradamente su utilidad. ¿Por qué debería ser distinto en el conflicto palestino-israelí?
Por descontado que las resoluciones deben ser traducidas para ser aplicadas. En el caso que nos ocupa, los Acuerdos de Oslo, hace ya décadas, o la Iniciativa Árabe de Paz, hace muy poco, son esa traducción imprescindible. Pero la versión original seguirá siempre siendo la misma: el derecho internacional.
Así que a los países democráticos, empezando por la Unión Europea, les corresponde hablar con las partes y con los aliados para que el derecho internacional termine aplicándose y puedan existir y vivir en paz dos estados vecinos e independientes: Israel y Palestina. Pero no solo hablar, sino también presionar y amenazar con sanciones a quien bloquee esa perspectiva.
La Unión, cada vez más sólida en sus estructuras internas y de acción exterior, tiene que asumir el papel que le corresponde en ese sentido y demandar a sus socios más importantes -como Estados Unidos- que actúen en igual dirección.
Al final, no se llamará Obama ni Juncker quien protagonice la solución del problema, sino quien definió a la ley -y no otra cosa es el derecho internacional- como la ordenación de la razón al bien común: Santo Tomás de Aquino. No lo olvidemos.