Debemos felicitarnos: el convenio del Consejo de Europa conocido como Convenio de Estambul acaba de entrar en vigor en 11 de los 13 países que lo han ratificado (España entre ellos). Adoptado en Estambul por los 47 Estados miembros del Consejo de Europa el 11 de mayo de 2011, es el primer tratado europeo que aborda específicamente la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar.
Es una muy buena noticia. Un aliento de esperanza de cambio. En especial porque establece clara e inequívocamente que no es aceptable ninguna forma de violencia contra las mujeres. Ninguna. Y que la ley debe perseguirlas cuando se producen. Compromete a cada Estado que lo ratifica a detectar, prevenir y eliminar la violencia contra niñas y mujeres en todas sus manifestaciones: desde el maltrato doméstico hasta el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina o la trata con fines de explotación. A adoptar tanto medidas legislativas como punitivas: perseguir los delitos, proteger a las víctimas y castigar a los perpetradores.
La entrada en vigor del Convenio de Estambul puede constituir un hito histórico en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres, que no es sino una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación, de la que los estados son responsables si no responden de manera adecuada. Pero, hasta la fecha, solo siete Estados Miembros de la Unión Europea lo han ratificado: Austria, Dinamarca, Francia, Italia, Portugal, Suecia y España. Otros quince lo han firmado pero no ratificado. Seis ni siquiera han firmado aún... No deja de resultar sorprendente este desigual compromiso, en especial cuando, este mismo año, la Fundamental Rights Agency publicó su informe sobre violencia contra las mujeres en los 28 Estados miembros, y reveló que un tercio de las europeas declaran haber experimentado violencia física o sexual desde los 15 años. En casa y en el trabajo. En público y en la intimidad. En vivo y online.
Me gustaría poner de especial relieve que aquellos países que, como España, hayan ratificado y ratifiquen en breve este convenio, se comprometen a tomar varias medidas, entre ellas:
- Perseguir internacionalmente la mutilación genital femenina, sin que posibles restricciones de la justicia universal puedan ser un impedimento. Se calcula que medio millón de mujeres y niñas han sido objeto de mutilación genital femenina solo en la Unión Europea, y casi 200.000 están en peligro de sufrirla cada año.
La Comisión Europea y el Consejo han de responder, por ejemplo, acerca de cómo piensan poner a salvo a más de cuatro millones de niñas y mujeres de la orden de mutilación genital dada por los yihadistas iraquíes tras las Resoluciones ya aprobadas por el Parlamento Europeo sobre la situación en Irak.
- Adoptar las medidas necesarias para que la persecución por razón de género sea tenida en cuenta como causa para obtener asilo o protección subsidiaria: el Convenio va incluso más allá y recuerda a los Estados el principio internacional de no devolución, y los compromete a garantizar que "las víctimas de violencia contra las mujeres necesitadas de protección, con independencia de su condición o de su lugar de residencia, no puedan ser devueltas en circunstancia alguna a un país en el que su vida pudiera estar en peligro o en el que pudieran ser víctimas de tortura o de tratos o daños inhumanos o degradantes".
No puedo por menos que pensar en Setara, la muchacha afgana salvajemente mutilada por su marido en Herat, que actualmente se encuentra en España sometiéndose a un complejo proceso de reconstrucción facial gracias al Ejército español... Difícil imaginar un caso más claro en que pueda ser de aplicación.
El proceso de firma y ratificación de este Convenio promovido por el Consejo de Europa debe continuar, y completarse por parte de todos los Estados Miembros de la Unión Europea. Es imprescindible que Europa tenga una voz unánime, también en el rechazo, la persecución y el castigo de la violencia contra las mujeres. No hay mayor mandato para los demócratas que la defensa de los derechos humanos.
Es una muy buena noticia. Un aliento de esperanza de cambio. En especial porque establece clara e inequívocamente que no es aceptable ninguna forma de violencia contra las mujeres. Ninguna. Y que la ley debe perseguirlas cuando se producen. Compromete a cada Estado que lo ratifica a detectar, prevenir y eliminar la violencia contra niñas y mujeres en todas sus manifestaciones: desde el maltrato doméstico hasta el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina o la trata con fines de explotación. A adoptar tanto medidas legislativas como punitivas: perseguir los delitos, proteger a las víctimas y castigar a los perpetradores.
La entrada en vigor del Convenio de Estambul puede constituir un hito histórico en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres, que no es sino una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación, de la que los estados son responsables si no responden de manera adecuada. Pero, hasta la fecha, solo siete Estados Miembros de la Unión Europea lo han ratificado: Austria, Dinamarca, Francia, Italia, Portugal, Suecia y España. Otros quince lo han firmado pero no ratificado. Seis ni siquiera han firmado aún... No deja de resultar sorprendente este desigual compromiso, en especial cuando, este mismo año, la Fundamental Rights Agency publicó su informe sobre violencia contra las mujeres en los 28 Estados miembros, y reveló que un tercio de las europeas declaran haber experimentado violencia física o sexual desde los 15 años. En casa y en el trabajo. En público y en la intimidad. En vivo y online.
Me gustaría poner de especial relieve que aquellos países que, como España, hayan ratificado y ratifiquen en breve este convenio, se comprometen a tomar varias medidas, entre ellas:
- Perseguir internacionalmente la mutilación genital femenina, sin que posibles restricciones de la justicia universal puedan ser un impedimento. Se calcula que medio millón de mujeres y niñas han sido objeto de mutilación genital femenina solo en la Unión Europea, y casi 200.000 están en peligro de sufrirla cada año.
La Comisión Europea y el Consejo han de responder, por ejemplo, acerca de cómo piensan poner a salvo a más de cuatro millones de niñas y mujeres de la orden de mutilación genital dada por los yihadistas iraquíes tras las Resoluciones ya aprobadas por el Parlamento Europeo sobre la situación en Irak.
- Adoptar las medidas necesarias para que la persecución por razón de género sea tenida en cuenta como causa para obtener asilo o protección subsidiaria: el Convenio va incluso más allá y recuerda a los Estados el principio internacional de no devolución, y los compromete a garantizar que "las víctimas de violencia contra las mujeres necesitadas de protección, con independencia de su condición o de su lugar de residencia, no puedan ser devueltas en circunstancia alguna a un país en el que su vida pudiera estar en peligro o en el que pudieran ser víctimas de tortura o de tratos o daños inhumanos o degradantes".
No puedo por menos que pensar en Setara, la muchacha afgana salvajemente mutilada por su marido en Herat, que actualmente se encuentra en España sometiéndose a un complejo proceso de reconstrucción facial gracias al Ejército español... Difícil imaginar un caso más claro en que pueda ser de aplicación.
El proceso de firma y ratificación de este Convenio promovido por el Consejo de Europa debe continuar, y completarse por parte de todos los Estados Miembros de la Unión Europea. Es imprescindible que Europa tenga una voz unánime, también en el rechazo, la persecución y el castigo de la violencia contra las mujeres. No hay mayor mandato para los demócratas que la defensa de los derechos humanos.