La repatriación del religioso infectado por el virus Ébola, Miguel Pajares, para ser atendido por nuestro sistema de salud, ha puesto una vez más de manifiesto la improvisación como seña de identidad de las actuaciones del Gobierno, así como la descoordinación existente entre los responsables del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Sin tratar ahora de establecer un debate sobre la conveniencia o no de efectuar el traslado, en mi opinión es necesario hacer algunas consideraciones:
Una de las causas de la gravísima situación social y sanitaria que se vive en muchos países africanos es la ausencia de una verdadera política de cooperación al desarrollo en estos territorios por parte de los países avanzados, entre los que se encuentra España; conviene recordar que el actual gobierno español ha efectuado importantes recortes en las partidas presupuestarias dedicadas a la cooperación.
Los responsables políticos deben saber que para no generar incertidumbre e inquietud en asuntos que la ciudadanía puede considerar peligrosos, es imprescindible trasladar a la opinión pública una información clara, transparente e inequívoca. En mi opinión, nada de ello ha ocurrido en este episodio. El Ministerio, a través de la Directora General de Salud Pública, compareció tardíamente y sus explicaciones pecaron de inconcretas e imprecisas. Antes de su comparecencia se habían recogido ya declaraciones de algún responsable autonómico que no aportaban respuestas claras, ni siquiera en relación al centro sanitario donde sería ingresado Miguel y la religiosa que le acompañaba. Se hacía evidente la falta de autoridad que el Ministerio mostraba, más aún si tenemos en cuenta que la Consejería de Sanidad de Madrid no cuenta en su organigrama con una Dirección General de Salud Pública (la eliminó hace años).
Siendo conocida con anterioridad la petición de repatriación del religioso, no es entendible que se haya detectado tanta improvisación por parte tanto de los responsables del Ministerio como de los autonómicos. La evacuación deprisa y corriendo del hospital Carlos III así lo atestigua, igual que el adecentamiento urgente de la planta donde iban a ser ingresados los repatriados. Los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid y también del Ministerio han transmitido posteriormente una imagen triunfalista en cuanto a su gestión del proceso, que no corresponde con la realidad, como han indicado diversos profesionales, y han ocultado una vez más los durísimos recortes que han impuesto a la Sanidad Pública, han evitado informar que el Hospital Carlos III, donde han ingresado los religiosos, está siendo desmantelado en aplicación del Plan sanitario del gobierno de Ignacio González.
Es exigible y a la vez muy loable que un gobierno atienda las peticiones de ayuda de sus nacionales que se encuentran fuera de sus fronteras. Esas peticiones deben atenderse siempre. Es aquí donde conviene recordar que una madrileña, Emma Rodríguez, falleció en diciembre de 2012 en un hospital argentino cuyos médicos le habían indicado que no podían hacer más y que en España podía tener posibilidad de mejoría. Esta española pidió la repatriación, que le fue denegada. La Directora General dijo en su comparecencia del otro día que sólo se repatrían españoles. Emma lo era.
Con toda seguridad, Miguel Pajares va a recibir una buena atención sanitaria que hará todo lo posible por recuperar su salud. Lo garantiza el esfuerzo y la calidad de los profesionales que le atienden. Estoy seguro de que habrían atendido con la misma profesionalidad a las dos religiosas infectadas por el virus Ébola que el Gobierno de España no ha trasladado a nuestro país. NO SON ESPAÑOLAS, pero eso no es lo más importante. SON PERSONAS, eso sí es importante, y la negativa a trasladarlas junto a sus compañeros de Orden proyecta una imagen de país insolidario que a muchos españoles nos avergüenza.
Sin tratar ahora de establecer un debate sobre la conveniencia o no de efectuar el traslado, en mi opinión es necesario hacer algunas consideraciones:
Una de las causas de la gravísima situación social y sanitaria que se vive en muchos países africanos es la ausencia de una verdadera política de cooperación al desarrollo en estos territorios por parte de los países avanzados, entre los que se encuentra España; conviene recordar que el actual gobierno español ha efectuado importantes recortes en las partidas presupuestarias dedicadas a la cooperación.
Los responsables políticos deben saber que para no generar incertidumbre e inquietud en asuntos que la ciudadanía puede considerar peligrosos, es imprescindible trasladar a la opinión pública una información clara, transparente e inequívoca. En mi opinión, nada de ello ha ocurrido en este episodio. El Ministerio, a través de la Directora General de Salud Pública, compareció tardíamente y sus explicaciones pecaron de inconcretas e imprecisas. Antes de su comparecencia se habían recogido ya declaraciones de algún responsable autonómico que no aportaban respuestas claras, ni siquiera en relación al centro sanitario donde sería ingresado Miguel y la religiosa que le acompañaba. Se hacía evidente la falta de autoridad que el Ministerio mostraba, más aún si tenemos en cuenta que la Consejería de Sanidad de Madrid no cuenta en su organigrama con una Dirección General de Salud Pública (la eliminó hace años).
Siendo conocida con anterioridad la petición de repatriación del religioso, no es entendible que se haya detectado tanta improvisación por parte tanto de los responsables del Ministerio como de los autonómicos. La evacuación deprisa y corriendo del hospital Carlos III así lo atestigua, igual que el adecentamiento urgente de la planta donde iban a ser ingresados los repatriados. Los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid y también del Ministerio han transmitido posteriormente una imagen triunfalista en cuanto a su gestión del proceso, que no corresponde con la realidad, como han indicado diversos profesionales, y han ocultado una vez más los durísimos recortes que han impuesto a la Sanidad Pública, han evitado informar que el Hospital Carlos III, donde han ingresado los religiosos, está siendo desmantelado en aplicación del Plan sanitario del gobierno de Ignacio González.
Es exigible y a la vez muy loable que un gobierno atienda las peticiones de ayuda de sus nacionales que se encuentran fuera de sus fronteras. Esas peticiones deben atenderse siempre. Es aquí donde conviene recordar que una madrileña, Emma Rodríguez, falleció en diciembre de 2012 en un hospital argentino cuyos médicos le habían indicado que no podían hacer más y que en España podía tener posibilidad de mejoría. Esta española pidió la repatriación, que le fue denegada. La Directora General dijo en su comparecencia del otro día que sólo se repatrían españoles. Emma lo era.
Con toda seguridad, Miguel Pajares va a recibir una buena atención sanitaria que hará todo lo posible por recuperar su salud. Lo garantiza el esfuerzo y la calidad de los profesionales que le atienden. Estoy seguro de que habrían atendido con la misma profesionalidad a las dos religiosas infectadas por el virus Ébola que el Gobierno de España no ha trasladado a nuestro país. NO SON ESPAÑOLAS, pero eso no es lo más importante. SON PERSONAS, eso sí es importante, y la negativa a trasladarlas junto a sus compañeros de Orden proyecta una imagen de país insolidario que a muchos españoles nos avergüenza.